Nace Camino Selva, la empresa que administrará durante 20 años las rutas 12 y 105

A menos de tres semanas de que el Gobierno nacional oficializara la adjudicación de las rutas nacionales 12 y 105 al consorcio integrado por Carlos E. Enríquez SA y Hormi SA, las empresas constituyeron Camino Selva SA, la sociedad que tendrá como objeto específico ejecutar el contrato de concesión durante los próximos 20 años. La creación de la compañía fue formalizada mediante escritura pública el pasado 5 de septiembre y quedó publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Misiones. Tendrá domicilio en Posadas y estará controlada ampliamente por Carlos E. Enríquez SA, con el 95% de las acciones, mientras que Hormi SA conservará el 5% restante. La constitución  completa así otro de los pasos societarios necesarios para que los adjudicatarios comiencen a asumir formalmente la explotación del corredor.

El dato representa un nuevo paso en el proceso que PRIMERA EDICIÓN viene siguiendo desde agosto, cuando primero informó que Enríquez-Hormi había quedado en el primer lugar del orden de mérito de la licitación y posteriormente que el Ministerio de Economía terminó adjudicándole formalmente el denominado Tramo Noreste de la Red Federal de Concesiones – Etapa III.

Según el estatuto de la nueva firma, Camino Selva fue creada para la ejecución, por cuenta propia y a su riesgo, del Contrato de Concesión de Obra Pública por Peaje correspondiente a las rutas nacionales 12 y 105, incluyendo sus accesos, distribuidores, colectoras, obras de arte, zona de camino y demás instalaciones afectadas a la concesión.

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El corredor tiene una extensión total de 456,22 kilómetros. La documentación oficial de Vialidad Nacional detalla que comprende 129,31 kilómetros de la ruta nacional 12 entre su empalme con la ruta nacional 118 y Posadas; otros 292,32 kilómetros desde Posadas hasta el acceso al puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú; y 34,59 kilómetros de la ruta nacional 105 entre la ruta 12 y su empalme con la ruta nacional 14, en Pindapoy.

La adjudicación fue oficializada el 24 de agosto mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, que consideró a la propuesta de Carlos E. Enríquez SA-Hormi SA como la económicamente más conveniente para el Tramo Noreste. El proceso había comenzado formalmente con la Resolución 174/2026, que lanzó la licitación nacional e internacional y la incorporó al procedimiento de privatización de Corredores Viales SA.

La concesión tiene una duración de 20 años y la oferta realizada por Enríquez-Hormi contempló una tarifa de referencia de $2.950 sin IVA, dato que PRIMERA EDICIÓN ya había dado a conocer durante la etapa de preadjudicación.

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El objeto social de Camino Selva permite dimensionar el alcance que tendrá la nueva concesionaria. No solamente podrá conservar y reparar las rutas, sino también instalar, habilitar, operar y mantener estaciones de peaje, administrar las tarifas y aplicar nuevas tecnologías de cobro. Entre ellas aparecen expresamente el telepeaje, los sistemas free flow sin barreras, pórticos de lectura automática de vehículos, billeteras virtuales, débito automático y otros medios electrónicos de pago.

La compañía también quedó facultada para gestionar la mora y reclamar extrajudicial o judicialmente tarifas impagas, evasiones e infracciones, además de instalar estaciones de pesaje, controlar cargas y operar sistemas de conteo vehicular.

El esquema coincide con lo establecido por Vialidad Nacional para la nueva Red Federal de Concesiones, que prevé una incorporación progresiva de TelePASE y free flow. Sin embargo, el organismo nacional aclaró que las concesionarias deberán alcanzar previamente determinadas condiciones de transitabilidad antes de poder aplicar las tarifas ofertadas.

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Camino Selva también tendrá facultades amplias en materia de infraestructura. Podrá ejecutar rehabilitaciones, reconstrucciones y ampliaciones de calzadas, banquinas, terceras trochas, autovías, autopistas, distribuidores, rotondas, colectoras, accesos y puentes, además de obras hidráulicas, iluminación, señalización y equipamiento de seguridad vial.

A ello se suma la obligación de prestar servicios al usuario, que podrán incluir auxilio mecánico, grúas, remolques, atención de emergencias médicas, primeros auxilios y traslado sanitario, así como centros de control de tránsito, videovigilancia e información sobre el estado de las rutas.

La nueva concesionaria también estará habilitada para desarrollar explotaciones complementarias dentro del corredor, entre ellas áreas de servicio, paradores, estaciones de combustible, puntos de carga para vehículos eléctricos, playas de camiones, locales gastronómicos y comerciales, publicidad y espacios vinculados a servicios de telecomunicaciones.

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Asimismo, el estatuto contempla que pueda recurrir a financiamiento local o internacional, emitir obligaciones negociables y utilizar los flujos de peaje como parte de estructuras financieras, siempre dentro de las condiciones establecidas por el contrato de concesión. Incluso prevé la posibilidad de solicitar adhesión a regímenes nacionales de promoción como el RIGI, si reúne los requisitos correspondientes.

El proceso, sin embargo, continúa rodeado por la discusión respecto del futuro esquema de cobro en Misiones. La documentación de la concesión contempla estaciones en Santa Ana, Puerto Rico, Colonia Victoria y Fachinal, además de Ituzaingó, en Corrientes. PRIMERA EDICIÓN reveló en agosto que uno de los principales cambios sería la incorporación de un nuevo punto de cobro en la zona centro-norte de Misiones.

La iniciativa provocó el rechazo del gobernador Hugo Passalacqua, quien pidió a la  Nación revisar la decisión, y posteriormente de intendentes de Puerto Rico, Capioví, Garuhapé, El Alcázar, Ruiz de Montoya y Puerto Leoni, entre otros actores políticos, comerciales y productivos de la zona.

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Desde la Nación, en cambio, sostienen que el nuevo modelo funcionará sin subsidios del Estado nacional y que las empresas privadas deberán financiar la operación, conservación y mantenimiento de las trazas. Vialidad Nacional permanecerá como organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento mediante indicadores de desempeño y niveles de servicio.

Fuente: Primera Edición

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