Nación retiene $59.330 millones de los bomberos voluntarios: a Tucumán le corresponden $750 millones

En la provincia, las 15 asociaciones de primer grado habilitadas enfrentarían un impacto de aproximadamente $750 millones del total no girado. La Federación 3 de Junio y los cuarteles locales ya se declararon en alerta y anunciaron medidas de fuerza ante la falta de transferencia de los recursos que les corresponden por ley.

El Gobierno nacional no distribuyó en los últimos dos años $59.330 millones que, por imperio de la Ley 25.054, corresponden al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. El dato fue revelado por el diputado nacional Ariel Rauschenberger (PJ-La Pampa) tras un pedido de acceso a la información pública, luego de que las consultas formales al Ejecutivo no obtuvieran respuesta.

Esos recursos no salen del Tesoro Nacional ni constituyen un impuesto general. Se originan en una contribución obligatoria —del orden del 5 por mil— que las compañías de seguros de todo el país deben pagar sobre las primas (excepto los seguros de vida). La Superintendencia de Seguros de la Nación los recauda y el Ministerio de Seguridad actúa únicamente como agente de administración y distribución.

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La norma, sancionada en 1998 y modificada en 2014, establece una afectación específica: el 78 % se reparte por partes iguales entre las asociaciones de primer grado (los cuarteles), el 12 % entre las federaciones provinciales en forma proporcional a la cantidad de afiliadas, y el resto al Consejo de Federaciones y a la autoridad de aplicación para fiscalización y capacitación.

Según el legislador, el año pasado se recaudó una suma superior a la efectivamente girada; también quedaron saldos sin distribuir de 2024. La suma de ambos ejercicios alcanza los $59.330 millones, equivalentes a casi $50 millones por cuartel a escala nacional. "No son fondos extraordinarios, son fondos que por la ley les corresponden a los bomberos. El Gobierno los recauda y administra, pero tienen afectación específica", subrayó Rauschenberger. Agregó que en 2026 se está repartiendo menos de lo recaudado, con lo cual el excedente volverá a quedar retenido.

En Tucumán, la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad identificó 15 asociaciones de primer grado habilitadas para recibir fondos: Aguilares, Bella Vista, Burruyacú, Colalao del Valle, Concepción, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Las Talitas, Monteros, Tafí del Valle, Tafí Viejo, Tapia, Trancas, El Manantial y Yerba Buena. Cada una de ellas debía percibir $94.924.971,75 en la distribución prevista para ese ejercicio.

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Aplicando el parámetro de "casi $50 millones por cuartel" a los $59.330 millones retenidos, a las 15 entidades tucumanas les corresponderían aproximadamente $750 millones del monto no girado. La Federación 3 de Junio de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Tucumán, que nuclea a buena parte de ellas, también percibe una porción proporcional para funcionamiento y capacitación.

José Rinaldi, presidente de esa federación, fue contundente: "La Nación no está girando los fondos. Es mucha plata y no es que pedimos plata aparte, es plata nuestra, que pertenece a bomberos voluntarios, con caja única". Los cuarteles de la provincia se declararon en estado de alerta, anunciaron una reducción de servicios extraordinarios y programaron un sirenazo con movilización a la Casa de Gobierno.

El paralelismo con los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos es estrecho. Una porción de ese tributo alimenta el Sistema Vial Integrado (SisVial) —destinado por ley a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional— y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (4,31 % de la recaudación), creado para obras de control de inundaciones, recuperación de tierras productivas y mitigación de riesgos hídricos. En ambos casos se trata de recursos de afectación específica: el Estado los recauda, pero no los ejecuta plenamente en el destino legal.

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Según datos oficiales y estimaciones privadas, entre 2024 y mayo de 2026 el Fondo Hídrico recaudó unos $375.400 millones y ejecutó apenas $116.000 millones (31 %). El resto —alrededor de $290.000 millones— permanecía invertido en Letras del Tesoro y depósitos. En el caso del componente vial, el Gobierno admitió que una parte sustancial de lo recaudado se destina a "lograr el equilibrio fiscal" mediante colocaciones financieras, en lugar de transferirse a Vialidad Nacional o a las provincias.

En los tres casos —bomberos, obras viales y obras hídricas— se repite el mismo mecanismo: fondos que por ley no integran la masa de recursos discrecionales del Tesoro, que el Estado nacional cobra como agente de recaudación y que, en la práctica, se retienen o se colocan en el circuito financiero para sostener el superávit fiscal.

Mientras tanto, los cuarteles enfrentan dificultades para reponer combustible, equipamiento e indumentaria; las rutas se deterioran y las obras de control de inundaciones se demoran. Los bomberos voluntarios de Tucumán, como los del resto del país, no reclaman un subsidio extraordinario: exigen el cumplimiento de una norma de casi tres décadas que les reconoce un derecho concreto sobre recursos que ya fueron recaudados a su nombre.

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La retención de fondos con afectación específica —ya sean los de los bomberos voluntarios, los del SisVial o los del Fondo Hídrico— se ha convertido en una herramienta contable para construir un superávit que, en buena medida, es artificial. Al no girar ni ejecutar estos recursos, el Estado nacional los mantiene en cuentas o los coloca en instrumentos financieros (Letras del Tesoro, plazos fijos y títulos públicos). Esos activos figuran como ahorro o como resultado positivo, cuando en realidad se trata de dinero que por ley no puede integrarse a la masa de recursos de libre disponibilidad del Tesoro.

El mecanismo es simple y reiterado: se recauda un impuesto o una contribución con destino legal preciso; se demora o se impide su transferencia; se reclasifica la partida como "no ejecutable" o se la invierte en el circuito financiero; y el saldo queda computado como contribución al equilibrio fiscal. Voceros oficiales han reconocido abiertamente que una porción de estos fondos se utiliza "para lograr el equilibrio fiscal" de una situación heredada. El resultado es un superávit que se sostiene, en parte, sobre la postergación de obligaciones legales hacia los cuarteles de bomberos, el mantenimiento de rutas y las obras de contención de inundaciones.

En los tres casos se observa el mismo patrón. Los recursos no son discrecionales: la ley los separa expresamente de la caja general del Estado. Sin embargo, al retenerlos y colocarlos en el mercado de capitales, el Gobierno convierte una deuda con fines específicos en un activo que mejora los números fiscales. Mientras tanto, los cuarteles enfrentan dificultades para reponer combustible, equipamiento e indumentaria; las rutas se deterioran y las obras de control de inundaciones se demoran.

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Los bomberos voluntarios de Tucumán, como los del resto del país, no reclaman un subsidio extraordinario: exigen el cumplimiento de una norma de casi tres décadas que les reconoce un derecho concreto sobre recursos que ya fueron recaudados a su nombre.

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Fuente: El Federalista

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