Nación sigue metiendo mano al INYM y podría desmantelar todos los programas

Un proyecto de resolución presentado por funcionarios nacionales propone una amplia reorganización normativa del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), con cambios en los mecanismos de fiscalización, una mayor integración con el SENASA, la revisión de todos los programas de asistencia vigentes y la derogación de 21 resoluciones dictadas entre 2003 y 2023.

El documento, al que accedió Primera Edición, todavía no fue aprobado por el Directorio y comenzará a ser analizado esta semana. La propuesta sostiene que busca simplificar trámites, eliminar superposiciones y adaptar el funcionamiento del Instituto a las restricciones impuestas por el Decreto 812/2025, que le impide intervenir sobre los precios o alterar la libre interacción entre oferta y demanda.

Uno de los cambios centrales consiste en trasladar al Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), administrado por el SENASA, el papel de principal fuente de información sobre los movimientos de yerba mate. Hasta que se concrete el convenio de intercambio de datos, los operadores deberán continuar presentando ante el INYM las declaraciones juradas mensuales de movimientos y stock.

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La iniciativa aclara que el INYM conservará facultades de registración, verificación, inspección y sanción. Sin embargo, propone pasar de controles documentales directos a un esquema basado en información digital, cruces de datos, interoperabilidad y fiscalización posterior. La presentación oficial resume el cambio como "menos carga administrativa" y "menos intervención directa en el mercado".

Otro punto sensible es la revisión de todos los programas, beneficios y mecanismos de apoyo, asistencia técnica, capacitación, investigación o estímulo que se encuentren vigentes. Las áreas del organismo tendrán 60 días para determinar si son compatibles con el nuevo marco. Cuando detecten incompatibilidades, falta de fundamento técnico, previsión presupuestaria o publicidad, deberán proponer su modificación, suspensión o finalización.

El texto prohíbe además financiar programas que puedan influir sobre los precios, condicionar la comercialización, limitar volúmenes, establecer cupos o generar ventajas entre operadores. Los planes que no puedan adecuarse deberán ser dejados sin efecto.

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La propuesta también amplía las atribuciones operativas del presidente del INYM, quien podrá negociar, definir y firmar convenios o acuerdos necesarios para aplicar el reordenamiento. Esos instrumentos ya no requerirían una aprobación previa específica del Directorio, sino que deberán ser informados en la primera reunión posterior a su firma.

El anexo dispone la derogación de 21 resoluciones dictadas entre 2003 y 2023. Incluye normas relacionadas con registración, fiscalización, declaraciones juradas, sanciones y otros procedimientos internos.

Desde Nación presentan la iniciativa como una modernización que no elimina las funciones de control. Dentro del sector yerbatero, en cambio, comenzó a ser analizada con cautela por el alcance que podría tener sobre la autonomía del INYM y sobre los programas financiados con recursos del propio organismo.

Fuente: Primera Edición

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