"Nada sobre nosotros sin nosotros": el reclamo de REDI ante el debate por la emergencia en discapacidad

La discusión por la Emergencia Nacional en Discapacidad volvió a quedar en el centro de la agenda legislativa. En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), cuestionó el tratamiento que se está dando a los proyectos vinculados con el sector y reclamó que las personas con discapacidad y sus organizaciones sean incorporadas al debate.

El planteo coincide con un comunicado difundido el 28 de septiembre por organizaciones de personas con discapacidad, que manifestaron su rechazo tanto al tratamiento legislativo de la prórroga de la emergencia como a la incorporación de un nuevo proyecto presentado por el Gobierno nacional como una alternativa superadora. Según el documento, la falta de participación del colectivo constituye una vulneración del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado que tiene jerarquía constitucional en Argentina.

Troiano recordó que la emergencia en discapacidad fue declarada por dos años y cuestionó que, según la posición de REDI, durante ese período no se asignaron los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento. Entre los principales puntos mencionó las pensiones por discapacidad, a las que diferenció del concepto de "incapacidad laboral" utilizado por el Gobierno.

Para la dirigente, hablar de pensiones por discapacidad implica reconocer que muchas personas deben afrontar tratamientos y apoyos que no pueden solventar por sus propios medios y que, al mismo tiempo, enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral. También señaló que la pensión permite acceder a prestaciones de salud mediante Incluir Salud, programa que, según admitió, presenta deficiencias pero constituye una vía de acceso a la atención sanitaria.

La Ley 27.793, sancionada en 2025, declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y estableció, entre otras medidas, disposiciones vinculadas con pensiones no contributivas, prestadores del sistema de prestaciones básicas, actualización de aranceles y financiamiento.

La norma había sido observada inicialmente en su totalidad por el Poder Ejecutivo, pero el Congreso insistió con su sanción. Posteriormente fue promulgada y el Ejecutivo sostuvo que su ejecución quedaba suspendida hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas presupuestarias correspondientes.

En febrero de 2026, además, el Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación de la Ley 27.793. En sus fundamentos, el Decreto 84/2026 consignó que una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana había declarado inválido el artículo que suspendía la ejecución de la ley y ordenado su aplicación inmediata; el Estado apeló esa decisión.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la ausencia de participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso legislativo. Troiano sostuvo que se trata de una obligación derivada de la Convención y remarcó que las personas con discapacidad deben tener voz en las decisiones que afectan directamente sus derechos.

El comunicado presentado por las organizaciones señala que en la reunión informativa de comisiones realizada el 16 de septiembre en la Cámara de Diputados la participación de personas con discapacidad y de sus organizaciones fue nula. También cuestiona las convocatorias realizadas con escasa anticipación y los cambios de último momento, que, según plantean, dificultan una participación informada.

En esa línea, Troiano insistió en que las personas con discapacidad no quieren ser representadas únicamente por terceros, sino intervenir directamente en las discusiones que definen las políticas públicas que las afectan. Recordó, además, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue elaborada con participación de organizaciones del propio colectivo y que en Argentina adquirió jerarquía constitucional en 2014.

"Estamos cansados de que hablen por nosotros", resumió durante la entrevista, al reclamar a los diputados que permitan la participación de las organizaciones en el debate.

El comunicado de las organizaciones también rechaza el dictamen de mayoría aprobado el 23 de septiembre por las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Según el documento, ese dictamen pretende sustituir la prórroga de la Ley 27.793 por un régimen permanente denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad".

Las organizaciones plantean que la creación de un régimen permanente no debería cerrar la discusión sobre una emergencia cuyas causas, según sostienen, continúan presentes. A la vez, reconocen que el dictamen contiene medidas que podrían contribuir al sostenimiento del sistema, entre ellas previsiones vinculadas con el financiamiento, la actualización de prestaciones y la continuidad de determinados beneficios.

Sin embargo, advierten que otras modificaciones generan preocupación por posibles retrocesos en garantías existentes y por la delegación de aspectos sustantivos en la reglamentación del Poder Ejecutivo. Por ese motivo, rechazan que las medidas que consideran necesarias queden condicionadas a la aceptación de otras disposiciones que, según su interpretación, podrían reducir derechos.

Durante la entrevista, Troiano también se refirió al intento de incorporar modificaciones relacionadas con discapacidad dentro de la discusión presupuestaria. Según explicó, desde REDI interpretaron esa iniciativa como una forma de evitar la discusión específica sobre la emergencia.

Uno de los puntos que cuestionó fue la intención de modificar normas vinculadas al sistema integral de discapacidad y a la cobertura de prestaciones. En particular, señaló el retiro del denominado baremo, entendido como el protocolo que establece criterios para determinar patologías y coberturas. De acuerdo con su explicación, las organizaciones entendían que esa modificación podía dejar mayor margen de decisión a obras sociales y prepagas respecto de las prestaciones que cubren.

La dirigente también cuestionó que ese proyecto hubiera sido presentado a última hora de la noche, cuando al día siguiente se encontraba previsto el tratamiento de la emergencia. El comunicado institucional coincide con esta preocupación al señalar que las organizaciones recibieron convocatorias con poca anticipación y enfrentaron modificaciones de último momento que, según sostienen, impidieron un debate adecuado.

Troiano puso especial énfasis en diferenciar la situación de las personas con discapacidad de una mirada centrada exclusivamente en sus familias. Reconoció que, en muchos hogares, una persona debe dejar de trabajar para cuidar, acompañar o asistir a un integrante con discapacidad, con un impacto económico que, según señaló, puede llevar a esas familias a situaciones de pobreza.

Pero sostuvo que el eje debe estar puesto en las propias personas con discapacidad como sujetos de derechos. Desde esa perspectiva, cuestionó los enfoques basados en el asistencialismo, la caridad o la lástima y planteó como objetivos concretos el acceso a la educación, al transporte accesible y al trabajo en igualdad de condiciones.

En ese punto, vinculó la discapacidad con las barreras que existen en el entorno y cuestionó que se asocie discapacidad con "incapacidad". Para REDI, esa mirada contribuye a profundizar la exclusión y desconoce las capacidades y derechos de las personas.

También puso como ejemplo el transporte público. Señaló que la accesibilidad no debería ser pensada como un beneficio excepcional para un grupo determinado, sino como una condición que permita que todas las personas puedan trasladarse, incluyendo a quienes tienen discapacidad, a adultos mayores y a niños.

La disputa también se desarrolla en el ámbito judicial. Troiano señaló que una causa vinculada con el cumplimiento de la emergencia se encuentra en instancia de revisión ante la Sala 2 del Juzgado de San Martín y recordó que, un mes antes, más de 130 organizaciones habían presentado una nota para solicitar que se agilice la resolución antes del vencimiento de la normativa vigente.

Además, afirmó que las organizaciones recurrieron a Naciones Unidas y que recibieron más de una nota verbal dirigida al Gobierno nacional en relación con la situación. Según sostuvo, esas comunicaciones no habrían sido respondidas.

La situación judicial también tiene antecedentes oficiales: el Gobierno reconoció en el Decreto 84/2026 la existencia de una sentencia del Juzgado Federal de Campana que había ordenado la aplicación de la Ley 27.793, aunque informó que esa decisión había sido apelada.

Frente a la pregunta sobre qué expectativas tienen respecto del cumplimiento de la legislación, Troiano respondió que el principal motor de las organizaciones es la continuidad de su reclamo. Remarcó que los derechos, desde su perspectiva, fueron históricamente conquistados a través de la movilización y la participación social.

También recordó episodios de violencia sufridos por integrantes del colectivo durante manifestaciones y afirmó que las organizaciones continuarán reclamando, al tiempo que se mantienen abiertas a nuevas propuestas que permitan avanzar.

En ese sentido, el pedido dirigido a los diputados es concreto: participar del debate legislativo. "Nada sobre nosotros sin nosotros" es, precisamente, la consigna con la que las organizaciones cerraron el documento difundido este lunes.

El comunicado lleva como organizaciones solicitantes a REDI, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) y la Asociación Civil Andar. Entre las organizaciones que expresaron su apoyo figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El documento registra además 1.583 adhesiones públicas, de las cuales 366 corresponden a instituciones y organizaciones.