Nancy Sosa y Diego Zeballos: el silencio después del fuego en Estancia Grande

Nancy Sosa no tenía dudas. Diego Zeballos necesitaba que amaneciera para precisar los daños. Pasaron más de dos meses desde el incendio que avanzó sobre Estancia Grande y Potrero de los Funes. Ya hubo suficientes amaneceres. Lo que sigue faltando es una explicación pública que permita saber qué quedó de aquellas afirmaciones.

El 17 de julio, la ministra de Seguridad aseguró que el fuego había sido "totalmente intencional". El intendente de Estancia Grande, por su parte, anunció un relevamiento para determinar si había viviendas quemadas. Ambas intervenciones quedaron registradas en la comunicación oficial del Gobierno. Una funcionaria daba por establecido el origen deliberado del incendio mientras el jefe comunal todavía debía precisar sus consecuencias. 

La contundencia de Sosa merece una explicación a su altura. ¿Qué información le permitió descartar otras posibilidades cuando todavía se combatían las llamas? ¿Esa certeza fue respaldada después por las pericias? ¿Qué ocurrió con los elementos que el Ministerio dijo haber reunido?

El 20 de julio, la información oficial ubicó la superficie afectada en unas 7.000 hectáreas. También anunció entrevistas, informes técnicos y declaraciones vecinales, mientras aguardaba el último reporte de Bomberos de la Policía. Sosa llegó a mencionar que esperaban instrucciones del fiscal respecto de posibles detenciones. El Gobierno había construido una expectativa concreta sobre el avance de la investigación.

En las publicaciones consultadas para esta columna no aparece una actualización oficial que permita seguir el destino de esos anuncios. El seguimiento periodístico de septiembre también señaló la falta de resultados públicos. Ese vacío no demuestra que el expediente esté paralizado, pero deja sin respuesta una pregunta política: ¿por qué la voluntad de comunicar fue tan firme para instalar una hipótesis y tan escasa para explicar qué pasó después?

Zeballos tiene sus propias cuentas pendientes con los vecinos. El relevamiento que anunció debía permitir conocer el alcance de las pérdidas y orientar la respuesta municipal. Corresponde que explique qué detectaron, qué necesidades quedaron registradas, qué asistencia gestionó y cuáles siguen sin resolverse. Son preguntas sobre su administración que puede responder sin esperar una sentencia.

Ahí está el punto que el silencio vuelve cada vez más incómodo. La investigación sobre el origen del fuego y la evaluación de la respuesta estatal tienen tiempos y responsables distintos. Saber quién pudo haber iniciado el incendio no agota las explicaciones sobre cómo se lo enfrentó. Tampoco una causa judicial impide informar qué decisiones tomó el municipio o qué conclusiones sacó Seguridad del operativo.

Reconocer el trabajo de bomberos y brigadistas tampoco salda esa discusión. El esfuerzo de quienes estuvieron frente a las llamas merece respeto; justamente por eso, las autoridades deberían explicar con qué recursos contaron, cómo se organizaron las intervenciones y qué habría que corregir ante otra emergencia.

Sosa y Zeballos participaron de la comunicación oficial cuando había un operativo para mostrar. Esa exposición también los compromete con el balance posterior. La ministra debe responder por la información que presentó como certeza. El intendente, por el relevamiento que anunció y por las gestiones que realizó a partir de él.

La luz del día que Zeballos esperaba llegó el 17 de julio. La explicación política sigue pendiente.

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