No hay plata… pero sobra circo

Hay una distancia inocultable entre la contabilidad creativa de los despachos oficiales y la temperatura real de la calle. A medida que avanza el ciclo político, los andariveles del modelo económico y la arquitectura de la coalición gobernante exhiben fisuras que ya no se resuelven con dogmas de fe ni con proyecciones optimistas desmentidas por las propias estadísticas públicas. El diagnóstico exige abandonar los recursos efectistas para mirar de frente dos caras de una misma crisis: la descomposición de la convivencia interna en el oficialismo y los límites estructurales de un programa económico que asfixia el mercado interno.

El trámite legislativo del Presupuesto desnudó la ruptura de códigos mínimos de previsibilidad y coordinación estratégica en el oficialismo. La "sorpresa" exhibida por socios de peso en la mesa política -tal el caso de Patricia Bullrich- evidencia un déficit crónico de gestión: el oficialismo legisla a espaldas de sus propios aliados, exponiéndolos al desgaste institucional y rompiendo los acuerdos de convivencia parlamentaria… nada que no se haya visto antes.

Este cortocircuito en la cúspide no es un hecho aislado; es el correlato político de un desgaste social más amplio. Los datos de la última encuesta de satisfacción política de la Universidad de San Andrés reflejan con precisión quirúrgica este fenómeno. El núcleo más duro de La Libertad Avanza conserva sus niveles de respaldo; pero el electorado de origen aliado -en particular aquel sector que confluyó desde el PRO en 2023- experimenta un proceso acelerado de desalineamiento. La aprobación a la gestión del presidente Javier Milei en este segmento cayó de manera drástica, y la intención de voto de cara al próximo tramo electoral muestra un escenario de marcada dispersión, donde el voto en blanco, la indefinición y la migración hacia otras opciones erosionan la pretendida hegemonía oficialista.

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Si la política interna sufre de improvisación, el modelo económico padece de una rigidez dogmática cuyos costos sociales ya no se pueden disimular bajo la etiqueta de "efectos de transición". Años de recorrido por los senderos de la ortodoxia financiera demuestran que la promesa de prosperidad solo se materializa en equilibrios contables abstractos.

La combinación de ingresos reales comprimidos como ancla antiinflacionaria, tasas de interés volátiles, tipo de cambio apreciado y apertura comercial indiscriminada pulverizó el mercado interno. Los números hablan por sí solos: una caída interanual de la inversión productiva que supera los dos dígitos, la contracción sistemática de puestos de trabajo formales en el sector privado y una masa de trabajadores estatales y jubilados cuyas remuneraciones sufrieron un retroceso histórico. El ajuste fiscal, celebrado como un dogma inquebrantable, se sostiene precariamente mediante contabilidad creativa y la poda de partidas a sectores sensibles.

Pretender que la reactivación sobrevendrá por el mero automatismo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ignora una lección elemental de economía política: los enclaves primarios altamente capitalizados no generan, por su propia estructura, los encadenamientos productivos masivos que demanda una economía de escala media. Al obturar el desarrollo de proveedores locales y desmantelar la inversión pública como articuladora de la infraestructura federal, el modelo condena a la economía a un dualismo insostenible.

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Los indicadores sociales que publica periódicamente el INDEC y las mediciones de las principales consultoras privadas convergen en un mismo diagnóstico: la pobreza y la indigencia retomaron velozmente una trayectoria ascendente. Cuando las canastas básicas se encarecen por encima del promedio general del Índice de Precios al Consumidor y el costo de los servicios públicos presiona sobre los presupuestos familiares, la promesa oficial pierde persuasión.

Las percepciones ciudadanas recogidas por estudios de opinión pública reflejan que el temor al desempleo, el endeudamiento de los hogares y la pérdida de poder adquisitivo dominan la agenda social, marginando las disputas de la macroeconomía abstracta. Argentina no necesita parches estéticos ni relatos épicos que confundan estabilidad cambiaria con desarrollo humano.

Si el objetivo es superar la decadencia estructural, se requiere recomponer con urgencia los ingresos de los sectores postergados mediante mecanismos institucionales claros, alinear los incentivos hacia la agregación de valor y reconstruir una red de inversión pública que traccione empleo genuino.

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El escenario político provincial profundiza su reordenamiento e ingresa a una dinámica en la que la disputa por la centralidad institucional opera bajo una premisa convergente: la conformación de un bloque opositor policlasista e ideológicamente flexible. En este tablero, el rovirismo -relegado hoy al rol opositor- prescinde de cualquier obstáculo doctrinario para articular una estrategia de pinzas junto a La Libertad Avanza (LLA) y los nucleamientos liderados por figuras como Ramón Amarilla.

Se configura, de este modo, una dinámica de fuerzas centrífugas orientada a horadar la gobernabilidad, cristalizando un esquema de "todos contra Passalacqua" mientras el Ejecutivo provincial, que asumió la responsabilidad de gestionar en un contexto adverso, procura administrar los desequilibrios macroeconómicos y sociales devueltos por la onda expansiva del ajuste nacional.

Bajo esa lógica, las fuerzas políticas ensayan movimientos de tanteo. Encuentro Misionero transita tratativas orientadas a una eventual convergencia instrumental con el espacio libertario, cuyo activo de interés no reside en la densidad programática, sino en la disponibilidad de estructuras para garantizar transitabilidad.

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En paralelo, los ensayos de arquitectura electoral opositora exhiben tensiones internas: los sondeos atribuidos a figuras como "Lalo" Stelatto para articular fórmulas mixtas colisionan con la desconfianza de sectores que advierten la persistencia de tutelas políticas tradicionales.

Por su parte, LLA experimenta una readecuación de nombres para la proyectada contienda ejecutiva, donde la figura de Adrián Núñez gana gravitación en el esquema violeta, en contraste con los costos políticos y el desgaste legislativo acumulado por intervenciones parlamentarias observadas con recelo en el plano local y nacional -tal el caso de Diego Hartfield, quien tras sus cuestionadas declaraciones sobre los clubes de barrio optó por un perfil de bajo coeficiente público-.

En el plano estricto de la economía subnacional y la articulación territorial, el tramo final del ejercicio fiscal impone un replanteo operativo a los gobiernos locales. Los municipios nucleados en la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM) articularon con el Ministerio Coordinador de Gabinete un esquema de priorización del gasto y seguimiento de partidas ante la retracción sostenida de transferencias automáticas y no automáticas desde el Tesoro Nacional. La caída de los flujos federales constriñe el margen fiscal de los ejecutivos locales, obligando a sustituir la demanda sectorial por una planificación financiera coordinada para sostener los servicios esenciales.

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La contracara institucional de este reordenamiento político regional se expresa a menudo en el registro de la banalización discursiva y el desprecio por los códigos mínimos del debate público. Un exponente de esta dinámica se observa en el plano municipal en la figura de la concejal de LLA en Montecarlo, Patricia Buckmayer, quien volvió a quedar en el centro de la polémica tras utilizar expresiones de tono vulgar en una transmisión en vivo para desestimar las críticas hacia su desempeño político.

El episodio se suma a una secuencia de intervenciones que tensionan sistemáticamente el rol institucional: desde los enfrentamientos dialécticos con trabajadores municipales que reclamaban emergencia salarial -donde minimizó sus propias trayectorias de movilización previa- hasta la recordada publicación en redes sociales de un vehículo alusivo a la represión ilegal con la frase orientada a "acarrear zurditos", la cual derivó en su suspensión preventiva en el ámbito docente. Todo vale para hacerse conocido, total "el hate te hace crecer", se escuchó decir después de saberse qué cosas le chupan la p… a la edil.

Estos posicionamientos más el sistemático uso de descalificaciones personales configuran un estilo donde la provocación reemplaza al debate técnico y el relato a los datos. La ausencia de pronunciamientos formales tanto por parte del cuerpo deliberativo como de las estructuras partidarias provinciales de LLA frente a estas conductas expone, en última instancia, las dificultades de un espacio en formación para dotar a sus representantes de los mínimos estándares de calidad institucional.

Fuente: Primera Edición

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