No prosperó el pedido de libertad y el penitenciario de la estafa piramidal de los $226.000.000 continuará preso

Por enésima vez, el penitenciario de la estafa piramidal de los 226.000.000 de pesos insistió este martes, a través de su abogada, con el pedido de libertad y volvió a sufrir un revés. El juez de impugnación que analizó su planteo respaldó la postura fiscal y ratificó la prórroga de la prisión preventiva dictada en julio pasado por el magistrado de primera instancia que entiende en la causa por un fraude que tiene 52 damnificados, la mayoría del Servicio Penitenciario Provincial.

Alejandro "Tati" Jofré, penitenciario, detenido desde septiembre de 2025, fue traído esposado este martes a Tribunales para la audiencia de impugnación. El 3 de julio pasado, el juez Matías Parrón, magistrado de Garantías, dispuso renovar, a pedido del fiscal Guillermo Heredia, fiscal, los plazos de la prisión preventiva por dos meses más. Fue por esto que la abogada María Filomena Noriega, defensora, se opuso y pidió que la medida fuera revisada. Sobre esto debía resolver el juez de impugnación Daniel Guillén. En la causa también están imputados Américo Jofré, el padre del "Tati"; Gabriela del Rocío González, expareja; y Carla Luciana Jofré, hermana del acusado, como presuntos partícipes necesarios.

Este martes, la abogada Noriega insistió en que Jofré tiene arraigo familiar y laboral, que cuenta con tres hijos a los que debe mantener y que siempre colaboró con la Justicia. Por eso sostuvo que no existen riesgos procesales suficientes para mantenerlo detenido y pidió su libertad o, en su defecto, el arresto domiciliario. El fiscal Heredia rechazó esos argumentos y cuestionó el supuesto arraigo, al señalar que Jofré no vive con sus hijos ni con su padre y que tampoco tenía un domicilio consolidado. Además, afirmó que el imputado habría intentado interferir en la investigación al enviar mensajes a damnificados para que no realizaran denuncias y sostuvo que la cantidad de víctimas y la magnitud de la maniobra también reflejan su conducta.

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Tras escuchar a las partes, el juez de impugnación Daniel Guillén consideró que los argumentos de la defensa no alcanzaban para modificar la decisión de primera instancia y ratificó la prisión preventiva. De este modo, Alejandro Jofré continuará detenido y alojado en la Unidad Chimbas Sur mientras avanza la investigación.

La causa tomó estado público entre julio y agosto de 2025, cuando comenzaron a multiplicarse las denuncias de penitenciarios del penal de Chimbas. Según la fiscalía, Jofré ofrecía inversiones en supuestos negocios de venta de harina, aceites, materiales de construcción y préstamos informales, con la promesa de rápidas ganancias. Cuando los pagos dejaron de llegar, comenzaron las denuncias que derivaron en su detención, el 5 de septiembre de 2025.

La investigación tiene actualmente 52 damnificados y un presunto perjuicio económico que supera los 226 millones de pesos. La mayoría de las víctimas son integrantes del Servicio Penitenciario Provincial. En junio pasado, además, se sumó la denuncia de otro penitenciario que aseguró haber entregado 4 millones de pesos para invertirlos en uno de los supuestos negocios.

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Además de Jofré, están imputados Américo Jofré, padre del principal acusado; Gabriela del Rocío González, expareja de Jofré; y Carla Luciana Jofré, hermana del acusado, como presuntos partícipes necesarios. Los tres permanecen en libertad y sujetos a medidas cautelares, mientras la investigación busca determinar el recorrido del dinero y el grado de participación de cada uno.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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