"Nos toman de idiotas": Arrieta apuntó contra La Libertad Avanza y el kirchnerismo por la Ley de Discapacidad

La diputada mendocina cuestionó el acuerdo parlamentario y aseguró que el dictamen se elaboró a último momento para evitar el costo mediático.

Tras votar en contra, la diputada mendocina cuestionó el financiamiento de la ley y aseguró que el acuerdo político fue "todo para la tribuna".

Foto:

La diputada nacional de Provincia Unidas, Lourdes Arrieta fue una de los nueve legisladores que votaron en contra de la nueva Ley de Discapacidad, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con un amplio respaldo del oficialismo y distintos sectores de la oposición.

Tras la votación, la legisladora explicó los motivos de su rechazo y cuestionó el acuerdo parlamentario entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

En declaraciones a Los Andes, Arrieta sostuvo que la iniciativa no cuenta con los recursos necesarios para garantizar su implementación y consideró que la mejor alternativa era extender hasta diciembre de 2027 la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

"No existen fondos designados para esta ley. Lo mejor es continuar con la prórroga hasta 2027. No hago demagogia con el dolor de las familias", expresó la diputada.

La diputada nacional Lourdes Arrieta.

En ese sentido, recordó que desde el bloque de La Libertad Avanza habían advertido antes de la votación que "prometer no es garantizar", una afirmación que utilizó para cuestionar las garantías presupuestarias de la propuesta.

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional fue aprobada durante la madrugada de este jueves con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, establece un régimen permanente de protección para las personas con discapacidad, mantiene las pensiones no contributivas y contempla mecanismos de actualización de aranceles y financiamiento de las prestaciones.

Más allá de sus objeciones al contenido de la ley, Arrieta apuntó contra las negociaciones que permitieron alcanzar un amplio consenso parlamentario, particularmente por el acompañamiento de Unión por la Patria a una iniciativa promovida por el oficialismo.

"LLA y el kirchnerismo pactaron la foto de unidad", aseguró la legisladora mendocina, quien también cuestionó los tiempos utilizados para alcanzar un acuerdo sobre el dictamen.

Según su interpretación, el tratamiento fue apresurado y respondió a la necesidad del Gobierno de reducir el costo político que venía generando el conflicto por el financiamiento de las prestaciones.

"No se escuchó al colectivo y asociaciones civiles de Discapacidad. Se hizo un dictamen a último momento para no seguir pagando el costo mediático. Todo fue para la tribuna", manifestó.

Sus cuestionamientos contrastan con la posición expresada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que calificó la media sanción como un avance y destacó que las modificaciones incorporadas durante las negociaciones recogieron demandas de las organizaciones del sector.

Con 237 votos a favor, Diputados aprobó una nueva ley de protección social para personas con discapacidad.

No obstante, la entidad advirtió que todavía quedan pendientes garantías de financiamiento y cumplimiento efectivo de los derechos. Arrieta también puso en duda el futuro de la iniciativa debido a los tiempos parlamentarios y advirtió que, según su evaluación, el proyecto podría perder legitimidad durante diciembre, cuando finaliza la vigencia de la emergencia.

Por último, la diputada cuestionó la postura del kirchnerismo durante el resto de la sesión, al señalar que acompañó el acuerdo sobre discapacidad, pero no respaldó el tratamiento en comisión de una iniciativa vinculada al endeudamiento de las familias.

"Se dieron la mano en la jornada de ayer, fueron funcionales a LLA y después de las 12 horas se dieron vuelta", concluyó.

El proyecto preserva buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero elimina su impronta de emergencia y transitoriedad para instaurar un régimen permanente y de orden público. Entre sus principales disposiciones se destacan:

Pensión y empleo formal: Mantiene la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— y el ejercicio de un empleo formal o el registro en el monotributo, fijando como tope que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Aranceles y actualización: Conserva el nomenclador único de prestaciones y fija la actualización automática y periódica de sus aranceles a través del índice de movilidad jubilatoria, atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cobertura de salud: Garantiza la cobertura médica básica del Plan Federal Incluir Salud para todas las personas titulares de pensiones por discapacidad.

Garantía presupuestaria: Establece que la asignación de recursos destinados al Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la partida ejecutada en el ejercicio fiscal anterior.

Auditorías y debido proceso: Crea un sistema de auditorías periódicas articulado mediante el cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo. Asimismo, concede un plazo de 160 días para que las personas observadas por inconsistencias puedan ejercer su derecho a descargo antes de la suspensión del beneficio.

Deuda con prestadores: Como resultado de los acuerdos parlamentarios, se fijó que el Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar, en un plazo máximo de 30 días, un cronograma oficial para cancelar las compensaciones atrasadas a los prestadores de servicios.