Nueva Ley Penal Juvenil: el aumento de causas pondrá a prueba la infraestructura carcelaria en Mendoza

La provincia adecuará su legislación al nuevo régimen mientras proyecta un incremento de adolescentes alcanzados por el sistema penal.

La implementación del nuevo régimen obligará a adaptar el sistema penal juvenil ante un aumento previsto de causas y nuevas demandas.

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Mendoza transita la cuenta regresiva para la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que modificará de manera profunda la forma en que el Estado aborda los delitos cometidos por adolescentes. La norma entrará en vigencia a partir del 5 de septiembre.

La implementación de la ley nacional 27.801 y el proyecto de adhesión y adecuación normativa que el gobierno de Alfredo Cornejo prevé enviar a la Legislatura, una iniciativa en la que trabaja el Ministerio de Seguridad y Justicia que conduce Mercedes Rus y cuyo tratamiento fue adelantado por Los Andes, no sólo implicará cambios procesales.

Tanto desde el Poder Judicial como desde el Ejecutivo coinciden en que la cantidad de adolescentes que ingresarán al sistema aumentará. La diferencia está en el lugar desde el que observan el desafío.

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La directora de Derechos Humanos y coordinadora del Fuero Penal Juvenil, Milagros Noli, pone el foco en la organización del servicio de justicia y las adecuaciones que demandará el nuevo escenario,

Mientras que el director general de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), Daniel Patiño, analiza el impacto sobre los dispositivos de alojamiento y las medidas alternativas que dependen del Ejecutivo provincial.

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

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Hoy el sistema penal juvenil mendocino funciona sobre una estructura especializada que se consolidó durante años. Cuenta con jueces, fiscales, defensores oficiales y tribunales exclusivos para adolescentes, distribuidos en todo el territorio provincial.

Esa organización, sostienen quienes trabajan en ella, permitió desarrollar una lógica diferente a la del sistema penal de adultos, centrada en la especialidad y en la reinserción social. Sin embargo, el nuevo régimen modificará las reglas de juego.

Antes de analizar si Mendoza está preparada para afrontar un aumento de casos, hay una diferencia clave dentro del sistema. La Unidad de de Procedimientos para Adolescente No Punible y Aprehendido (Upana), antes denominada comisaría del menor, dependen de la cartera de Seguridad y Justicia

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Estos son los espacios donde los adolescentes permanecen alojados de manera provisoria tras ser aprehendidos mientras interviene la Justicia.

En cambio, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), conocida históricamente como exCOSE y dependiente del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, es el establecimiento donde se cumplen las medidas de privación de libertad dispuestas por un juez.

Hasta ahora, el sistema penal juvenil sólo intervenía cuando los acusados tenían entre 16 y 18 años y estaban involucrados en delitos con penas superiores a dos años de prisión.

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Con la nueva legislación, la edad de imputabilidad baja a los 14 años y, además, todos los delitos pasarán a ser punibles, incluso aquellos que antes quedaban fuera del proceso penal juvenil. Para Noli, esa modificación hace prácticamente inevitable un crecimiento de la actividad judicial.

"Seguramente se va a incrementar la cantidad de causas", explicó la funcionaria, aunque evitó proyectar cifras concretas. A su entender, el aumento no sólo responderá a la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema, sino también a que comenzarán a judicializarse hechos de menor gravedad que hasta ahora no llegaban al fuero penal juvenil.

La coordinadora remarcó que resulta imposible estimar con precisión cuánto crecerá la litigiosidad porque el Poder Judicial nunca tuvo intervención penal sobre ese universo de adolescentes ni sobre esos delitos.

"Sería muy irresponsable aventurar una curva de crecimiento", sostuvo, al señalar que el fenómeno también dependerá de variables sociales, económicas y educativas.

La directora de Derechos Humanos y coordinadora del Fuero Penal Juvenil, Milagros Noli.

Los datos disponibles muestran que el fenómeno penal juvenil en Mendoza mantiene dimensiones relativamente acotadas. Entre 2023 y 2025 el Fuero Penal Juvenil inició entre 445 y 486 expedientes tutelares por año, cifras que se mantuvieron estables durante ese período.

El informe elaborado por la Coordinación del Fuero Penal Juvenil también refleja que la mayor parte de los expedientes corresponde a delitos contra la propiedad, principalmente robos y hurtos, mientras que los delitos contra las personas representan un porcentaje considerablemente menor.

Para Noli, esa realidad permite afirmar que el fenómeno criminal juvenil en Mendoza "no representa una problemática criminal de envergadura", aunque reconoce que la nueva legislación ampliará significativamente el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal.

El crecimiento esperado de las causas abre otro interrogante: si la infraestructura actual está preparada para responder al nuevo escenario. Desde la mirada judicial, la respuesta no pasa por construir más establecimientos cerrados sino por adaptar los existentes y fortalecer la red territorial.

Noli considera que la Upana necesitará ciertas modificaciones para atender una población más diversa. Hasta ahora, la mayoría de los adolescentes privados de libertad tenía entre 16 y 17 años.

Con la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años, el sistema deberá contemplar nuevas necesidades de sectorización por edad, además de las ya existentes por género. La funcionaria entiende que también será necesario incrementar el personal, ya que el crecimiento del fuero implicará más intervenciones judiciales y administrativas.

Actualmente Mendoza cuenta con una UPANA en Ciudad, que recibe a los adolescentes aprehendidos del Gran Mendoza y también del Valle de Uco; otra en Junín, con jurisdicción sobre la Zona Este; una tercera en San Rafael para el Sur provincial; y una oficina administrativa en General Alvear.

La ausencia de una unidad específica en el Valle de Uco obliga a trasladar adolescentes desde Tunuyán, Tupungato y San Carlos hasta Ciudad cuando deben permanecer demorados provisoriamente.

Además, la UPANA de Ciudad dispone únicamente de tres celdas destinadas al alojamiento transitorio de adolescentes y otra, que hasta el momento, que se encuentra inhabilitada.

Esa unidad concentra la demanda del área metropolitana y del Valle de Uco, una situación que, según Noli, obliga a pensar en adecuaciones y en una mejor distribución territorial de los recursos.

Desde la perspectiva judicial, esos traslados generan una tensión con uno de los principios centrales del sistema penal juvenil: evitar que el adolescente sea alejado de su centro de vida y de su entorno familiar. Por eso, Noli plantea que antes de pensar en nuevas cárceles deberían desarrollarse dispositivos intermedios distribuidos territorialmente.

Se trata de instituciones semiabiertas, dependientes de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, que permiten cumplir medidas con mayores niveles de contención sin replicar la lógica de un establecimiento penitenciario.

La funcionaria considera que avanzar con ese tipo de recursos en regiones como el Valle de Uco o el sur provincial permitiría mejorar la respuesta estatal sin necesidad de construir nuevos complejos de internación.

Desde el Ejecutivo provincial también prevén que la entrada en vigencia del nuevo régimen incrementará la demanda sobre el sistema, aunque consideran que la infraestructura existente tiene margen para absorber ese crecimiento.

Daniel Patiño, director general de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), explicó que las proyecciones elaboradas junto al Ministerio de Seguridad indican que el universo de adolescentes alcanzados por el sistema crecerá "de forma progresiva" alrededor de un 30%, tanto en las medidas alternativas como en los casos de privación de libertad.

"Entendemos que vamos a tener un aumento de un 30% de forma progresiva en el sistema, tanto en las medidas alternativas como en la privación de libertad", señaló.

Para Patiño, ese aumento no obliga, al menos por ahora, a ampliar la capacidad de alojamiento. Recordó que entre 2005 y 2012 el entonces exCOSE llegó a albergar alrededor de 200 adolescentes, mientras que actualmente permanecen internados unos 46 y existen plazas para entre 80 y 85 jóvenes.

"Hoy, para la previsibilidad que tenemos de un aumento del 30%, no hace falta ampliarla", aseguró el funcionario, quien explicó que el trabajo está puesto en mejorar las condiciones edilicias mediante remodelaciones de sectores, sanitarios e instalaciones.

El exCose.

En ese punto, la visión difiere parcialmente de la del Poder Judicial. Noli considera que, más allá de la capacidad disponible, será necesario adecuar los espacios para recibir adolescentes de entre 14 y 15 años, con sectores diferenciados por edad y género, además de reforzar la dotación de personal ante el incremento de expedientes.

Otro aspecto que Patiño puso sobre la mesa es el impacto que tendrá la aplicación del artículo 30 de la ley nacional 27.801, que dispone el traslado al sistema penitenciario de adultos de quienes cumplan 18 años.

Actualmente, parte de los jóvenes alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil ya superó esa edad, por lo que ese egreso podría compensar parcialmente el ingreso de nuevos adolescentes una vez que Mendoza adecue su normativa provincial.

Más allá de las diferencias de enfoque, Poder Judicial y Ejecutivo coinciden en un punto central: el nuevo régimen exigirá adaptar un sistema que hasta ahora funcionó con un universo relativamente reducido de casos.

Hoy alrededor de 500 adolescentes cumplen medidas alternativas dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil y otros 46 permanecen privados de libertad, una cifra que se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años.

La implementación del nuevo régimen pondrá a prueba esa lógica. El aumento esperado de expedientes, la incorporación de adolescentes más jóvenes, la ampliación de los delitos alcanzados por la ley y las adecuaciones institucionales que deberán realizarse marcarán una nueva etapa para la justicia penal juvenil mendocina.

Mientras el Ejecutivo avanza en la redacción del proyecto que enviará a la Legislatura para adecuar la normativa provincial a la ley nacional, el desafío ya comenzó a discutirse puertas adentro de los organismos que deberán poner en funcionamiento un sistema que, coinciden sus principales responsables, recibirá más casos y enfrentará una demanda sin abandonar el objetivo de que la cárcel siga siendo la última respuesta posible.

Fuente: Los Andes

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