Nuevo proyecto de salud mental sigue siendo resistido por las provincias

El ministro de Salud, Mario Lugones, puso en común el nuevo proyecto de Salud Mental para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 en la reunión con los ministros de salud en el Consejo Federal de Salud (COFESA) que tuvo lugar esta semana y, a pedido de las provincias, acordó trabajar en un Plan Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos 2027-2031. Para ello, Lugones se comprometió a convocar al Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA), algo que no ocurre hace dos años.

A diferencia del proyecto de ley presentado en abril por el Ejecutivo y que generó el rechazo casi unánime de todas las provincias, la nueva propuesta flexibilizó el rol del médico psiquiatra en el proceso de internación involuntaria, cambió los términos que justificarían una internación involuntaria (ahora refiere a riesgo grave de daño) y mantuvo la cuestionada medida protectora a cargo del Poder Judicial al que se le faculta a hacer el seguimiento durante seis meses del paciente internado involuntariamente, una vez que este es externado, para garantizar la adherencia al tratamiento.

El nuevo proyecto sí dejó atrás la idea del regreso a la manicomialización al prohibir en forma expresa la creación de manicomios y llevar a cabo prácticas manicomiales, obligando a las instituciones de internación a incorporar al menos dos dispositivos ambulatorios de atención.

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No obstante, según confirmó el ministro de Salud Pública de Misiones, Héctor González, a PRIMERA EDICIÓN, el nuevo proyecto sigue teniendo muchos "flancos", "como el peso que le da a la Justicia en el seguimiento de los pacientes".

Además, si bien flexibilizó la centralidad que otorgó inicialmente al psiquiatra, "aún así, las provincias pedimos que se dé mayor participación al equipo de salud mental en general que incluye también al trabajador social, psiquiatras, enfermeros, psicólogos", remarcó González quien indicó que será la nueva directora de Salud Mental, Mirna Corach, quien participará del COFESAMA.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el coordinador del Centro Virtual de Salud Mental, Nicolás Aranda, se refirió a la imposibilidad operativa de llevar adelante el control de legalidad y seguimiento de los pacientes externados por parte del Poder Judicial, "este fue uno de los temas de análisis en el marco del Congreso Nacional de Salud Mental, en la mesa federal que abordó este tema, en la que participamos 18 provincias. Coincidimos que el Poder Judicial ya está sobrecargado con el tema del nuevo régimen acusatorio y el nuevo régimen penal juvenil por lo que además sumarle el control de legalidad de los pacientes externados es muy cuestionado por los referentes jurisdiccionales de salud mental".

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Aranda remarcó que "no estamos defendiendo la Ley N° 26.657 como algo sagrado, sino ya por la población y la fortaleza institucional del país para tener cierta previsibilidad en temas sensibles como es la gestión sanitaria. Por eso, pedimos un plan nacional de salud mental donde podamos colaborar con sugerencias acordes a la realidad, en vez de buscar modificar un marco normativo, trabajar sobre un plan nacional que apunte a implementar y reforzar las medidas necesarias".

Fuente: Primera Edición

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