Nuevo Régimen Penal Juvenil en San Juan: cuándo estará la ley definitiva, qué pasará mientras tanto y qué analizan las autoridades

El próximo 5 de septiembre entrará en vigencia en todo el país la Ley N°27.801, conocida como Régimen Penal Juvenil, sancionada por el Congreso el 27 de febrero pasado. La nueva normativa establece un régimen específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 17 años que sean imputados por un delito, en reemplazo del sistema que regía desde 1980. El cambio plantea un desafío particular para San Juan, ya que la provincia todavía no cuenta con una legislación procesal penal juvenil que determine cómo deberán llevarse adelante las investigaciones, los juicios y las distintas medidas previstas por la nueva ley. Frente a ese escenario, el Gobierno provincial trabaja en un proyecto que podría llegar a la Cámara de Diputados antes de fin de mes, mientras que la Corte de Justicia prepara una acordada para establecer reglas de aplicación transitorias que permitan poner en marcha el nuevo régimen desde el sábado y hasta que la Legislatura sancione la normativa definitiva.

Además de uno de sus puntos más discutidos, la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, la nueva legislación introduce otros cambios en la forma de abordar los delitos cometidos por adolescentes. El objetivo es priorizar medidas alternativas a la privación de la libertad y reservar el encierro para los casos más graves. En ese marco, el régimen busca favorecer la reinserción de los adolescentes en la sociedad, para lo cual contempla la designación de supervisores que deberán acompañar y controlar el cumplimiento de las medidas impuestas. A su vez, los funcionarios judiciales que intervengan en estos procesos deberán recibir capacitación específica, una preparación que también alcanzará al personal policial y a los demás actores que formen parte del sistema penal juvenil.

Por este motivo, el sistema procesal de la provincia deberá adaptarse a las nuevas reglas. Actualmente, en San Juan, los procesos que involucran a menores se tramitan bajo un sistema inquisitivo mixto, mientras que el Régimen Penal Juvenil establece un esquema de carácter acusatorio, al igual que el que ya funciona a nivel nacional. En la práctica, la Justicia de Menores deberá atravesar una transformación similar a la que tuvo la Justicia de mayores en 2021, cuando comenzó a implementarse en la provincia el Sistema Acusatorio, con nuevos roles para fiscales, jueces y defensores y una modificación en la forma de llevar adelante los procesos.

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El Gobierno de San Juan, junto con la Corte de Justicia, está trabajando en un proyecto de ley que contemple todas estas situaciones. La Asesoría Letrada de la provincia ya tiene un primer borrador preparado y las partes intervinientes deberán hacer una devolución la próxima semana, con el objetivo de presentar el mismo a la Cámara de Diputados antes de que termine septiembre.

Según explicó en el programa La Picada el asesor letrado de la provincia, Alejandro Ferrari, el nuevo sistema procesal penal juvenil contempla una estructura judicial especializada para intervenir en las causas en las que estén involucrados adolescentes. San Juan ya cuenta con jueces de menores y equipos especializados que trabajan en este tipo de situaciones, pero la nueva normativa exige una estructura específica y una mayor cantidad de magistrados. Actualmente hay tres jueces que pueden intervenir y, según explicó Ferrari, se prevé sumar al menos tres más. Esto responde también a la necesidad de garantizar las instancias de revisión, ya que algunos delitos requieren la conformación de tribunales de tres integrantes y, al mismo tiempo, las apelaciones deben quedar en manos de otros magistrados.

Dentro de esa estructura especializada no se prevé la creación de una Cámara Penal Juvenil específica. Las apelaciones serían resueltas por otros magistrados especializados, mientras que la Corte de Justicia mantendría su intervención como tribunal de casación. La idea es que quienes participen en las distintas etapas del proceso tengan especialización en materia penal juvenil, desde la aprehensión y la investigación hasta el juzgamiento y la ejecución de las medidas.

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La especialización también alcanza a la Policía. El nuevo régimen establece que el personal que intervenga en la aprehensión y contención de adolescentes debe contar con formación específica. En San Juan se prevé la conformación de un escuadrón especializado para intervenir en estos procedimientos. A esto se suma la intervención de equipos técnicos y profesionales que ya trabajan en el ámbito de minoridad y que podrían continuar cumpliendo funciones dentro del nuevo esquema.

Otro de los elementos que incorpora el sistema es la figura del supervisor. Se contempla el nombramiento de al menos cinco supervisores, que tendrán a su cargo el seguimiento y control de los adolescentes sobre los que se dispongan medidas. La estimación es que no necesariamente sean abogados, dado que se busca un perfil orientado al acompañamiento y seguimiento. Todavía se encuentra en discusión de qué estructura estatal surgirán esos funcionarios y de quién dependerán.

El procedimiento también contempla medidas complementarias a la privación de la libertad y mecanismos destinados a evitar que el adolescente permanezca privado de su libertad durante períodos prolongados. Entre las herramientas previstas aparecen el seguimiento estatal, la continuidad o finalización de los estudios, la capacitación laboral, la práctica deportiva y el tratamiento psicológico. El objetivo es que la intervención tenga un carácter socioeducativo y apunte a la reinserción del adolescente en la sociedad.

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La privación de la libertad queda reservada para casos extremos. Cuando sea necesaria, además, deberá cumplirse bajo condiciones diferenciadas respecto del sistema de adultos. La nueva normativa establece que los adolescentes no pueden compartir alojamiento con personas mayores de edad.

En ese sentido, San Juan ya trabaja en la adecuación de espacios específicos. El Instituto Nazario Benavidez fue remodelado y se están realizando obras complementarias para dejarlo en condiciones de alojar a adolescentes varones que deban ser privados de su libertad. Para las adolescentes mujeres se busca acondicionar otro espacio. Según explicó Ferrari, el lugar destinado a los varones está encaminado, mientras que todavía se trabaja en la alternativa para las chicas. Si fuera necesario, la Provincia contempla incluso la posibilidad de alquilar un inmueble para garantizar el alojamiento separado.

El régimen también establece pautas específicas para las situaciones en las que un adolescente sea aprehendido y trasladado a una comisaría. La intervención policial deberá realizarse bajo un esquema diferenciado del de los adultos y con personal especializado, mientras que la posterior intervención judicial quedará en manos de los funcionarios y magistrados capacitados en materia penal juvenil.

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La Corte de Justicia trabaja en la publicación de una Acordada que establecerá de manera provisoria cómo se aplicará el nuevo régimen dentro de la estructura procesal actual de la provincia.

La Acordada será el puente entre la entrada en vigencia del régimen nacional y la sanción de la normativa procesal provincial. Mientras San Juan no tenga su propia Ley Procesal Penal Juvenil, la Corte establecerá de manera provisoria cómo se tramitarán las causas, qué jueces intervendrán y cómo funcionarán las distintas instancias dentro de la estructura judicial existente.

En principio, el documento será firmado este jueves y tendrá que salir publicado en el Boletín Oficial antes del viernes, ya que el sábado 5 entra en vigencia la nueva ley.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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