Once agentes penitenciarias irán a juicio acusadas de golpear y maltratar a dos internas en Córdoba
Las imputadas enfrentan cargos por vejaciones, lesiones leves, omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica por hechos ocurridos en la cárcel de Bouwer durante 2025
Las imputadas enfrentan cargos por vejaciones, lesiones leves, omisión de deberes de funcionario público y falsedad ideológica por hechos ocurridos en la cárcel de Bouwer durante 2025.
La Justicia de Córdoba resolvió elevar a juicio la causa contra once agentes del Servicio Penitenciario provincial acusadas de golpear y maltratar a dos internas alojadas en el Establecimiento Penitenciario Nº 3 de Bouwer, en hechos ocurridos durante noviembre de 2025.
La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11, que concluyó la etapa de investigación y consideró reunidas las pruebas necesarias para avanzar hacia el debate oral.
Las imputadas son Johana María Elizabeth Agüero Martínez, Nancy Belén Ávila, Mariana Geraldine Britos, Aylen Macarena de Lourdes Brizuela, Dalma Milena Cabrera, Mariel Ledezma, Micaela Soledad Vera, Mariana Villafañe, Carina Soledad Villarruel, Jessica Solange Vocos y Sandra Celina Ybañez, quienes enfrentan distintos grados de participación en los hechos investigados.
De acuerdo con la acusación, las agentes habrían sometido a dos detenidas a agresiones físicas y malos tratos dentro del establecimiento carcelario, incumpliendo su obligación legal de resguardar la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad.
Las funcionarias fueron imputadas por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves calificadas, en concurso ideal, además de omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la investigación permitió reconstruir la mecánica de los hechos e identificar a las presuntas responsables. El proceso contó con la colaboración del propio Servicio Penitenciario provincial, lo que facilitó la recolección de pruebas, las detenciones de las imputadas y el secuestro de elementos vinculados a la causa.
Con la elevación a juicio, será un tribunal el que determine las responsabilidades penales de las acusadas en un caso que vuelve a poner el foco sobre las condiciones de detención y el trato hacia las personas privadas de libertad dentro de los establecimientos penitenciarios de la provincia.
Fuente: El Esquiú
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