Otro paso hacia el "blindaje judicial" de Tapia y Toviggino: la asesora de un juez clave avanzó a la terna para un juzgado estratégico

Sospechas en los tribunales federales

María Pérez Cárrega, colaboradora directa del consejero K Alberto Lugones, logró ascender del puesto 12 a la terna definitiva para cubrir el Juzgado Penal Económico N°10

El andamiaje judicial que rodea a las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un movimiento estratégico que generó fuertes suspicacias en los pasillos de los tribunales federales. María Pérez Cárrega, estrecha colaboradora del juez y consejero de la Magistratura de extracción kirchnerista Alberto Lugones, logró un meteórico ascenso en el orden de mérito de un concurso clave, logrando ingresar a la terna definitiva de postulantes para cubrir la vacante en el Juzgado Penal Económico N°10. La relevancia de este juzgado no es menor: es la dependencia que concentra la investigación patrimonial más sensible contra el presidente de la entidad madre del fútbol, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.

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El proceso de selección de Pérez Cárrega encendió las alarmas debido a la drástica modificación en las calificaciones tras las entrevistas personales, una instancia tradicionalmente utilizada para reconfigurar las ternas de forma discrecional. Inicialmente, la postulante se ubicaba en el duodécimo puesto del orden de mérito técnico, computando 150,20 puntos y encontrándose relegada detrás de otros ocho aspirantes con mejores calificaciones objetivas.

Sin embargo, tras las entrevistas presenciales ante la Comisión de Selección, el consejero Diego Barroetaveña, quien casualmente renunció a la Comisión de Ética de la AFA a principios de este año, elaboró un dictamen determinante. En su informe, Barroetaveña justificó el ascenso de Pérez Cárrega argumentando que poseía un "perfil integral" y una "especial capacitación en perspectiva de género". El dictamen fue aprobado por cinco consejeros clave, entre los que se destacaron el propio Lugones y el viceministro de Justicia de la Nación, Santiago Viola. Posteriormente, tras la designación del candidato que lideraba la lista (Labadens) en otro tribunal, la asesora escaló posiciones hasta quedar consolidada en la terna final junto a los postulantes Márquez y Latino.

La urgencia del oficialismo del fútbol por incidir en el nombramiento de este juzgado radica en el mapa de causas penales que acorralan a la dirigencia. El Juzgado Penal Económico N°10 tiene bajo su órbita la denominada "causa de la mansión de Pilar", un expediente que investiga el origen de los fondos utilizados para la adquisición de una fastuosa propiedad vinculada a las máximas autoridades de la calle Viamonte.

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Dicha investigación fue el centro de una feroz disputa de competencia territorial y material entre diferentes magistrados, una batalla legal que recientemente fue resuelta a favor del fuero Penal Económico. En la actualidad, el juzgado es subrogado de forma transitoria por la jueza Verónica Straccia, quien deberá abandonar el despacho inmediatamente una vez que el Poder Ejecutivo nacional y el Senado convaliden el pliego del nuevo juez definitivo surgido del concurso en cuestión.

El avance del pliego de Pérez Cárrega coincide con una seguidilla de fallos favorables para la conducción de la AFA, que incluye la revocación de los veedores estatales y el aval a la extensión del mandato de Tapia hasta el año 2029.

A pesar de que el binomio compuesto por Tapia y Toviggino acumula 21 expedientes judiciales abiertos por presuntas irregularidades administrativas, impositivas y de manejos de fondos, hasta el momento solo registran un único procesamiento firme en los tribunales.

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Para los analistas del ámbito judicial, la eventual designación de una funcionaria ligada directamente a los sectores políticos que componen el Consejo de la Magistratura en el juzgado que instruye su causa más peligrosa representa un paso fundamental en la estrategia de "blindaje judicial" de la conducción del fútbol argentino, garantizando un recambio de magistrados afín a sus intereses antes de que la investigación patrimonial ingrese en etapas de definiciones procesales complejas.

Fuente: El Esquiú

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