Otro revés judicial para Janina Ortiz: irá a juicio por amenazas contra dos empleadas de Las Heras

La jueza Dolores Ramón confirmó el avance del expediente por amenazas coactivas. La investigación está vinculada a la grabación de un exfuncionario.

La diputada suspendida está acusada por presuntas presiones contra dos trabajadoras de Las Heras. Dolores Ramón confirmó la elevación.

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La diputada provincial suspendida Janina Ortiz irá a juicio por amenazas coactivas en la causa que investiga las presiones que habría ejercido contra dos empleadas de la Municipalidad de Las Heras durante su paso por la Secretaría de Gobierno.

La jueza Dolores Ramón resolvió la elevación a juicio de la exfuncionaria, quien había sido imputada formalmente en junio de 2024.

El expediente, identificado como P-63.716/23, se originó a partir de la denuncia de dos trabajadoras municipales y tiene como uno de sus elementos centrales una grabación realizada al entonces subsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart.

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La diputada suspendida, Janina Ortiz, irá a juicio por las causas de peculado y amenazas coactivas.

La acusación sostiene que, entre agosto y septiembre de 2022, Ortiz habría ordenado a una de las empleadas, mediante una compañera de trabajo, que mantuviera un encuentro sexual con Oyhenart, lo hiciera hablar y grabara la conversación.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la indicación habría estado acompañada por la amenaza de que, si no cumplía con el pedido, tanto ella como la trabajadora que actuó como intermediaria perderían sus puestos en el municipio.

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La grabación finalmente se realizó y tuvo una duración de alrededor de 26 minutos. Su contenido adquirió posteriormente relevancia porque Oyhenart hablaba sobre cuestiones relacionadas con cooperativas que prestaban servicios para la Municipalidad, un asunto que derivó en otra investigación penal.

Ortiz recién pudo ser imputada formalmente en junio de 2024, luego de una serie de planteos judiciales realizados por su defensa. Al presentarse ante la Justicia, rechazó las acusaciones, se declaró inocente y sostuvo que nunca había amenazado a las empleadas para que mantuvieran relaciones con un funcionario ni para que realizaran la grabación.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Gabriel Blanco, quien posteriormente consideró que existían elementos suficientes para solicitar que Ortiz fuera llevada a juicio por amenazas coactivas.

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Entre las pruebas incorporadas también fueron considerados estudios realizados a las denunciantes que, según la acusación, detectaron signos compatibles con estrés postraumático.

Con la resolución de Ramón, la acusación contra la exsecretaria de Gobierno de Las Heras avanzará ahora a la instancia de juicio.

En el mismo expediente también están imputadas las exfuncionarias municipales Patricia Alejandra Rivero y Dana Carolina Murúa, madre e hija, aunque por un episodio diferente al atribuido directamente a Ortiz.

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Rivero se desempeñaba como directora de Relaciones con la Comunidad de Las Heras, mientras que Murúa era supervisora dentro de esa misma área. Ambas quedaron acusadas por coacciones agravadas por el uso de arma de fuego.

La acusación sostiene que las dos habrían intervenido posteriormente para conseguir la grabación que estaba en poder de las empleadas municipales. El episodio investigado habría ocurrido durante una reunión realizada en abril de 2023 en la vivienda de Rivero.

Según la denuncia, durante ese encuentro habría sido exhibida un arma calibre 38 junto con proyectiles mientras se exigía la entrega del audio. A Rivero también se le atribuyó haber hecho una referencia al caso de María Soledad Morales, la adolescente asesinada en Catamarca en 1990, en el marco de la presunta intimidación.

La situación procesal de Rivero y Murúa avanzó por separado de la de Ortiz. Cuando la Fiscalía pidió llevar a juicio a la exsecretaria de Gobierno, las otras dos imputadas no habían sido incluidas en ese requerimiento. Fuentes judiciales señalaron entonces que continuaban dentro del expediente y que la investigación respecto de ellas seguía abierta.

La resolución por las amenazas coactivas se conoció el mismo día en que Ortiz también fue elevada a juicio en la causa de las denominadas "cooperativas truchas" de Las Heras.

En ese expediente, el P-65.010/23, Ramón confirmó la elevación a juicio de todos los imputados. Entre los principales acusados se encuentran Ortiz, el exintendente Daniel Orozco y el exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart, quienes deberán afrontar el proceso por peculado.

El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco.

La investigación tiene como eje contrataciones realizadas por la Municipalidad de Las Heras con la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra durante la gestión de Orozco. El fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli había solicitado en julio de 2025 que el expediente fuera llevado a juicio.

Las dos investigaciones tienen un punto de contacto: la grabación realizada a Oyhenart. Parte de su contenido puso bajo la lupa el funcionamiento de cooperativas que tenían vínculos contractuales con la Municipalidad y terminó derivando en la investigación sobre el manejo de fondos públicos durante la anterior administración de Las Heras

Fuente: Los Andes

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