"Pancitos Caseros": investigan compras fraudulentas, desvío de fondos y uso de recursos públicos

Una investigación judicial puso al descubierto un presunto entramado de corrupción y malversación de fondos montado dentro de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos.

La denuncia penal, presentada e impulsada por la diputada Marcela Pagano, apunta a la derivación de insumos comprados con dinero estatal hacia un emprendimiento privado de catering familiar, la facturación millonaria a través de prestanombres en situación de vulnerabilidad y la adjudicación irregular de contrataciones públicas.

Esquema de las compras fraudulentas y desvío de recursos La hipótesis central tramitada ante la Justicia Federal sostiene que insumos alimenticios de categoría premium comprados para la Casa de Gobierno y la Quinta de Olivos no llegaban a las mesas oficiales, sino que eran desviados directamente para abastecer a "Pancitos Caseros", un servicio privado de catering.

Licitaciones de alimentos a gran escala: Se investiga un pliego para la adquisición de 29.505 kilogramos de carne vacuna, pollo, cerdo y pescado (20.370 kg destinados a Casa de Gobierno y 9.135 kg a la Residencia de Olivos).

Gran parte de esta mercadería no habría ingresado a la Quinta, sino que fue utilizada por el catering privado para comercializarse en eventos de terceros.

Ausencia de controles internos: La dependencia estatal encargada de realizar los pedidos era la misma que recibía la mercadería, firmaba los remitos y gestionaba el pago de las facturas, sin auditorías de stock, existencias ni destino final.

Uso de "prestanombres": Se identificaron contrataciones estatales superiores a 600 millones de pesos a nombre de un jubilado de más de 80 años en situación de extrema vulnerabilidad social, residente en un barrio carenciado y sin patrimonio ni vivienda propia.

Uso de personal del Estado para fines privados: Empleados civiles de la residencia presidencial eran obligados a prestar tareas para la empresa privada de catering.

Se aportaron como prueba pólizas de seguro de accidentes personales de marzo de 2024, en las cuales trabajadores estatales figuraban registrados como personal de dicha firma comercial.

Los responsables e involucrados en la trama El expediente judicial y los relevamientos de la denuncia señalan una red de vínculos familiares y comerciales dentro de la administración pública: María Belén Agudiez: Ex subsecretaria de Planificación General de la Presidencia de la Nación y funcionaria de confianza dentro de la Secretaría General.

Poseía capacidad de decisión en la tramitación de compras y licitaciones masivas.

Osvaldo Javier Sosa: Pareja de Analía Agudiez y designado como intendente de la Quinta de Olivos.

Decidía las compras de insumos e intervenía directamente en la recepción de la mercadería.

Analía Agudiez: Hermana de la ex subsecretaria y administradora del emprendimiento comercial "Pancitos Caseros".

Franco Castelli: Socio comercial de la familia Agudiez, favorecido con la adjudicación irregular del servicio de jardinería en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada.

A este grupo se le suman otras contrataciones bajo investigación, como la compra directas de carritos de golf marca Melex y gastos millonarios en aromatizantes ambientales de la marca Saphirus, firma vinculada comercialmente a la propia Belén Agudiez.

Las consecuencias políticas, judiciales y administrativas La trascendencia pública de la causa generó un impacto inmediato en la estructura gubernamental y en el fuero judicial: Eyección de funcionarios: El Poder Ejecutivo oficializó la salida de María Belén Agudiez a través del Decreto 1055/2026.

Asimismo, Osvaldo Javier Sosa fue apartado de la intendencia de la Quinta de Olivos.

Causa penal por peculado: La causa es tramitada en el Juzgado Federal N.° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, bajo los cargos de malversación de fondos públicos y peculado de trabajos o servicios.

Militarización y despidos en Olivos: Tras las primeras filtraciones del caso, se dispuso el despido de doce trabajadores civiles de la quinta presidencial y se traspasó el control integral del predio y la seguridad a la Casa Militar.

Eliminación de pruebas digitales: Tras la exigencia de renuncia de las autoridades, las cuentas y redes sociales de la empresa "Pancitos Caseros" —donde figuraba el teléfono comercial de la exsubsecretaria— fueron borradas de internet