¿Para consumo local o sólo de paso?: Tucumán bate récords en el secuestro de estupefacientes
› El segundo año consecutivo por encima de la tonelada en decomisos de cocaína, en contraste con la baja regional, reabre el debate sobre si la provincia es solo corredor o también centro de acopio.

Entre enero y octubre de 2026, las fuerzas de seguridad secuestraron más de una tonelada de cocaína en territorio tucumano y repitieron, por segundo año consecutivo, el registro histórico alcanzado en 2025. El dato contrasta con la caída del 33 % en los decomisos de esa droga en el resto del Noroeste argentino. Las autoridades provinciales atribuyen el resultado al Operativo Lapacho, desplegado en los límites de la provincia, pero advierten sobre la mutación de las rutas y el aumento de los llamados "vuelos narco". El volumen incautado —y, en particular, el cargamento de 470 kilos interceptado en junio— reabre el debate sobre si Tucumán funciona exclusivamente como corredor de paso o se consolidó también como nodo de acopio y distribución.
El procedimiento que marca el año se registró el 4 de junio sobre la Ruta Nacional 157, en Río Seco. Gendarmería detuvo una camioneta Toyota Hilux que transportaba 449 ladrillos de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 470 kilos 470 gramos y el sello del delfín. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz calificó la investigación como de "gran envergadura" y sostuvo que tanto el volumen como la logística revelan una organización con características de operaciones internacionales. La hipótesis principal ubica el ingreso por vía aérea clandestina —con posible descarga en campos de Catamarca, el sudoeste tucumano o Santiago del Estero— y el posterior traslado terrestre. Junto a la droga se hallaron bidones de combustible, pendientes de pericia para determinar si se destinaban a abastecer aeronaves o a señalizar pistas nocturnas.
El Federalista documentó desde el inicio de la causa que la pesquisa apunta a una red compleja. En un principio quedaron detenidos Marcos Martín Nacif, el conductor, y Rodrigo "Icha" Chávez, vinculado como propietario del vehículo. Luego se sumaron Pablo Abraham Pérez, señalado como organizador logístico, y figuras del clan Catulo (Enrique Santos Catulo y Ernesto Catulo Chamas), junto a otros imputados por posibles ramificaciones de lavado y narcomenudeo, incluido el vínculo con Jorge "Pelaín" Nassif. El cargamento fue incinerado el 14 de julio en Los Vázquez. En septiembre, nuevos allanamientos en Famaillá, Estación Aráoz, Tafí del Valle y Aguilares arrojaron seis aeronaves, más detenciones y refuerzan la tesis del ingreso aéreo.
El récord de 2026 se apoya en una base ya elevada. En 2025, según registros elaborados por La Gaceta a partir de informes de las fuerzas, se secuestraron 1.124 kilos de cocaína —casi un 400 % más que en 2024— y 895 kilos de marihuana. De aquellos 1.124 kilos de cocaína, unos 1.071 habrían tenido como destino final la propia provincia. El dato alimentó la hipótesis de que Tucumán dejó de ser sólo lugar de paso para convertirse en centro de acopio desde el cual se redistribuye hacia otras jurisdicciones. La Ruta de los Valles concentró el mayor aumento de interceptaciones. A octubre de 2025 ya se habían superado los 1.024 kilos, cinco veces más que el mismo período de 2024.
Los procedimientos de menor escala de los últimos meses muestran tanto tránsito como posible abastecimiento local. El 28 de octubre, Gendarmería interceptó en la Ruta Provincial 307, a la altura del mirador de Tafí del Valle, una camioneta que venía de Cafayate (Salta) con destino a Simoca: 48 kilos 350 gramos de cocaína ocultos en un compartimiento acondicionado entre la cabina y la caja de carga. Días antes, un operativo coordinado entre Salta y Tucumán secuestró 53 kilos 724 gramos escondidos en el tablero de un auto, con un vehículo "puntero" interceptado en el puesto de Cabo Vallejo (Trancas). Estos cargamentos se suman a otros menores y a las reiteradas detenciones por narcomenudeo.
En el plano del consumo local, la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP) registró en mayo un procedimiento inusual en el Barrio Sur: 58 pastillas de éxtasis MDMA, ketamina, tusi (cocaína rosa), MDMA granulado y dosis de LSD, junto a $2,6 millones y elementos de fraccionamiento. El Federalista subrayó que la presencia de estas sustancias sintéticas es casi inédita en la provincia, históricamente centrada en cocaína y cannabis, y plantea un posible cambio en los patrones de distribución minorista. Paralelamente, el contrabando de hojas de coca alcanzó en 2025 los 16.125 kilos sólo en manos de la Policía de Tucumán, un mercado ilegal de gran volumen que abastece consumo local y de paso.
El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa sostienen que el Operativo Lapacho —con escáneres, canes y controles en la frontera norte— explica buena parte de los resultados y que las organizaciones mutan sus rutas ante la presión. Jaldo reclamó mayor radarización del norte argentino y advirtió que avionetas con droga llegan a Tucumán después de superar Salta. La provincia impulsó legislación sobre radarización y reclama coordinación nacional, incluida una eventual ley de derribo, competencia que excede lo provincial. El fiscal Vehils Ruiz coincidió en que, antes de discutir derribos, hace falta un sistema efectivo de detección aérea.
Los números no permiten una respuesta unívoca. El grueso de los grandes cargamentos —especialmente el de 470 kilos y varios procedentes de Salta— apunta a tránsito y acopio para redistribución hacia el centro del país. Al mismo tiempo, el porcentaje elevado de cocaína que en 2025 habría quedado en la provincia, el crecimiento del narcomenudeo, la aparición de sintéticos y el volumen de hojas de coca indican que Tucumán también alimenta un mercado local y funciona como depósito intermedio. El segundo año consecutivo por encima de la tonelada, en un contexto de baja regional, sugiere que la presión del Lapacho detecta más, pero no elimina la consolidación de la provincia como nodo relevante del mapa narco del NOA. La investigación del caso de 470 kilos, aún abierta, será clave para precisar cuánto de lo interceptado se destinaba a consumo o fraccionamiento local y cuánto seguía de largo.
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Fuente: El Federalista
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