Paraguay abrirá los celulares de Kueider para reconstruir la ruta del dinero y sus negocios inmobiliarios

La investigación que enfrenta en Paraguay el exsenador nacional Edgardo Kueider por presunto lavado de activos ingresará en una etapa clave el próximo 18 de septiembre, cuando especialistas comiencen a analizar los celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos realizados al dirigente entrerriano, su pareja Iara Guinsel y empresarios paraguayos vinculados con operaciones inmobiliarias que quedaron bajo sospecha.

La medida apunta a reconstruir las comunicaciones y vínculos mantenidos entre los investigados durante casi dos años, desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025, período en el cual la Fiscalía paraguaya intenta determinar cómo se habrían introducido en el circuito económico de ese país fondos presuntamente provenientes de actividades ilícitas cometidas en Argentina.

La pericia está prevista para el viernes 18 de septiembre a partir de las 9 y no estará limitada a las conversaciones de WhatsApp. Los investigadores buscarán mensajes de texto, registros de llamadas, comunicaciones realizadas mediante Instagram y otras aplicaciones de mensajería, además de fotografías, videos, audios y documentos.

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También se intentará recuperar archivos que hayan sido eliminados de los equipos, una posibilidad que podría aportar nuevos elementos sobre operaciones financieras, contactos y eventuales instrucciones relacionadas con los negocios investigados.

La extracción de información buscará establecer las conexiones entre Kueider, Guinsel y cuatro empresarios paraguayos vinculados directa o indirectamente con las operaciones inmobiliarias investigadas.

Dos de ellos son Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, relacionados con las firmas Golsur SA y Desarrolladora Exclusiva PY. Ambos, junto con Kueider y Guinsel, fueron imputados en Paraguay por presunto lavado de activos.

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También serán rastreadas las comunicaciones mantenidas con Carlos Alberto Guasti Cabañas, empresario ligado al Grupo Petra, y Antonio Azouz Baladí, gerente general de la desarrolladora Innova.

La Fiscalía pretende establecer si esas relaciones comerciales formaron parte de un circuito destinado a transformar dinero cuyo origen no podía ser justificado en propiedades inmobiliarias, otorgándole posteriormente apariencia de legalidad.

La causa tiene como antecedente inmediato la detención de Kueider y Guinsel en diciembre de 2024, cuando intentaron ingresar a Paraguay con más de US$ 200.000 sin declarar. Sin embargo, la investigación por lavado terminó extendiéndose mucho más allá de aquel episodio fronterizo.

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Cuando fueron detenidos, Guinsel sostuvo que el dinero pertenecía a Golsur SA, una empresa paraguaya sobre la cual tenía un amplio poder de representación. Sus accionistas eran Torales Benegas y Cousirat.

Para las fiscales paraguayas Luz Guerrero y Verónica Valdez, Golsur habría sido utilizada como una estructura para recibir, administrar e introducir en la economía paraguaya fondos cuyo origen sería ilícito y que, según la hipótesis investigativa, corresponderían realmente a Kueider y Guinsel.

La utilización de la sociedad habría permitido ocultar la propiedad y dificultar la trazabilidad del dinero.

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Los movimientos inmobiliarios detectados constituyen uno de los principales pilares de la investigación.

Según documentación incorporada al expediente paraguayo, Guinsel habría participado durante 2024 de la compra de seis departamentos y seis cocheras en el edificio Innova Las Mercedes de Asunción, por unos US$ 460.000.

Los pagos habrían sido realizados mediante distintos desembolsos en efectivo. La Justicia paraguaya estableció, entre otras operaciones, una seña de US$ 122.000, seguida posteriormente por pagos de US$ 5.000, US$ 250.000, US$ 40.000, US$ 60.000, US$ 30.000 y US$ 55.380.

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La transacción finalmente se deshizo y el dinero fue reintegrado.

La investigación también reconstruyó otro intento de adquisición inmobiliaria que involucró al Grupo Petra, uno de los principales desarrolladores del mercado paraguayo.

Guasti Cabañas declaró que Guinsel había intentado comprar cinco departamentos por aproximadamente USD 600.000 en efectivo, propiedades que serían puestas a nombre de Kueider.

La operación no se concretó porque no se presentó documentación suficiente para justificar el origen del dinero. Ante esa situación, el movimiento fue reportado a las autoridades encargadas de prevenir el lavado de activos.

Las sospechas de los investigadores paraguayos encuentran puntos de contacto con la causa que se tramita en Argentina.

Mientras en Paraguay la mirada está puesta sobre Golsur, en el expediente argentino aparece Betail SA, una sociedad a cuyo nombre quedaron registrados departamentos de lujo en Paraná y que es investigada como una posible estructura utilizada para esconder bienes atribuidos al exsenador.

En la causa que tramita ante el Juzgado Federal de San Isidro, la hipótesis judicial sostiene que esa empresa habría actuado como una fachada para colocar activos y dificultar la identificación de sus verdaderos propietarios.

Por eso, el contenido de los dispositivos electrónicos puede convertirse ahora en una pieza importante para establecer si las operaciones detectadas en ambos países respondían a un mismo mecanismo y quiénes intervenían en cada etapa del movimiento del dinero.

La cantidad de material secuestrado también muestra la magnitud de la pericia. En el allanamiento realizado en el domicilio que ocupaban Kueider y Guinsel fueron incautados cuatro iPhone, otro teléfono celular, un iPad, una notebook y un pendrive.

En la vivienda de Cousirat se encontraron una notebook y dos teléfonos celulares, mientras que durante el procedimiento realizado en el domicilio de Torales Benegas fueron secuestrados una computadora portátil, cuatro celulares, ocho pendrives, una tarjeta de memoria y un disco duro externo.

Sobre esos equipos los especialistas buscarán ahora comunicaciones, documentos y archivos eliminados correspondientes al período comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

El resultado podría permitir determinar no solamente quiénes mantenían contacto entre sí, sino también cómo se negociaron las operaciones inmobiliarias, quién aportaba el dinero y cuál era el verdadero destino de los fondos que quedaron bajo sospecha de la Justicia paraguaya.

Fuente: Primera Edición

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