Parque público y espacio de memoria: las propuestas del peronismo para la cárcel de Devoto

Por: Martín Suárez
@MDSuarez

Por: Martín Suárez

Todo apunta a que el oficialismo porteño desmantele el penal de Devoto, despeje la zona y en ese lugar levante torres edilicias con las históricas empresas aliadas del macrismo. Como contrapunto, desde Fuerza por Buenos Aires proponen modificar el complejo para preservar sectores vinculados con la última dictadura cívico-militar y la Masacre del Pabellón Séptimo. Un 35% para un espacio dedicado a la memoria y los derechos humanos y el resto un Parque Público.

Dado que el predio aún pertenece a Nación, la vía más directa para definir su futuro es una subasta impulsada por la administración de Javier Milei. De concretarse este escenario, lo más factible es que la propiedad se incorpore al lote de más de 180 activos estatales de todo el territorio nacional que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya enajenó o tiene en carpeta para vender.

Una alternativa diferente es el traspaso de las tierras a la órbita porteña como parte de las negociaciones por el convenio de la nueva cárcel de Marcos Paz. El motivo es que la Ciudad invirtió 60 millones de dólares en dicha obra y, hasta la fecha, no existen certezas sobre el mecanismo mediante el cual recuperará esos fondos.

El proyecto de la oposición

Como detalla el expediente 3508-D-2026, presentado en las últimas horas por la legisladora Delfina Velázquez, con la coautoría de Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli y Alejandro Salvatierra. El proyecto propone desafectar el predio de su actual zonificación como Urbanización Futura y establece dos nuevas categorías dentro del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires.

El perímetro delimitado por las calles Bermúdez, Pedro Lozano, Nogoyá y Desaguadero, en Villa Devoto, tiene una superficie de 48.215,5 metros cuadrados y cuenta con 39.185 metros cuadrados edificados.

El documento propone que el 65% del terreno sea incorporado al distrito de Urbanización Parque, mientras que el 35% restante pase a integrar una categoría de Equipamiento Especial denominada "Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex-Cárcel de Devoto".

Para el espacio de la memoria, solo estarían habilitadas obras de restauración y conservación de las estructuras e instalaciones penitenciarias consideradas relevantes para reconstruir la historia del lugar. Exige que el espacio tenga uso público, gratuito y de libre acceso, y prohíbe la enajenación o privatización de cualquier sector del inmueble. Situaciones que el macrismo ejecuta sistemáticamente con empresas aliadas.

Entre los elementos que se propone proteger figuran la antigua planta II, donde se encuentra el Pabellón Séptimo; las plantas V y VI, que alojaron a personas presas políticas; el pabellón 49, identificado por las ex presas políticas como el "pabellón de las madres"; las celdas de emergencia, tortura y castigo; el tanque de agua; el Centro Universitario de Devoto (CUD) y el Hospital Penitenciario Central.

Argumentos y fundamentos de la obra

Es conocido el reclamo histórico de vecinos y vecinas por transformar el predio en un parque público, dado el déficit registrado en la zona. Así como el reclamo de constituirlo como Espacio de Memoria, por la centralidad que tuvo como lugar de detención de presos y presas políticas en el marco del plan sistemático de represión ilegal, secuestro, tortura y desaparición de personas; plan que incluyó el robo de bebés entre los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1976 y 1983 en nuestro país.

Se destaca que el predio se constituyó como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado en 2012, en los términos de la Ley Nacional N° 26.691, la cual tiene por objeto reconocer a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado. Este mismo marco normativo estipula que el Poder Ejecutivo Nacional debe garantizar la preservación de todos estos Sitios, a los fines de facilitar las investigaciones judiciales y garantizar la preservación de la memoria sobre los crímenes de lesa humanidad.

También estipula que el ENA debe coordinar con organismos competentes en el área de promoción y defensa de derechos humanos de las provincias, municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, programas, actividades y acciones comprendidas en el espíritu de esa ley.

Uno de los objetivos principales del proyecto es "preservar tanto las huellas materiales de lo ocurrido como los espacios que puedan resultar relevantes para las investigaciones judiciales", destaca el documento. Asimismo plantea que ex presos políticos, sobrevivientes y familiares de las víctimas puedan continuar realizando recorridas y reconocimientos oculares dentro del predio

El proyecto también destaca la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978. De acuerdo con los fundamentos, ese día murieron al menos 65 personas por asfixia, quemaduras o disparos de efectivos del Servicio Penitenciario Federal. El documento señala que, aunque esa es la cifra reconocida oficialmente, existen estimaciones que elevan el número de víctimas a 100.