Perea, sobre los alcances del acuerdo con la minera Vicuña: : "Estaría incumpliendo mis deberes si flexibilizara controles"

Tras la extensa reunión en la Cámara de Diputados de San Juan, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, defendió el convenio con la empresa Vicuña que prevé un desembolso de 250 millones de dólares para obras de infraestructura. El funcionario calificó el encuentro como una instancia necesaria de consultas antes del tratamiento del proyecto en el recinto, previsto para una sesión especial el próximo miércoles. Perea enfatizó que el acuerdo tiene como fin principal el progreso económico de San Juan y que oponerse al mismo afectaría directamente los intereses locales. Durante la charla con los legisladores, se abordaron las críticas de los bloques Justicialista, San Juan Vuelve y los sectores libertarios, quienes cuestionan la liberación de obligaciones ambientales directas para la empresa y la extensión territorial del pacto.

Respecto a las dudas sobre las normativas ambientales, el ministro aseguró que los estándares no se han flexibilizado y que las exigencias de las Declaraciones de Impacto Ambiental siguen vigentes. La diferencia sustancial radica en que ahora la Provincia administrará los fondos a través de un fideicomiso para ejecutar las obras hidráulicas o de forestación, en lugar de que la empresa decida los tiempos de ejecución. Para facilitar el análisis de los diputados, la comitiva oficial entregó la documentación técnica en formato digital durante la comisión. A pesar de los reparos planteados, algunos legisladores de la oposición y del sector libertario ya adelantaron que acompañarán la iniciativa, que no admite modificaciones y debe ser aprobada o rechazada en su totalidad.

Sobre el impacto del acuerdo, el ministro de Minería señaló que "personalmente digo que va a favor del desarrollo de la provincia".  Respecto a la votación en la Cámara, manifestó que "espero como sanjuanino que se acompañe de todos los sectores porque es para el desarrollo de toda una provincia".  En ese sentido, remarcó que "ir en contra del desarrollo no creo que sea muy bueno para la provincia".

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En cuanto a los controles, advirtió que "en caso de una flexibilización estaría incumpliendo mis deberes de funcionario público". Sobre las normas vigentes, aclaró que "las obligaciones ambientales se mantienen iguales". Explicó el cambio de gestión diciendo que "ahora en vez de decidir la empresa cuándo y cómo, lo decide la provincia y la empresa es la que aporta". Sobre la transparencia de la información, recordó que "las declaraciones de impacto ambiental son documentos que son públicos y son a pedido de parte". Finalmente, sobre el acceso a los datos, indicó que "para evitar la burocracia, hemos entregado en esta comisión un pendrive con la declaración de impacto ambiental".

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Fuente: Tiempo de San Juan

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