Piden 12 años de prisión para el abogado sanjuanino acusado de trata

Este jueves, en el Tribunal Oral Federal (TOF), se llevaron a cabo los alegatos en el juicio contra el abogado penalista Gustavo De la Fuente y su socio John Sebastián Quevedo, ambos acusados de explotar sexualmente a 37 mujeres, es decir, por trata de personas.

Y, en ese marco, el fiscal federal solicitó 12 años de prisión efectiva.El Tribunal está siendo presidido por Daniel Doffo.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal federal Fernando Alcaraz y María Alejandra Mángano (cotitular de PROTEX).

Mientras que en la defensa estuvo compuesta por el doctor Jorge Olivera Legleu y Fernando Castro patrocinando a Gustavo De la Fuente y Gema Guillén -defensora oficial federal- representando a John Sebastián Quevedo.Leída la prueba documental, el fiscal Alcaraz y sus ayudantes expusieron sus alegatos mostrando un PowerPoint el cual estaba estructurado todo su estudio de la causa.

Entre las frases más impactantes que resaltó el fiscal fueron que este caso es una clara explotación de un ser humano en manos de otro.

Así se configura, según la fiscalía, el delito de trata de personas que se está juzgando.El alegato del fiscal Alcaraz expresa que al menos 37 mujeres fueron captadas y acogidas con fines de explotación sexual entre marzo de 2022 y el 3 de julio de 2024, en un esquema que operó de forma ininterrumpida bajo la fachada de la agencia de modelaje webcam "Belle Argentina", con sede en calle Güemes de la Capital.La explotación avanzó principalmente a través de dispositivos electrónicos.

Las víctimas realizaban transmisiones de contenido sexual explícito en plataformas internacionales como Stripchat, Camsoda, Cam4 y Chaturbate, con usuarios que consumían el material a miles de kilómetros de distancia.

El esquema generó ingresos muy importantes para los acusados, que retenían al menos el 50 % de las ganancias, aplicaban multas arbitrarias y obligaban a las mujeres a trabajar incluso enfermas o con el ciclo menstrual, con extensas jornadas y en condiciones deficientes.

Se aprovecharon de la vulnerabilidad económica de las víctimas, muchas de ellas atravesando situaciones agravadas por la pandemia de COVID-19.Otros de los puntos que dijo la fiscalía -también con asesoriamento de María Alejandra Mángano (PROTEX)- es que se trata de un caso de criminalidad organizada, aunque solo dos personas estén acusadas: el abogado Gustavo de la Fuente y el comerciante colombiano John Sebastián Quevedo Medina.

Ambos, según la acusación, integraban la cúspide de la estructura y compartían los beneficios de forma igualitaria.Entre las pruebas exhibidas se encuentran imágenes y publicaciones extraídas del celular de De la Fuente mediante tareas de agente revelador digital.

Allí aparecían denuncias públicas que las propias chicas habían publicado en redes sociales, donde relataban que "la empresa era todo un cuento" y que "se cagaron en las mujeres".También se demostró la existencia de un sistema de reclutamiento muy común en el circuito prostibulario: "Si nos traés a alguien tenés un bono de 10.000 pesos".

Mensajes hallados en los teléfonos hablan por sí solos: "Hola gus tengo dos chicas para entrar a la empresa" decía la chica, a lo que el abogado respondía "Si están dos meses, 10.000 por cada una".

El número de "Bell Argentina" estaba asociado directamente a Gustavo de la Fuente.La fiscalía probó, además, el transporte de una mujer desde La Rioja hasta San Juan: Quevedo la recibió en la terminal y la llevó a la sede de Belle Argentina.

En conversaciones con las víctimas, Quevedo manifestaba frases de control como "eso lo sabemos vos y yo".En los allanamientos se secuestraron 19 contratos firmados únicamente por las víctimas.

Según la fiscalía, nunca se había visto en un caso de explotación que las propias víctimas firmaran contratos; estos documentos se utilizaron para dar apariencia de legalidad y proteger a los imputados.

De la Fuente, como abogado de la estructura, sabía de esta maniobra.Diez días después de los allanamientos del 13 de septiembre de 2023 en otras provincias, De la Fuente le envió un audio a Quevedo: "Vamos complicados con las denuncias de estas pelotudas".

Era una clara muestra de preocupación y de la intención de protegerse ante las denuncias que ya comenzaban a surgir.El MPF también dio su punto de vista a la postura de las defensas.

Donde en audiencias previas se pudo ver cuando el letrado Fernando Castro, sostuvo que Gustavo de la Fuente (su cliente) era solo un asesor legal de la empresa y que las mujeres no estaban obligadas ni privadas de su libertad, tal como viene sosteniendo desde el inicio del debate Tiempo de San Juan.

Según este argumento, las víctimas ingresaron por voluntad propia y ante una situación económica desfavorable, sin que mediara coacción ni retención de documentación.Juicio de trata de personas contra el abogado penalista y su socio: las audiencias previasLa recta final y las posibles condenasSi se considerada acreditada la explotación consumada y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, la fiscalía podría solicitar una pena de entre 8 y 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Como novedad reciente de la causa, De la Fuente recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud en los últimos días, pese a la oposición fiscal.El modus operandi: promesas en dólares y control logísticoLa organización operó presuntamente entre marzo de 2022 y julio de 2024 bajo el nombre de "Belle Argentina", ubicada en calle Güemes, Capital.

La captación se realizaba vía Facebook, prometiendo elevados ingresos en dólares y seguridad a mujeres en situación de extrema precariedad económica (agravada por la pandemia de COVID-19).El control sobre las víctimas no requería cadenas físicas, sino asfixia económica y logística: Retenciones e infracciones: Se quedaban con el 50% de las ganancias y aplicaban multas arbitrarias por "cansancio" o "llegadas tarde".

Monopolio del consumo: Las mujeres eran inducidas a comprar su comida en un drugstore propiedad de Quevedo (licuando sus ganancias) y enviadas a una única clínica y a un mismo gimnasio.

Vínculos de poder: De la Fuente utilizaba sus propiedades inmobiliarias para alquilárselas a las víctimas.

En algunos casos, se investiga la exigencia de favores sexuales a cambio de vivienda o la propuesta de integrar un circuito de prostitución VIP presencial.El muro del silencio y las víctimas invisiblesEl nivel de coacción psicológica quedó evidenciado en la dificultad para obtener testimonios.

De un listado de 30 jóvenes citadas por la Justicia, solo una de 18 años (que se negó a participar tras descubrir el verdadero rubro de la agencia) se presentó a declarar de manera presencial.Por la gravedad del caso, la Justicia implementó una medida inédita para la modalidad webcam: el uso de la Cámara Gesell para evitar la revictimización de cinco mujeres adultas.

Sus perfiles exponen la vulnerabilidad que la red buscaba explotar: Mujer de 21 años: Llegó buscando contención.

Aunque facturaba altos montos, el dinero volvía a De la Fuente en concepto de alquiler.

Tras el allanamiento, quedó en la calle y dependió de mercadería estatal para comer.

Mujer de 44 años: Víctima de violencia de género y asfixiada económicamente, firmó un contrato por dos años debiendo costear su propio vestuario.

Madre de 30 años: Trabajaba exclusivamente de noche para ocultar la actividad a su familia y poder cuidar a sus hijos de día.

El "descarte" comercial: Una mujer de 30 años cuyo físico no encajaba en los estándares de la agencia fue relegada a tareas de limpieza.

Al momento del allanamiento, dormía en una minúscula habitación del búnker solo con una cama.La estrategia de la defensa: el escudo del "consentimiento"La defensa técnica, conformada por los doctores Fernando Castro, Jorge Olivera Legleu y la defensora oficial federal Gema Guillén, busca desarmar el delito de trata argumentando que se trató de un simple conflicto laboral.Su estrategia se apoya en que las mujeres: No mantenían encuentros físicos presenciales con los clientes.

Gozaban de libertad ambulatoria y tenían un franco semanal.

Conocían la naturaleza del trabajo (contenido para adultos)."Si no te gustaba, te ibas", es la premisa defensiva.

Sin embargo, los especialistas del programa de rescate y la psicóloga forense explicaron que el consentimiento estaba viciado por el hambre, la falta de alternativas y el control total de los imputados, lo que anula cualquier presunta libertad de elección en víctimas de trata estructural.Los números del despojo: millones ilícitos vs precariedad absolutaLas auditorías de Gendarmería Nacional y la SIFRAI (Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos) expusieron la magnitud del negocio: Ingresos internacionales: Los clientes pagaban 2,90 dólares el minuto en salas privadas.

Ganancias de la agencia: En solo dos años, generaron un capital de $141.000.000, con ingresos mensuales de $6.000.000.

Sumando bienes y registros en negro, el negocio habría movido cerca de $300.000.000.

El contraste de la explotación: Una de las víctimas cobró apenas $27.200 por realizar 114 horas extras sin calefacción ni agua caliente.

Esto equivale a $238 por hora.Frente a esta violencia económico-patrimonial, la SIFRAI ha exigido un resarcimiento histórico que supera los $1.122 millones ($366 millones por ganancia ilícita, $569 millones por lucro cesante y $187 millones por daño moral).

Fuente: Tiempo de San Juan

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