Piden el juicio político al ministro José Sappa por el caso La Recova

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EL DIARIO digital

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En la denuncia se acusa al integrante del Superior Tribunal de Justicia de admitir recursos inviables, reconocer errores graves en sus fallos y negarse a corregirlos, prolongando de forma injustificada un expediente que lleva casi tres décadas sin sentencia firme.

El pasado 18 de septiembre de 2026, la Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados de La Pampa recibió el pedido de juicio político contra el José Sappa, miembro de la Sala "A" del Superior Tribunal de Justicia provincial. La denuncia fue presentada por Liliana Ortiz.

Orti ya presentó otros pedidos de juicios políticos contra Verónica Canpo y Fabricio Losi que fueron rechazados in límine por mayoría. El diputado provincial Maximiliano Aliaga votó porque se inicie la etapa de instrucción del juicio.

El trámite fue oficializado por el Secretario Legislativo, Dr. Juan Manuel Meana, quien constató el cumplimiento de los requisitos del artículo 8º de la Ley Provincial N° 1246. Tras verificar la identidad de la presentante y la autenticidad de su firma (lo únicos requisitos para la presentación), se dio inicio a la actuación legislativa.

La iniciativa solicita aplicar el artículo 110 de la Ley N° 1246 para examinar la conducta del magistrado. La acusación sostiene que las decisiones de Sappa incurrieron en mal desempeño, afectando el debido proceso y las garantías de la parte querellante.

El trasfondo del caso Recova: un litigio de 27 años

La acusación proviene del expediente "Ortiz Elba Liliana c/ Corredera Antonio s/ Desalojo", vinculado a la disputa del inmueble de la Recova. La causa acumula un insólito trámite de 26 años de duración sin lograr la restitución del bien.

En el escrito, la denunciante resalta que lleva más de un cuarto de siglo reclamando el cumplimiento de sus derechos de propiedad y uso frente a un ocupante de mala fe con obligación de restituir. La desmesurada prórroga del pleito es calificada como una privación de tutela judicial efectiva.

Ortiz sostiene que prolongado proceso (con períodos de virtual la parálisis judicial) menoscaba el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Sostiene además que esta postergación desgasta la vida de los reclamantes y convierte a la protección constitucional en una promesa vacía.

Contradicciones y admisiones indebidas de recursos

El eje del pedido de destitución se enfoca en el accionar del ministro Sappa como presidente de la Sala "A" en la resolución del 10 de diciembre de 2025. En ese fallo, el magistrado formuló si resultaba procedente el recurso extraordinario interpuesto por la contraparte según el artículo 261, inciso 2º del C.P.C.C..

La irregularidad señalada consiste en que, si bien el juez Sappa otorgó la admisión "prima facie", al reexaminar los requisitos debió admitir que la presentación no superaba el filtro de admisibilidad. Dicha falta afectó las formas para garantizar la correcta administración de justicia.

Esta falta de entidad técnica fue respaldada por el Procurador General Subrogante, Máximo Paulucci. El fiscal determinó que el recurso del ocupante no debió superar la valla inicial por distorsionar las reglas del debido proceso.

El reconocimiento de un error grosero y la negativa a corregirlo.

El aspecto más controvertido radica en la postura del juez tras detectar la falla procesal. Según la denuncia, el Dr. Sappa reconoció explícitamente en el expediente la existencia de un "error palmario, excepcionalmente grosero y de hecho".

A pesar de admitir semejante falla, el ministro omitió revocar in extremis su resolución mediante el artículo 37, inciso 3º del C.P.C.C.. En lugar de subsanar el error de forma inmediata, la Sala decidió mantener el trámite, profundizando la dilación en el análisis de fondo.

Para la denunciante, esta omisión configura un incumplimiento de las obligaciones del cargo. Al no declarar la inadmisibilidad de plano, el magistrado extendió de forma ilegal un conflicto de larga data.

La presentación concluye detallando que el accionar denunciado vulnera derechos de rango constitucional. Entre las violaciones explicitadas figuran: Duración irrazonable del proceso: Incumplimiento del plazo razonable tras 27 años de juicio; Derecho de propiedad y uso: Afectación directa de los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional; Debido proceso: Violación del artículo 18 de la Constitución Nacional al distorsionar las normas procedimentales.

Con la certificación de la Secretaría Legislativa, la Cámara de Diputados de La Pampa deberá determinar el curso del pedido de juicio político. El caso pone a prueba a las instituciones provinciales frente a un reclamo histórico que exige justicia.