Piden una ley contra el sobreendeudamiento: las propuestas de los consumidores sanjuaninos para frenar los abusos

Ante el aumento de la morosidad, consumidores sanjuaninos piden una legislación que trate específicamente la problemática del sobreendeudamiento en las familias. Desde la asociación Usuarios y Consumidores Unidos de San Juan (UCU) explican que es necesaria una legislación que garantice la reestructuración de las deudas familiares para estabilizar el patrimonio de los ciudadanos bajo medidas razonables.

Diego González, delegado en San Juan de la agrupación de Usuarios y Consumidores Unidos, explicó a Tiempo de San Juan que hay una notable falta de legislación específica que contemple la situación de sobreendeudamiento de los consumidores. "Actualmente, la Ley de Concursos y Quiebras está diseñada principalmente para la cesación de pagos de empresas o personas jurídicas. Aunque un consumidor puede someterse a este régimen, resulta una medida extrema para un patrimonio familiar, donde el objetivo principal debería ser reestructurar las deudas bajo parámetros razonables y no abusivos", dijo el referente.

De esta manera, piden que se discuta una normativa que tenga en cuenta el escenario de morosidad de los sanjuaninos para evitar este contexto y limitar prácticas abusivas. UCU compartió los puntos que debería tener en cuenta una futura legislación diseñada para dar una respuesta a la problémtica. Uno de ellos es el principio de préstamo responsable, el cual, según González, está inspirado en directivas europeas y establece que las entidades financieras no pueden otorgar créditos que superen de forma evidente la capacidad de pago del cliente.

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Otro ítem es la prohibición de débitos automáticos abusivos, cuya finalidad es prohibir las cláusulas contractuales donde el cliente "autoriza" al banco a debitar la totalidad de su sueldo o jubilación para cobrar la deuda. "Estas cláusulas eluden los límites legales de embargo (que en un juicio no pueden superar el 20% del salario) y dejan a los consumidores sin el sustento mínimo. Además, los bancos suelen imputar estos débitos a intereses abusivos en lugar de al capital, haciendo que la deuda sea interminable", detalló.

También, UCU propone establecer un tope para los intereses de refinanciación y prohibir de forma explícita la capitalización de intereses, una práctica que incrementa exponencialmente el monto adeudado.

Por último, indicaron que otro punto de control son los honorarios de estudios de cobranzas. De este modo, la entidad evita que los estudios de cobranza agreguen honorarios abusivos y sin base arancelaria legal a la deuda por el simple hecho de enviar un correo electrónico o hacer una llamada telefónica, cobrando montos equivalentes a los de un juicio completo.

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El endeudamiento dejó de estar asociado a la compra de bienes durables o a gastos extraordinarios y se consolidó en San Juan como una herramienta para intentar cubrir necesidades básicas y cotidianas. En un contexto nacional atravesado por el debate sobre la mora -en la que el presidente Javier Milei desligó al Gobierno al calificar los reclamos como especulación política-, la realidad en la provincia exhibe una dinámica centrada en la subsistencia. Un relevamiento de Amas de Casa del País, junto al análisis del sector de los inquilinos, permite trazar la radiografía sobre para qué se pide dinero, qué deudas se acumulan y cuáles son los gastos que se postergan cuando el ingreso no alcanza.

El estudio de la entidad relevó la situación de 400 personas en la provincia durante junio. De ese total, 301 encuestados -el 75,25%- confirmaron tener deudas al momento de responder. El relevamiento también expuso el nivel de ingresos declarados: el 50,3% afirmó percibir entre $200.000 y $400.000 mensuales, mientras que el 17,7% señaló ingresos de entre $400.000 y $600.000. En tanto, el 12,9% se ubicó en la franja de $600.000 a $800.000, el 8,5% entre $800.000 y $1 millón, y un 10,6% declaró cobrar más de $1 millón.

El dato que mejor sintetiza la distorsión del crédito en los hogares es el destino que los encuestados le dieron al dinero obtenido. La abrumadora mayoría de los participantes indicó haber recurrido al financiamiento para cubrir gastos esenciales de subsistencia, indicó el informe de Amas de Casa.

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Entre quienes respondieron sobre el uso de los fondos, 284 personas -equivalentes al 94%- indicaron que utilizaron el dinero para comprar alimentos. A su vez, 203 encuestados (67,4%) señalaron que lo destinaron al pago de servicios públicos, mientras que 160 personas (53,2%) debieron endeudarse para afrontar gastos de salud.

La lista se completa con los gastos educativos, mencionados por 108 encuestados (35,9%), el transporte (24 personas, el 8%) y otros destinos menores (1%). Los números confirman que el crédito pasó a funcionar como un complemento del salario para llegar a fin de mes.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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