Pidieron hasta seis años de prisión para los imputados en la causa Sueños Compartidos

Entre los imputados están los exfuncionarios Julio De Vido y José López. Les endilgan el delito de defraudación por administración fraudulenta.

José López (exsecretario de Obras Públicas), Julio De Vido (exministro de Planificiación Federal) y Sergio Schoklender (Fundación Madres de Plaza de Mayo)

En el marco del juicio por la causa conocida como Sueños Compartidos, el fiscal general Diego Velasco requirió la pena máxima del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y los hermanos y exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio y Pablo Schoklender. "Es un hecho de gran corrupción no solo por el monto sino por las estructuras administrativas involucradas, por los funcionarios y por el tiempo que duró la maniobra", recalcó. El juicio continuará en agosto.

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"Se creó un sistema de corrupción institucional a través de la manipulación y contratación", sostuvo ayer el fiscal general Diego Velasco en el marco del alegato donde pidió seis años de prisión para De Vido, López, el exsubsecretario Abel Fatala y los hermanos Schoklender. La solicitud se dio en el marco del juicio oral donde se investiga el desvío de 206 millones de pesos que originalmente estaban destinados a la construcción de viviendas sociales, en el marco del proyecto "Sueños Compartidos".

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, el fiscal consideró que los exfuncionarios eran coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y que los hermanos Schoklender fueron partícipes necesarios.

Además, solicitó cuatro años de prisión para los exfuncionarios de Santiago del Estero Daniel y Karina Nasif junto con los exintegrantes de la Secretaría de Obras Públicas Carlos Castellano y Daniel Freidin, todos apuntados como partícipes secundarios de la maniobra.

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El fiscal Velasco, junto al fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet, reclamaron un decomiso de 206 millones de pesos al considerar que se trata del piso mínimo de la maniobra. Indicaron que ese monto deberá ser actualizado mediante el Índice de Precios al Consumidor al momento que quede firme la sentencia.

La jueza Adriana Palliotti, que integra el tribunal junto a los magistrados Horacio Obligado y Adrián Grunberg, comuicó que el debate seguirá el próximo 5 de agosto con el alegato de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

A lo largo de las más de diez horas de alegato, la fiscalía reconstruyó la estructura delictiva que conformaron los acusados desde 2007 hasta 2011, donde desde el Estado Nacional se estipuló que la Fundación Madres de Plaza de Mayo (FMPM) recibiera fondos de manera directa para llevar adelante obras de construcción de viviendas en distintos lugares del país. "Se ha demostrado cómo, a través de un esquema criminal pergeñado desde el Estado, se le adjudicó a la Fundación obra pública, convirtiéndola de la noche a la mañana en una de las empresas más importantes", describió el fiscal Velasco. Remarcó que "ese fin noble" que era solucionar problemas habitacionales se convirtió con el paso del tiempo en todo lo contrario. "Hubo problemas económicos en todas las jurisdicciones y una inmensa cantidad de obras quedaron abandonadas e inconclusas", repasó.

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En ese sentido, mencionó que se pudo probar en la causa que la Fundación recibió extensiones de plazo "sin precedentes", que hubo una "absoluta falta de controles" y que incluso funcionó sin las certificaciones correspondientes. "Se resquebrajaron y violentaron los principios esenciales que regulan la contratación pública", recalcó el fiscal e indicó que se produjo una erogación por "cifras escandalosas" para aquel momento. "Se otorgaron más de 900 millones y se comprobó un desvío de 206 millones, dinero que nunca debían haberse entregado a la Fundación porque nunca tendrían que haberle adjudicado esas obras", reclamó.

Explicó después que se decidió beneficiar a un privado a cambio de "su apoyo irrestricto" en lo social. "Nada era gratis, todo se pagaba y todos obtenían grandes ganancias" indicó y evidenció que no se cumplía ningún control, ni para obtener la obra ni para revisar lo que se había realizado sino que todo era "una pantalla".

Según exhibió el fiscal Velasco, quedó acreditado que tanto Sergio como Pablo Schoklender junto con los funcionarios públicos "orquestaron" la maniobra para sustraer dinero previsto en el presupuesto nacional.

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En ese sentido, indicó que la Secretaría a cargo de López transfirió más de 748 millones de pesos a la Fundación para la ejecución de las obras, lo que se realizó de forma directa y sin pasar por un proceso de licitación. Para ello, se utilizó como fachada el "Programa 50", que permitía la firma de convenios con las provincias y posibilitaba la adjudicación sin pasar por el sistema previsto en la normativa pública. Ello se hizo a pesar de que dicho programa no estaba destinado a la construcción de viviendas y cuando existían diversos planes que sí estaban relacionados con la temática pero que tenían mayores controles y regulaciones.

Señaló entonces que, al analizar el dinero que estaba destinado en el Presupuesto Nacional para ese Programa, se detectó que el 70% de los fondos fueron destinados a la Fundación en el período que va de 2007 a 2011. "La realidad es que el Programa 50 debió llamarse Sueños Compartidos", consideró el fiscal y agregó: "Se realizó una apropiación de recursos ya que se formaron empresas privadas, se adquirieron bienes de privados con esos recursos y se hizo política también".

Mencionó también que, en 2008, se modificó una resolución que había sido dictada solo un año antes que abarcaba y especificaba los requisitos que debían cumplir los convenios que firmaba el Ministerio con el objetivo de "generar menos controles a la Fundación".

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"El Programa 50 fue el marco legal que eligieron por la forma en que se controlaba y se asignaban los recursos y no porque tenía un fin social. Todo se ocultó sobre una falsa creencia de legalidad: gastaron de más y se desvió dinero lo que motivó que no se cumpliera con el fin social, que era la construcción de las casas", resumió.

El auxiliar fiscal Puñet señaló luego que los imputados Freidin y Castellanos, que realizaban el control de los expedientes de obra de la Fundación, también trabajaban en ella. "Estaban en ambas veredas del negocio: mientras desarrollaban tareas directas de control de documentación donde la FMPM era constructora, también trabajaban para ella", puntualizó.

Enumeró después que la Fundación nunca se inscribió en el registro nacional de constructores y que incumplió las obligaciones de pago de aportes de seguridad social. Tras esto, explicó que entre 2007 y 2009 se firmaron convenios entre el Estado, la provincia o municipio donde se iba a llevar adelante la obra, una asociación civil barrial de la zona y la Fundación, que era supuestamente elegida por la asociación para ser la encargada del proyecto.

"Las asociaciones eran una pantalla. Si bien eran las destinatarias de los fondos, la única función era decidir qué constructora usar y siempre se elegía a la Fundación", recalcó el auxiliar fiscal.

"El Programa 50 fue el marco legal que eligieron por la forma en que se controlaba y se asignaban los recursos y no porque tenía un fin social. Todo se ocultó sobre una falsa creencia de legalidad: gastaron de más y se desvió dinero lo que motivó que no se cumpliera con el fin social, que era la construcción de las casas", resumió.

El auxiliar fiscal Puñet señaló luego que los imputados Freidin y Castellanos, que realizaban el control de los expedientes de obra de la Fundación, también trabajaban en ella. "Estaban en ambas veredas del negocio: mientras desarrollaban tareas directas de control de documentación donde la FMPM era constructora, también trabajaban para ella", puntualizó.

Enumeró después que la Fundación nunca se inscribió en el registro nacional de constructores y que incumplió las obligaciones de pago de aportes de seguridad social. Tras esto, explicó que entre 2007 y 2009 se firmaron convenios entre el Estado, la provincia o municipio donde se iba a llevar adelante la obra, una asociación civil barrial de la zona y la Fundación, que era supuestamente elegida por la asociación para ser la encargada del proyecto.

"Las asociaciones eran una pantalla. Si bien eran las destinatarias de los fondos, la única función era decidir qué constructora usar y siempre se elegía a la Fundación", recalcó el auxiliar fiscal.

Daniel Nasif era el titular del Instituto Provincial de la Vivienda de Santiago del Estero. Según la acusación, recibió 30 mil pesos en el marco de una de las obras. Su hija Karina, empleada de la Jefatura de Gabinete de la provincia, habría recibido 15 mil pesos.

Por su parte, Freidin habría recibido dos pagos de 88 y 66 mil pesos y luego tres transferencias de 10 mil pesos cada una. A Castellanos le endilgaron haber cobrado 40 mil pesos en cuatro transferencias.

Fuente: UNO Entre Ríos

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