Pidieron la detención de Diego Spagnuolo por las irregularidades en ANDIS

La solicitud fue realizada ante el juez Ariel Lijo, en el marco de la causa por las presuntas coimas en el área de discapacidad.

Por LM Neuquen29 de septiembre de 20265 min de lectura

La solicitud fue realizada ante el juez Ariel Lijo, en el marco de la causa por las presuntas coimas en el área de discapacidad.

Pidieron la detención de Diego Spagnuolo.

Luego de su procesamiento en la causa por las presuntas coimas en la ANDIS, el abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por las supuestas irregularidades en la entidad.

El pedido realizado al juez federal Ariel Lijo fue "en virtud de los nuevos elementos de convicción incorporados que profundizan las irregularidades denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión", indicó.

El escrito, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, apuntó a los informes en los que "se habrían constatado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con aquellos que habían sido adjudicados".

"No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de ANDIS", sostuvo el texto.

En este contexto, el abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ex funcionario, remarcando su reciente procesamiento por ser considerado el jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos e insumo médicos a determinados laboratorios y empresas con coimas y sobreprecios.

Además, advirtió sobre el posible "peligro de entorpecimiento", la posibilidad de que Spagnuolo "destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba", que "influya para que testigos o peritos" e incluso pidió evaluar el "peligro de fuga".

El fiscal Gerardo Pollicita pidió este lunes una nueva batería de medidas de pruebas en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Luego de que el exfuncionario de Javier Milei entregó la documentación solicitada para responder a las 20 dudas que surgieron de la investigación, el fiscal pone el foco en las operaciones con bitcoins y busca reconstruir su situación patrimonial.

"Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti", dice el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión se enmarca en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exjefe funcionario.

De esta forma, pidió que se investigue cómo creció el patrimonio del exjefe de Gabinete y su esposa "desde el inicio de su vida económica activa" cuando alcanzaron la mayoría de edad.

Entre las principales medidas, solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene el levantamiento del secreto fiscal. En el caso de Adorni, por el período comprendido desde el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011; mientras que el de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000.

En ese sentido, dijo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá entregar la totalidad de las declaraciones juradas presentadas en el impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales y demás gravámenes; los regímenes en los que estuvieron inscriptos y las actividades declaradas; la totalidad de la información de terceros y de los regímenes informativos que registren a su respecto; la eventual adhesión a regímenes de exteriorización voluntaria de moneda, blanqueo o moratoria; y todo otro dato patrimonial, tributario o de ingresos obrante en sus bases. También las operaciones de compra de moneda extranjera de ambos.

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