Planes sociales: cómo sigue la causa que podría aumentar los años de cárcel para los condenados

Un Tribunal de Impugnación reconoció el planteo de la Fiscalía, que consideró la existencia de una asociación ilícita. Los detalles.

El tribunal de Impugnación compuesto por Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno

A partir de la decisión del Tribunal de Impugnación,la causa por la megaestafa con planes sociales dio un giro y los condenados podrían enfrentar penas mayores por el delito de asociación ilícita. Esta figura, planteada por la Fiscalía durante el juicio, había sido descartada por el tribunal, pese a que la condena describía elementos que mostraban la existencia de una organización dedicada a defraudar al Estado.

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El fiscal jefe Pablo Vignaroli celebró la decisión del Tribunal de Impugnación. "Entendimos desde desde que empezamos la investigación que acá había algo más que una maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado, sino que había un grupo de personas que se había organizado y que entre otras cosas estaba cometiendo esta defraudación", afirmó.

En una entrevista con LU5, aseguró que la asociación ilícita es un delito que no depende de si se comete o no un delito (en este caso, de si esta organización tiene éxito o no al desviar fondos de los planes sociales). "Lo que más nos sorprendió y nos animó a impugnar es que cuando leemos la sentencia de condena, los jueces dan por acreditados los hechos que nosotros habíamos presentado", señaló.

"Hablaron de que la maniobra se había llevado adelante a través de un grupo de personas que estaban organizadas, que tenían una organización jerárquica, que permanecieron en el tiempo, que cumplían distintos roles, que era una organización que a medida que las dificultades se iban presentando, su forma de actuar iban mutando y eso nosotros siempre entendimos que era una asociación ilícita", desarrolló.

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Para Vignaroli, la resolución del tribunal tenía una contradicción: "Se hacía una descripción de todos los elementos de la asociación ilícita pero por una cuestión meramente dogmática dijeron que no se había cometido ese delito".

En septiembre de 2025, se presentó el fallo de 398 páginas firmado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, el tribunal de juicio colegiado que llevó adelante el debate oral durante 2025. Aunque describieron una organización armada para financiar una estructura clientelar, absolvieron a los 12 acusados por asociación ilícita "por el beneficio de la duda", al considerar que no se había probado una pluralidad de planes delictivos independientes, solo una única maniobra de fraude continuado.

"Esto nosotros lo planteamos a lo largo de todo el juicio y teníamos esperanzas de que esto se podía revertir en esta intancia. Así fue lo que sucedió", aclaró.

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A partir de la decisión del Tribunal de Impugnación, las penas que recibieron los integrantes de la organización podrían cambiar. Las penas originales por defraudación al Estado se impusieron con un mínimo de un año y un máximo de 6, pero el tiempo de prisión podría llegar a 10 años con este giro en la causa.

"Ahora hay que hay que discriminar a aquellos que fueron considerados jefes de la asoación ilícita, que son cinco personas y determinar una pena que parte de un piso de 5 años y un máximo de 10", expresó el fiscal.

Las cinco personas en la mira son Abel Di Luca, exsubsecretario y luego ministro de Desarrollo Social, Tomás Siegenthaler, coordinador de Administración del Ministerio, Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, Pablo Sanz, exdirector de Administración de Planes Sociales y Marcos Osuna, jefe de Departamento en la Dirección de Planes Sociales.

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"Nosotros lo que vamos a pedir es claramente que se impongan las penas de prisión de cumplimiento efectivo. Esto es algo que fue una postura de la Fiscalía desde un inicio", expresó.

Recordó que, en el marco de la investigación, hubo personas que fueron condenadas al mínimo de pena lícita, de 3 años de prisión en suspenso, a través de distintos acuerdo. "Obviamente era un grupo de personas que dentro de la organización tenían un rol más secundario", dijo y aclaró: "A las que llevamos a juicio era porque entendíamos que tenían un rol más preponderante y por lo tanto tenían una pena que debía superior a los 3 años".

El fiscal aclaró que la necesidad de juzgar un nuevo delito impone nuevos plazos para la Justicia neuquina. De este modo, el Tribunal de Impugnación ofreció un tiempo máximo de 10 días para que todas las partes ofrezcan prueba.

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También se formará un tribunal distinto a que juzgó la causa anterior. Estos nuevos jueces deberán analizar la prueba decidir qué penas se impondrán a las personas ya condenadas por la defraudación.

"Nosotros todavía no hemos decidido, estamos trabajando en en qué prueba vamos a ofrecer y en base a esa prueba vamos a definir qué montos de penas vamos a a solicitar", dijo el fiscal y aclaró: "tampoco sabemos qué postura irán a adoptar los defensores, si irán a a pedir que primero la sentencia de la impugnación sea revisada por una impugnación extraordinaria o no".

Con relación a la posibilidad de desarrollar una nueva investigación, en lo que muchos reclaman como una causa de "Planes Sociales 2", el fiscal jefe aseguró que hasta el momento no han encontrado pruebas de maniobras similares a las que ya se juzgaron con otros subsidios. "O sea, no encontramos ninguna inconsistencia en lo que tiene que ver con los montos pagados y los listados", concluyó.

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Fuente: LM Neuquén

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