Planes sociales: por qué ninguno de los 12 condenados puede ir preso todavía y la historia no se termina
El fallo no está firme y las defensas ya apelan ante el TSJ que podría tomarse un tiempo para resolver. Quiénes son los más perjudicados con la cárcel.
El fallo no está firme y las defensas ya apelan ante el TSJ que podría tomarse un tiempo para resolver. Quiénes son los más perjudicados con la cárcel.
Algunos de los condenados en la etapa probatoria custodiados por la Policía.
Se dio vuelta la causa de los planes sociales en Neuquén con la reincorporación del delito de asociación ilícita al de defraudación en perjuicio de la administración pública, pero eso no significa que la historia esté cerca de terminar.
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Según fuentes judiciales consultadas por LM Neuquén, la causa sigue completamente abierta y ninguno de los 12 condenados podría empezar a cumplir pena en lo inmediato. Es, al menos en teoría, más allá de las presiones que existen desde la política, como una causa "ejemplificadora", donde se dio vuelta una decisión para endurecer las penas, a cargo de otro tribunal.
Todo esto también derivó en una guerra argumentativa de los jueves, muy permeable (aunque no se reconozca) al clima político actual, que es el fin del garantismo. El mismo gobernador Rolando Figueroa pidió, a través del fiscal de Estado Raúl Gaitán, revertir el contenido de la sentencia original, porque de alguna manera el delito que perjudicó a las arcas provinciales, merecía "penas más duras".
El tribunal de Impugnación compuesto por Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno, en la causa de los planes sociales.
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El Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Mauricio Macagno y Liliana Deiub, confirmó la defraudación agravada contra la administración pública, lo que técnicamente constituye lo que se conoce como "doble conforme", además de introducir la asociación ilícita: un juez o tribunal dictó la condena y otro tribunal superior la confirmó. En teoría, esa parte del fallo podría empezar a ejecutarse.
Sin embargo, hay dos motivos que lo frenan. El primero es que la mayoría de las defensas de los 12 condenados va a impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la decisión de los jueces Sommer, Macagno y Deiub, y están dentro del plazo legal para presentarla. Esta causa no es para ansiosos ni para las audiencias que reaccionan en las redes sociales. Los procesos son así, no son automáticos.
Como es una causa compleja, son veinte días hábiles desde el fallo. Mientras ese recurso esté pendiente, la sentencia del Tribunal de Impugnación no está firme.
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El fiscal Juan Narváez y su equipo de Delitos Económicos, que se puso al hombro la causa de los planes sociales.
El segundo motivo es que el propio Tribunal de Impugnación no ordenó ejecutar la pena por el delito de defraudación: dispuso directamente que se realice una nueva cesura (la audiencia donde se fija el monto de la condena) contemplando los dos delitos juntos, defraudación y asociación ilícita. Sin esa nueva cesura, tampoco hay pena firme por ningún delito.
El orden de los próximos pasos sería el siguiente: primero debería expedirse el TSJ sobre si confirma o no lo resuelto por el Tribunal de Impugnación. Recién después de esa resolución se fijaría fecha para la nueva cesura, donde se van a discutir los montos de las penas bajo la nueva calificación legal.
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No hay, por ahora, fecha estimada para esa audiencia. Y según pudo reconstruir este medio, es probable que el proceso ante el TSJ demande varios meses, por lo que no se descarta que la nueva cesura recién se concrete el año próximo.
El TSJ revisará las impugnaciones que presentarán los defensores de los 12 condenados.
La calificación de asociación ilícita trae penas mínimas más altas que las que regían hasta ahora. Para quienes fueron señalados como jefes de la organización, el piso es de 5 años.
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Para quienes fueron calificados como miembros —sin poder de mando— el mínimo es de 3 años, una pena que en principio podría ser condicional si la persona no tiene antecedentes.
De todos modos, ese escenario aparece como poco probable para varios de los condenados. Quienes ya habían recibido penas condicionales por el delito de defraudación difícilmente vuelvan a recibir una pena condicional ahora que se les suma un delito más grave, como es la asociación ilícita.
En la cesura, además, los jueces deberán ponderar atenuantes y agravantes de cada caso, lo que puede modificar el resultado final.
Señalados como jefes de la organización (con poder de mando efectivo y estable sobre otros): Abel Di Luca, exsubsecretario y luego ministro de Desarrollo Social. Tenía 5 años de prisión efectiva; Tomás Siegenthaler, coordinador de Administración del Ministerio. Tenía 5 años de prisión efectiva; Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales. Tenía 5 años de prisión efectiva; Pablo Sanz, exdirector de Administración de Planes Sociales. Tenía 4 años y 6 meses de prisión efectiva; Marcos Osuna, jefe de Departamento en la Dirección de Planes Sociales. Tenía 4 años de prisión efectiva.
El día que se leyó la sentencia de la causa de los planes sociales en dicimebre de 2025.
Y los señalados como miembros (participación activa, sin poder de mando): Luis Gallo, exdirector de Finanzas del área. Tenía 3 años y 6 meses de prisión efectiva; Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería. Tenía 3 años y 6 meses de prisión efectiva; Alfredo Cury, abogado que se defendió a sí mismo. Tenía 3 años y 6 meses de prisión efectiva, como partícipe primario del fraude —un escalón de responsabilidad más bajo que el resto; Laura Reznik, contadora y sucesora de Gallo en Finanzas desde enero de 2022. Tenía 3 años de prisión condicional; Valeria Honorio. Tenía 3 años de prisión condicional; Isabel Montoya. Tenía 3 años de prisión condicional y Emmanuel Victoria Contreras. Tenía 3 años de prisión condicional.
Todas estas penas —fijadas originalmente por los jueces Juan Manuel Kess, Luciano Hermosilla y Juan Guaita— quedaron sin efecto con el fallo del Tribunal de Impugnación y se van a volver a fijar en la nueva cesura, ya con la calificación de asociación ilícita sumada a la de defraudación.
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Fuente: LM Neuquén
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