Podio fiscal: Tucumán aplica una alícuota del 5,8% en Ingresos Brutos y lidera la presión tributaria

El impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) se consolida como la principal fuente de financiamiento propio de las provincias argentinas —representando hasta un 90% de sus recursos de origen provincial y entre 4 y 5 puntos del PBI nacional—, pero a su vez se mantiene como el tributo más cuestionado por su impacto distorsivo sobre la competitividad y los precios al consumidor. Un reciente relevamiento elaborado por la Fundación Libertad ubica a Tucumán en el grupo de jurisdicciones con mayor carga tributaria de la Argentina: con una alícuota promedio del 5,8%, la provincia comparte el podio junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, La Rioja, Río Negro, Salta y Misiones, únicamente por detrás de Catamarca (6,2%), Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén (6%).

La asimetría fiscal resulta aún más pronunciada al analizar sectores clave de la economía local. En el comercio minorista, Tucumán aplica una alícuota máxima del 5%, igualando los niveles más altos del país observados en Buenos Aires, Córdoba y la Capital Federal, y marcando un fuerte contraste con provincias vecinas o de la región como Santiago del Estero (3%), Corrientes (3,3%) y Formosa (3,6%). Especialistas tributarios y entidades industriales como la UIA advierten sobre el denominado «efecto cascada» de este gravamen —que acumula impuestos sobre el precio final en cada eslabón productivo y encarece las exportaciones—, al tiempo que impulsan propuestas de reforma estructural como la sustitución de IIBB por un IVA provincial que grave únicamente el valor agregado sin afectar la recaudación de las arcas subnacionales.

El debate en torno al peso de Ingresos Brutos reaviva la discusión sobre el federalismo fiscal y la autonomía financiera de los estados provinciales. La elevada dependencia de IIBB responde a la necesidad de sostener las cajas locales frente a esquemas de coparticipación heterogéneos, pero genera asimetrías competitivas interprovinciales que penalizan a la actividad comercial e industrial radicada en distritos de alta presión fiscal como Tucumán. La eventual implementación de un tributo al valor agregado de alcance provincial se presenta en la agenda técnica como un mecanismo para neutralizar la acumulación de costos en la cadena de distribución, evitar la exportación de impuestos y dotar de mayor transparencia al sistema impositivo sin resentir la sustentabilidad presupuestaria.

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Fuente: El Federalista

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