Policías acusados de coimas y apremios se negaron a declarar
Dos policías detenidos en Puerto Iguazú se negaron a declarar ante el juez. Están acusados de cobrar coimas a presos para evitar agresiones.

Tras una denuncia, los datos recabados durante la investigación permitieron determinar que dos policías eran los sospechosos de cobrar coimas a detenidos para evitar que fueran agredidos por otros presos. El miércoles fueron arrestados y ayer fueron indagados por el juez.
Se trata de dos suboficiales, un sargento de 44 años que se desempeñaba en la Comisaría Segunda de Puerto Iguazú y un agente de 25 que cumplía funciones en el Comando Radioeléctrico. Ayer fueron trasladados al Juzgado de Instrucción 3 a cargo de Martín Brites para ser indagados por los hechos que se les atribuyen. Ambos se negaron a declarar y el juez ordenó que permanezcan detenidos bajo la imputación de "extorsión", "exacciones ilegales", "cohecho pasivo", "apremios" y "vejaciones".
Este Diario pudo saber que el sargento había sido investigado en una causa por exacciones ilegales, pero fue sobreseído en el 2022, por el beneficio de la duda: "in dubio pro reo".
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Luego de la denuncia que presentó una persona (sobre la cual no trascendieron mayores datos pero sí que tenía una causa por abuso sexual), desde la Comisaría de la Mujer dieron intervención a la Justicia mientras la Jefatura de Policía a través de la Dirección de Asuntos Internos comenzaba las averiguaciones respecto a los dos efectivos pertenecientes a la Unidad Regional V.
La denuncia señalaba que los policías eran los que orquestaban un sistema de recaudación basado en golpes y amenazas ejecutados por presos de más antigüedad que estaban alojados en la División Resguardo de Detenidos, la cual se encuentra en el mismo predio de la Unidad Regional.
El modus operandi consistía en someter a los "nuevos" que arribaban a las celdas y someterlos a golpizas que eran propinadas por los "kapangas" alojados allí.
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Les daban la posibilidad de evitar ser agredidos, evitar ser abusados sexualmente y lograr beneficios como el ingreso de mercaderías y otros elementos al lugar de detención, pero bajo el pago de una suma de dinero.
Los que se encargaban de cobrar la tarifa a los familiares de los internos, según la investigación, eran los dos policías, quienes recaudaban el dinero y una parte se la entregaban a los internos que trabajaban para ellos dentro del lugar de reclusión.
El cobro se realizaba en parte a través de transferencias a billeteras virtuales. Según supo este medio, en un mes detectaron que uno de los policías recaudó dos millones y medio de pesos, sin tener en cuenta que alguno de los pagos pudo haber sido en efectivo y de esa forma indetectable.
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El rastreo de los movimientos de las billeteras solicitado por la Justicia fue clave, dado que permitió avanzar en la pesquisa para fundamentar los cargos contra los policías.
Cabe recordar que ambos fueron apartados de la institución, hecho que fue informado en paralelo con la detención.
Fuente: Primera Edición
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