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Policías sanjuaninos en aprietos: de cuidar la seguridad a cometer delitos

En los últimos días, al menos tres uniformados quedaron en la mira por la presunta comisión de ilícitos. Dos fueron detenidos y otro fue separado de su cargo. ¿Qué pasa cuando los que custodian las leyes las infringen?

Por Tiempo de San Juan5 min de lectura
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Policías sanjuaninos en aprietos: de cuidar la seguridad a cometer delitos
Policías sanjuaninos en aprietos: de cuidar la seguridad a cometer delitos · Foto: Tiempo de San Juan

Insólitamente, en los últimos días en la provincia, al menos tres policías sanjuaninos quedaron en aprietos con la Justicia por la presunta comisión de un delito y, como consecuencia, dos de ellos terminaron detenidos y un tercero fue separado de su cargo. En diferentes situaciones y en contextos externos al cumplimiento de sus labores, fueron atrapados con las manos en la masa y se sumaron a un oscuro listado de las Fuerzas de Seguridad.

Si bien las sospechas por la concreción de ilícitos pueden recaer sobre cualquier persona, pues basta con una denuncia penal para ello, el dato no resulta menor, tratándose de quienes quedaron bajo la lupa, que son -justamente- los encargados de cuidar la seguridad y de que las leyes se cumplan. Por el contrario, habrían cruzado la línea y habrían quedado del otro lado del mostrador.

Lo que comenzó como un allanamiento en busca de objetos robados terminó destapando un escándalo dentro de la propia Policía de San Juan. En una vivienda del barrio Natania XX, en Rivadavia, los investigadores encontraron 28 cubiertas nuevas para autos, camionetas y motos, que, según determinaron, habían sido sustraídas del taller de la División Automotores de la Policía. La pista condujo hasta el cabo Franco Narváez, integrante de ese taller, señalado como quien había llevado los neumáticos hasta la vivienda de un familiar.

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El hallazgo abrió una investigación que apunta a determinar cómo salieron los neumáticos del depósito policial, desde cuándo ocurría la maniobra y si hubo otros integrantes de la fuerza involucrados. Los precintos y números de registro de algunas cubiertas permitieron establecer que pertenecían al patrimonio policial. Cuando los investigadores llegaron hasta el domicilio de Narváez, no encontraron allí los neumáticos ni al efectivo: para entonces, la fiscal Claudia Salica había solicitado su captura. Finalmente, el cabo se presentó voluntariamente ante la UFI Delitos contra la Propiedad y quedó detenido.

El caso golpea particularmente porque el supuesto robo no habría tenido como víctima a un particular, sino a la propia institución encargada de combatir el delito. Mientras un policía tiene entre sus obligaciones custodiar bienes y hacer cumplir la ley, uno de sus integrantes quedó detenido por una maniobra que habría permitido sacar elementos del patrimonio de la fuerza. Y la investigación recién comienza: detrás de esas 28 cubiertas, la Justicia intenta establecer si se trató de un hecho aislado o de una modalidad de "robo hormiga" que pudo involucrar a más efectivos.

El caso de Matías Carrizo tuvo un componente todavía más paradójico. El oficial inspector integra el GERAS y se había convertido en uno de los referentes de la Policía de San Juan en el uso de las pistolas Taser, al punto de haber viajado a Estados Unidos para capacitarse y luego quedar al frente de talleres destinados a instruir a otros policías. Sin embargo, en septiembre fue descubierto en un supermercado de Capital cuando intentaba retirarse con productos que no había pagado. Las cámaras registraron que abonó parte de la compra, pero dejó otros artículos dentro del carro y trató de salir con ellos.

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Los guardias lo interceptaron en la puerta y, ante la intervención policial y judicial, Carrizo reconoció que llevaba mercadería sin pagar. El monto rondaba los 76.000 pesos. El efectivo ofreció abonar los productos y la empresa decidió finalmente no realizar la denuncia, por lo que el fiscal aplicó un criterio de oportunidad y no impulsó una causa penal. Pero el pago no borró el episodio: dentro de la Policía generó malestar por el lugar que ocupaba el efectivo y por el tratamiento que había recibido frente a otros agentes sancionados por faltas similares.

La consecuencia llegó por otra vía. La Subsecretaría de Control de Gestión inició un sumario y la Secretaría de Seguridad dispuso su suspensión preventiva por al menos 30 días, sin goce de haberes, mientras se analiza su situación administrativa. El contraste terminó siendo difícil de ignorar: un policía formado para enseñar a sus compañeros cómo actuar frente a personas que delinquen quedó bajo investigación por una conducta incompatible con esa responsabilidad. La Justicia penal no avanzó por las circunstancias del caso, pero la propia institución entendió que el episodio podía afectar gravemente la conducta y la imagen de quien debía representar a la fuerza.

En Chimbas, la traición ocurrió puertas adentro de una comisaría. Martín Isaías Gómez, de 25 años, aprovechó que su compañero de guardia había dejado la mochila en la Comisaría 17ª, sacó su billetera y se quedó con la tarjeta. Después comenzó un raid de compras por comercios cercanos a la dependencia: realizó cinco operaciones por unos 80.000 pesos, entre ellas gastos en un lavadero, una gomería, un maxikiosco y una cafetería. Las cámaras de seguridad terminaron mostrando al propio policía utilizando la tarjeta ajena frente a los posnet.

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La maniobra quedó al descubierto cuando el dueño de la tarjeta terminó su turno y comenzó a recibir las notificaciones de las compras. Al revisar los movimientos descubrió que todas las operaciones se habían realizado en las inmediaciones de la comisaría y, tras consultar en uno de los comercios, supo que quien había utilizado el plástico era un policía. Gómez fue detenido, las pruebas se acumularon rápidamente y el efectivo terminó reconociendo su responsabilidad. En un juicio abreviado, la Justicia lo condenó a tres años de prisión condicional por hurto simple agravado por su condición de funcionario policial y estafas reiteradas.

La historia tiene una vuelta especialmente incómoda para la fuerza: Gómez no sólo utilizó la confianza de un compañero para apropiarse de sus pertenencias, sino que lo hizo desde el lugar donde debía cumplir funciones policiales. Para entonces ya había sido relegado a tareas de escribiente y no portaba su arma reglamentaria por una falta anterior. Por un botín de 80.000 pesos, terminó con una condena penal y con su carrera policial en riesgo. El caso expone una de las contradicciones más fuertes de estos episodios: quienes reciben autoridad para proteger a los ciudadanos y hacer cumplir las normas también pueden terminar sentados frente a un tribunal por violarlas.

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Separaron de la fuerza y sin goce de haberes al policía sanjuanino que se llevaba mercadería sin pagar

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Fuente: Tiempo de San Juan

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