Por qué la justicia no daría lugar al reclamo territorial de La Rioja contra San Juan

La Legislatura de La Rioja aprobó este viernes el proyecto de ley enviado por el gobernador Ricardo Quintela que busca formalizar un reclamo territorial sobre zonas que actualmente pertenecen a San Juan. La normativa ratifica el rechazo a un acuerdo de límites de 1968, al que califica de nulo por haber sido firmado durante un gobierno de facto, y faculta al Ejecutivo riojano a iniciar gestiones ante el Congreso de la Nación y acciones judiciales para reivindicar su dominio sobre áreas donde se encuentran el proyecto minero Josemaría y el Parque Provincial Ischigualasto.

Frente a esta avanzada, los abogados sanjuaninos Marcelo Arancibia y Oscar Cuadros, consultados por TIEMPO DE SAN JUAN, analizaron el planteo y coincidieron en que la iniciativa carece de sustento jurídico. Ambos expertos sostienen que la discusión sobre los límites provinciales es un tema legalmente cerrado y que la pretensión riojana tiene un trasfondo netamente político para movilizar a la opinión pública interna. Coinciden en que el origen de la ley de 1968 durante una dictadura no es un argumento válido hoy, ya que esas normas fueron validadas por la jurisprudencia y por el propio Congreso Nacional en democracia.

La embestida del riojano se da en un contexto de tensión por los recursos mineros y turísticos de la zona cordillerana. Como antecedente, se registra que la justicia riojana llegó a ordenar el freno de actividades en el proyecto Vicuña, aunque luego hubo un acuerdo temporal. La reacción del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue fuerte, asegurando que la jurisdicción provincial no está en discusión y que los límites rigen hace 57 años con aval del Congreso.

Tanto Marcelo Arancibia como Oscar Cuadros coinciden en que la estrategia de La Rioja carece de fundamentos legales sólidos, aunque cada uno aporta matices específicos sobre por qué el reclamo está destinado al fracaso en los ámbitos legislativo y judicial.

Para Marcelo Arancibia, la movida de Ricardo Quintela tiene una raíz puramente política y busca generar una distracción interna utilizando sentimientos localistas. El abogado sostiene que el planteo de fondo es anacrónico, ya que la discusión de los límites entre provincias es un tema del siglo XIX y no del siglo XXI. "Políticamente me da la impresión de que Quintela debe tener muchos problemas ante la opinión pública riojana como para levantar una bandera chauvinista y movilizar a los riojanos en reclamos que ya han sido cerrados, no solamente entre San Juan y La Rioja, sino en todo el territorio nacional", analiza.

Arancibia remarcó que la Legislatura de La Rioja no tiene potestad para decidir sobre sus fronteras de forma unilateral, ya que esa competencia es exclusiva del Congreso de la Nación, donde el proyecto no tendría ningún eco.

Sobre la validez de la ley de 1968, Arancibia explica que el argumento de la "nulidad de origen" por haber sido dictada en una dictadura no tiene sustento en la jurisprudencia argentina. Al respecto, analiza lo siguiente: "Esa norma de los años 60 ya fue validada por la Corte Suprema. Hay fallos señeros desde la década del 30 que indican que a esas leyes, más allá de que su origen no fuera el Congreso de la Nación, se les reconoce legitimidad, salvo que el propio Congreso las derogue. Por lo tanto, la Corte no puede declarar inconstitucional una ley de esa época por diversos motivos, como la firmeza y porque todas las leyes de la dictadura han sido reconocidas. Yo creo que si La Rioja hace una presentación, la Corte le devolvería el planteo por improcedente".

Finalmente, el abogado advierte sobre el peligro institucional que implicaría que el Congreso aceptara revisar acuerdos de límites tan antiguos. Para Arancibia, el camino elegido por Quintela es inviable porque pretende ignorar décadas de estabilidad jurídica y resoluciones previas del propio Congreso que ya ratificaron los límites actuales. Así, hizo hincapié en la independencia de la Justicia nacional y el peligro de desestabilizar otros límites provinciales si se diera lugar al pedido de Quintela: "Nosotros tenemos que estar muy convencidos de que tenemos la razón constitucional de que no es revisable el tema de los límites entre San Juan y La Rioja. No veo posible que el Congreso de la Nación sancione una ley derogando la de la época de Onganía porque abriría una caja de Pandora en todo el país. Respecto a un posible planteo judicial, la actual integración de la Corte Suprema, con jueces como Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, ha demostrado con diversos fallos que no responde a los intereses de un gobernador o de un presidente. No es la corte menemista; ellos aplicarán la Constitución y lo que ya se ha resuelto en la jurisprudencia en relación a las leyes dictadas durante la dictadura".

Por su parte, Oscar Cuadros define la ley riojana como un gesto simbólico sin consecuencias legales reales fuera de los límites de esa provincia. El constitucionalista sostiene que la discusión jurídica está clausurada desde hace tiempo y que apelar a la invalidez de una norma por su origen de facto es un planteo fuera de época. Según su visión, el sistema legal argentino ya resolvió cómo tratar las normas dictadas fuera de la democracia hace más de 40 años.

En sus declaraciones, Cuadros es muy crítico con la falta de seriedad del reclamo: "Me parece una manifestación más pour la galerie que no apela a instrumentos jurídicos con eficacia real para poner sobre el tapete una discusión que legalmente está cerrada. Discutir el pedigrí de la norma en razón de si fue sancionada en una etapa constitucional o no es una discusión que en la Argentina ya se dio y terminó. Replantear el problema de la validez de esa norma parece una cuestión completamente extemporánea. Una situación en la cual una provincia quiere modificar un acuerdo de límites en función de que un yacimiento minero se encuentra en la otra parece una cosa sinceramente improponible desde un punto de vista sociológico, y muy poco seria".

El experto también aclara que, si bien el Congreso es el encargado de fijar límites, en este caso ya lo hizo y la ley resultante está plenamente incorporada al sistema jurídico. Cuadros concluye que este tipo de maniobras son fuegos de artificio para mantener viva una cuestión que difícilmente pueda ser considerada una discusión actual desde lo jurídico. Para él, el trasfondo es la marginación económica de La Rioja respecto al desarrollo minero, lo que empuja al gobernador a buscar legitimidad mediante un planteo que califica como deficiente y pobre desde el derecho.

Además, Cuadros hace hincapié en que incluso referentes históricos de La Rioja reconocieron legalmente la frontera actual y sugirió que San Juan no debe reaccionar de forma apresurada: "Incluso en las presentaciones que la provincia de La Rioja procuró hacer ante el Congreso de la Nación, como la que hizo el ex senador Carlos Menem en su oportunidad, se reconoció la existencia indubitable de la ley que establece los límites. En todo caso se planteaba alguna modificación, pero no se desconocía la norma. San Juan en este momento, frente a la sanción de una ley local de La Rioja, no tiene que hacer absolutamente nada porque no hay ningún planteo real. Si el día de mañana hay un reclamo efectivo en el Congreso o ante la Corte Suprema, recién ahí se deberá dar una respuesta política o jurídica. Hay un sentimiento en algunos historiadores riojanos que es respetable, pero esta ley es simplemente un fuego de artificio para mantener viva una discusión que jurídicamente ya no es actual".

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Fuente: Tiempo de San Juan

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