Preocupación en la Legislatura por la detención de un contratado en una causa por grooming y abuso sexual

La detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, uno de los nueveinvestigados en una causa por presuntos delitos de grooming y abuso sexual contra dos adolescentes en Villa de María del Río Seco, ubicada al norte de Córdoba, generó preocupación en las últimas horas en la Legislatura de Córdoba, luego de que se conociera que figuraba en la última nómina oficial publicada como personal contratado. En el oficialismo aseguraron que había sido apartado con anterioridad.

El caso provocó malestar dentro del oficialismo y derivó, además, en un pedido de informe de la oposición para que se detalle cuál era la situación laboral de Villarreal, qué funciones cumplía y qué mecanismos utiliza la Legislatura para controlar los antecedentes y la efectiva prestación de tareas de sus contratados.

Según la investigación judicial, Villarreal fue detenido junto con otras ocho personas en el marco de una causa por presuntos delitos sexuales contra adolescentes. La determinación de las responsabilidades y el grado de participación de cada uno de los acusados se encuentra en manos de la Justicia.

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La vinculación de Villarreal con la Legislatura abrió, en paralelo, un frente político después de que enero en 2025 se conociera el caso de la "empleada fantasma de la Unicameral", en la que se investiga al exconcejal y exfuncionario Guillermo Kraisman; y del reciente femicidio de Agostina Vega, en el que tiene como principal acusado al exbecario de la Municipalidad de CórdobaClaudio Barrelier, ahijado político del justicialista Ricardo Moreno.

En laúltima nómina oficial de personal contratado publicada por la Unicameral, correspondiente a mayo de 2026, Villarreal aparece vinculado al legislador departamental por Río Seco, Ernesto Ramón Flores. En esta lista figuran los nombres de los asesores por legislador, bloque, comisiones y direcciones.

Sin embargo, Flores dio una explicación diferente al ser consultado por La Voz. Aseguró que Villarreal no integraba su equipo personal de asesores, sino que había sido contratado para desempeñar tareas en la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba. Y que ya no se desempeña como asistente legislativo.

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"Fue empleado del bloque, pero ya no está vinculado. No era empleado mío, sino del bloque", afirmó Flores.

El legislador aseguró que Villarreal ya no tenía relación contractual con la Legislatura desde antes de que trascendiera públicamente la investigación judicial.

Desde la propia bancada justicialista, sin embargo, dieron una versión distinta. Fuentes del bloque señalaron que Villarreal respondía a la nómina de asesores de Flores, aunque coincidieron con el legislador en que su contrato había finalizado antes de que se conociera el caso.

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La documentación oficial suma otro elemento a esa controversia: hasta la publicación de la nómina de mayo de 2026, Villarreal aparecía ligado al despacho de Flores y no como asistente general de la bancada oficialista.

Según esa información pública, la Legislatura contaba a ese momento con 1.055 contratados de la planta política para asistente a los bloques y comisiones. Con un promedio de cinco contratados directos por parlamentario.

La causa investiga una presunta trama de abuso y explotación sexual que tiene como víctimas a dos adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María del Río Seco. Hasta el momento, la investigación derivó en la detención de nueve hombres mayores de edad, arrestados el viernes 31 de julio y alojados en el complejo penitenciario de Cruz del Eje. Entre los detenidos se encuentra Villarreal, quien figuraba como contratado de la Legislatura de Córdoba.

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La investigación está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, y se inició a partir de la denuncia realizada por la familia de una de las adolescentes, quien había desaparecido de su domicilio. La menor fue finalmente localizada en Sumampa, Santiago del Estero, junto con otra adolescente.

De acuerdo con la investigación, el nexo inicial con las menores se habría establecido a través de servicios de mensajería digital y redes sociales, una modalidad investigada como grooming. Además, algunos de los sospechosos habrían utilizado vehículos de transporte informal para trasladarlas.

A partir del hallazgo de las adolescentes, la causa avanzó sobre una posible trama de posibles delitos delitos de grooming, abuso sexual y promoción o facilitación de la prostitución infantil.

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Tras conocerse la detención y el vínculo contractual de Villarreal con la Unicameral, el bloque de legisladores radicales presentó un pedido de informe para que se esclarezca su situación dentro de la Legislatura.

Entre otros puntos, el radical Miguel Nicolás reclamó que se informe desde qué fecha Villarreal prestaba servicios, cuál era su modalidad de designación, categoría, régimen de contratación y las eventuales renovaciones o modificaciones que tuvo su vínculo laboral.

También solicitó conocer si al momento de responder el pedido continúa vinculado a la Legislatura y, en caso contrario, desde cuándo dejó de prestar funciones y bajo qué situación administrativa.

El planteo de la oposición apuntó, además, a los mecanismos de control. Nicolás pidió saber cuándo fue la última vez que Villarreal presentó un certificado de antecedentes penales y si la Legislatura cuenta con procedimientos periódicos para verificar esos antecedentes entre empleados permanentes, contratados y asesores.

En los fundamentos, el radical aclaró que el planteo no busca avanzar sobre la investigación penal. "La finalidad del presente pedido de informe no consiste en interferir en una investigación judicial ni emitir valoración alguna sobre los hechos objeto de la misma, cuya determinación corresponde exclusivamente a la Justicia", señaló.

La detención de Villarreal causó especial incomodidad dentro del oficialismo porque vuelve a poner bajo la mira las contrataciones de la Legislatura.

El episodio se conoce, además, en un escenario político todavía marcado por el caso de la "empleada fantasma", en el que se investiga la participación del exconcejal Kraisman.

Fuente: La Voz

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