Preocupación por los carreteleros en San Juan: afirman que hubo una suba en los últimos años y cuáles son los departamentos más complicados

La circulación de carretelas tiradas por caballos continúa siendo motivo de preocupación para proteccionistas de animales en San Juan. Las denuncias por ejemplares lesionados, las dificultades para concretar rescates y la falta de controles sobre la actividad forman parte de una problemática que persiste, pese a la presentación de proyectos y a la existencia de ordenanzas que restringen el tránsito de estos vehículos en algunos departamentos.

Consultados por Tiempo de San Juan, Luciano Castro, abogado y proteccionista de animales, y Analía Brizuela, integrante de la ONG Rescate Equino, expusieron sus miradas sobre la situación. Aunque difieren en su percepción sobre la cantidad de carreteleros que hay actualmente, ambos coincidieron en señalar las dificultades para controlar la actividad y atender los casos de maltrato.

Para Castro, la presencia de carretelas en las calles es una situación que genera cada vez más preocupación. Según afirmó, es frecuente ver a personas que utilizan estos vehículos para transportar distintos elementos, como autos, heladeras y lavarropas. También advirtió sobre las condiciones en las que circulan algunos caballos.

Sin embargo, al comparar el escenario actual con el de años anteriores, el proteccionista sostuvo que la cantidad de carreteleros disminuyó considerablemente. En ese sentido, vinculó la reducción con los secuestros de animales que se encontraban en malas condiciones, aunque consideró que las dificultades para mantenerlos bajo resguardo y evitar que regresen a sus dueños complican el trabajo de las organizaciones.

Brizuela, por su parte, describió un panorama diferente. "Yo noto la misma cantidad de siempre", señaló. Además, advirtió que continúa la práctica de alquilar caballos y carretelas para trabajar, una modalidad que ya había denunciado en marzo de 2024.

En aquella oportunidad, la titular de Rescate Equino había alertado sobre el alquiler de estos animales, especialmente en Chimbas, y sobre las consecuencias que podía tener la rotación de trabajadores y la falta de descanso para los caballos. Ahora, sostuvo que no observó cambios significativos en esa situación.

La proteccionista también cuestionó la falta de avances en las iniciativas para regular el sector. Según indicó, distintas instituciones presentaron proyectos a lo largo del tiempo, pero consideró que no hubo suficiente voluntad política para ordenar la actividad.

Al referirse a la distribución de los carreteleros, Brizuela identificó a Rawson y Chimbas como los departamentos con mayor presencia de esta actividad. También planteó que parte del problema se desarrolla fuera de la vía pública, ya que algunos animales permanecen en viviendas de barrios, una situación que, según afirmó, requiere controles de los organismos correspondientes.

Castro, en tanto, señaló que Capital y Rawson cuentan con ordenanzas municipales que prohíben la circulación de carretelas. No obstante, aseguró que esas disposiciones no se cumplen de manera efectiva.

Además, indicó que en Rivadavia se estaría trabajando en una ordenanza para prohibir el tránsito de estos vehículos. De concretarse, se sumaría a las restricciones ya existentes en otros puntos del Gran San Juan.

Brizuela hizo una distinción sobre el alcance de estas normas: sostuvo que, según su interpretación, las ordenanzas prohíben la circulación de las carretelas, pero no necesariamente la actividad en sí misma. Por ese motivo, consideró que las medidas resultan insuficientes si no están acompañadas por controles y acciones concretas.

Uno de los puntos que más preocupa a los proteccionistas es el estado de los animales que son utilizados para tirar de las carretelas. Castro mencionó un caso ocurrido el 9 de julio, cuando una yegua que circulaba con una carreta por la ruta se desplomó tras sufrir una fractura.

El abogado también cuestionó las demoras que, según sostuvo, se producen en algunos procedimientos judiciales vinculados con el secuestro de caballos. Explicó que las organizaciones pueden hacerse cargo de su alimentación y recuperación durante meses, pero que luego los animales pueden ser restituidos a sus propietarios por decisión judicial.

Desde Rescate Equino, Brizuela señaló que las denuncias por sí solas no siempre se traducen en rescates rápidos. Según explicó, muchos procedimientos requieren órdenes de allanamiento para ingresar a los lugares donde se encuentran los animales y retirarlos.

A esa dificultad se suma la capacidad limitada de las organizaciones para recibir ejemplares. La proteccionista indicó que se trata de cientos de animales y que las ONG disponen de espacios para albergar solamente a una parte de ellos.

En ese contexto, remarcó que la responsabilidad de controlar la actividad y actuar ante las situaciones de maltrato corresponde al Estado. Las organizaciones, explicó, colaboran con los rescates y la asistencia, pero no tienen facultades para legislar ni para ejercer el poder de policía.

Ante la presencia de una carretela con un caballo lastimado, desnutrido o sometido a maltrato, Castro recomendó realizar la denuncia y aportar la mayor cantidad posible de información sobre el caso.

Según indicó, se puede llamar al 911 o comunicarse con la comisaría correspondiente. También mencionó la posibilidad de acudir personalmente a la Policía Ecológica o a las áreas de Medio Ambiente para presentar una denuncia.

El proteccionista aconsejó registrar, siempre que sea posible y sin ponerse en riesgo, fotografías o videos que permitan documentar la situación, especialmente si el animal recibe golpes, presenta lesiones o se desploma mientras trabaja. También consideró importante aportar características de la carreta y de las personas que la conducen para facilitar su identificación.

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