Presentan un proyecto para cobrar la universidad y la salud pública a extranjeros no residentes

Tras las repercusiones del Mundial en redes sociales, el oficialismo presentó un proyecto de ley para cobrar las atenciones médicas y la educación a estudiantes extranjeros.

El proyecto busca sentar las bases para una regulación aplicable en todo el territorio nacional.

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El debate por el acceso gratuito a los servicios públicos de salud y educación universitaria para ciudadanos extranjeros sin residencia fija volvió al centro de la agenda política. Luego de los cruces y controversias generados en redes sociales tras la finalización del Mundial de fútbol, el oficialismo avanza con un proyecto para arancelar las prestaciones sanitarias programadas y las carreras de grado a no residentes.

El proyecto busca sentar las bases para una regulación aplicable en todo el territorio nacional, reabriendo la discusión sobre la sustentabilidad de los servicios estatales.

La propuesta se enfoca exclusivamente en personas con categoría migratoria temporal, transitoria o precaria, manteniendo la gratuidad completa para los residentes permanentes.

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Salud pública: Se establece el cobro de consultas, estudios y tratamientos programados en centros de salud y hospitales estatales. La atención médica de urgencia o emergencia continuará garantizada de forma gratuita en todos los casos.

Universidades estatales: Se contempla la implementación de cuotas o aranceles en las carreras de grado para estudiantes internacionales que no posean residencia permanente en el país.

Destino de los fondos: La recaudación obtenida por el cobro de estas prestaciones se destinará de forma directa a la compra de insumos, equipamiento y mejoras edilicias en el sistema público de salud y educación.

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En el ámbito universitario, el marco legal vigente habilita a las casas de altos estudios a fijar aranceles a estudiantes extranjeros, aunque la aplicación concreta depende de la decisión autónoma de cada institución.

En lo que respecta a la atención sanitaria, la implementación a nivel federal requerirá acuerdos con las distintas administraciones provinciales, responsables directas de la gestión y financiamiento de sus sistemas hospitalarios.

Fuente: Diario de Cuyo

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