Preso por su accionar denigrante: un penitenciario sanjuanino tras las rejas acusado de violar y vejar a un interno durante una requisa

Gustavo Alfaro, un miembro de seguridad del Servicio Penitenciario Provincial, este miércoles quedó en la mira por abusar sexualmente de un preso. Este hecho se denunció formalmente en febrero de este año, pasó por un lapso de estudio previo y finalmente, se formalizó. El penitenciario quedó detenido por cometer el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal.

El grave incidente tuvo lugar el pasado 19 de febrero a las 20:50 horas. El interno, identificado a lo largo del proceso judicial con la inicial A., ingresaba al penal de Chimbas luego de gozar de sus salidas transitorias. Como es de rigor, el recluso y sus pertenencias pasaron por la sala de requisa. Tras someterse al escáner de objetos y, posteriormente, al escáner humano, el personal penitenciario detectó lo que presuntamente era un cuerpo extraño en la zona del recto anal del interno.

Ante esta situación, el protocolo del SPP es claro. Según explicó posteriormente un jefe de la institución, se requiere una orden del Juzgado de Ejecución para trasladar al interno al hospital, donde un profesional médico debe realizar la intervención correspondiente.

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Sin embargo, Gustavo Alfaro, quien ejercía como jefe de turno esa noche, decidió omitir por completo las normativas vigentes y el accionar procedió hacia la brutalidad. En lugar de gestionar el traslado, Alfaro obligó al interno A. a desnudarse y a defecar en un balde con la intención de que expulsara el supuesto objeto. Ante la insistente negativa de A., quien aseguraba no llevar nada oculto, el funcionario penitenciario cruzó el límite de la legalidad, introduciéndole los dedos en el ano y, posteriormente, revisando la cavidad utilizando una linterna.

Producto de esta violenta agresión, el interno comenzó a sangrar. Para culminar con la serie de vejaciones, Alfaro obligó a la víctima a lavarse sus partes íntimas con el agua que goteaba de un aire acondicionado.

Recién pasadas las 23:00 horas, y tras la intervención de la jueza de ejecución, el interno fue trasladado a un hospital. Allí, los profesionales médicos le realizaron un tacto rectal, comprobando que no tenía objeto alguno en su cuerpo.

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El velo de silencio se rompió al día siguiente. El 20 de febrero, tras escuchar el desgarrador relato de su hijo, la madre de A. se presentó ante la justicia para radicar la denuncia formal.

Durante la investigación preliminar, se recabaron testimonios fundamentales que complicaron la situación procesal de Alfaro. Por un lado, el compañero de celda de la víctima relató haber visto a A. regresar llorando, muy nervioso y con mucho miedo. Fue en ese momento de quiebre cuando el joven le confesó que el guardia lo había abusado. Por otro lado, la médica de turno declaró que, si bien no presenció el hecho directamente, vio entrar a la sala al jefe de guardia e inmediatamente después comenzó a escuchar los gritos de dolor del interno.

Tras el episodio, A. debió recibir contención psicológica dentro del penal. El informe emitido por un profesional de sanidad del SPP fue contundente respecto al daño sufrido: la víctima presentaba cuadros de angustia, tristeza, vergüenza y un trastorno de estrés postraumático derivado del reciente episodio. A esto se sumó una rueda de reconocimiento, donde A. no dudó y señaló de manera directa a Gustavo Alfaro como su agresor.

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Con estos elementos probatorios, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación bajo una dura calificación legal. El presunto delito y la conducta de Alfaro fueron encuadrados como abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido en calidad de funcionario público, incumplimiento a los deberes de funcionario público y vejaciones, todo en calidad de autor y en concurso ideal.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del penitenciario por el plazo de 3 meses. Los fundamentos del Ministerio Público se basaron en dos peligros procesales latentes. En primer lugar, advirtieron sobre el riesgo de fuga, dada la naturaleza y gravedad del hecho, sumado a una pena en expectativa de cumplimiento efectivo que oscila entre un mínimo de 8 y un máximo de 20 años de prisión. En segundo lugar, remarcaron el inminente entorpecimiento de la investigación si el imputado permanecía en libertad, ante la clara posibilidad de influir sobre los testigos, muchos de los cuales son subordinados o internos del mismo penal.

Por su parte, la defensa técnica de Alfaro, a cargo del abogado Padilla, no se opuso a la formalización ni a los plazos de investigación, pero rechazó tajantemente la presunta comisión de las vejaciones, argumentando que su cliente siempre estuvo a lo que la ley le indicó que hiciera.

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La defensa tildó la solicitud de prisión preventiva como excesiva, indicando que carecía de fundamentos y solo poseía un sustento objetivo. En su lugar, ofreció que Alfaro se sometiera al proceso en libertad, presentándose una vez por mes en la comisaría y acatando una estricta prohibición de acercamiento y contacto con el denunciante y su familia, asegurando que su cliente no se fugaría ni entorpecería la causa.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el Juez de Garantías, Gerardo Javier Fernández Caussi, falló a favor de las medidas coercitivas solicitadas por la parte acusadora, aunque redujo el plazo de las mismas.

El magistrado resolvió dictar la prisión preventiva por el término de 2 meses para Gustavo Alfaro. Para salvaguardar la integridad del propio imputado, dada su condición de miembro de las fuerzas de seguridad, el juez ordenó que la medida cautelar se cumpla en la dependencia de la sección Delitos de la Central de Policía, donde aguardará el avance de esta grave causa judicial.

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Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

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Fuente: Tiempo de San Juan

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