Presupuesto 2027: el Gobierno apura acuerdos y enfrenta reclamos clave para conseguir dictamen

El Gobierno nacional intensificará las negociaciones políticas durante las próximas horas para conseguir el respaldo necesario que le permita avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La meta del oficialismo es alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas y firmar el dictamen el próximo miércoles, como paso previo al tratamiento del proyecto en el recinto, previsto para el 18 de noviembre.

La estrategia apunta a resolver entre el lunes y el martes los principales puntos de desacuerdo. El apuro responde, además, a que la actividad parlamentaria será más limitada durante la primera quincena de noviembre. Desde el oficialismo aseguran que las conversaciones avanzan y que no existen motivos para postergar la firma del despacho, aunque desde los sectores aliados advierten que los tiempos son ajustados.

El cronograma establecido por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, contempla una última reunión informativa el martes a las 11. Todavía resta definir qué funcionario asistirá para responder las consultas de los legisladores. La discusión del dictamen, en tanto, está prevista para el miércoles a las 14.

Las conversaciones en Diputados están encabezadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; y Benegas Lynch. Desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también participa de las gestiones y mantiene contactos con los gobernadores de los espacios que podrían acompañar el proyecto.

La principal condición del Gobierno es que cualquier modificación al Presupuesto respete las metas fiscales, en particular el equilibrio de las cuentas públicas y el superávit primario. Esa postura choca con los pedidos de distintos bloques, que buscan reforzar partidas consideradas prioritarias.

Uno de los puntos en discusión es la jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un aumento interanual del 163%. Parte de esos recursos podría destinarse, según los planteos opositores y dialoguistas, a mejorar el financiamiento de las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad. El Gobierno sostiene que esos fondos deben cubrir compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.

Los bloques de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales reclaman eliminar los artículos 36 al 41 del proyecto, que introducen cambios en la legislación vinculada con discapacidad. También piden recomponer las partidas destinadas a ese sector.

Otra diferencia gira en torno a las asignaciones sociales. Los legisladores que negocian con el oficialismo cuestionan la eliminación del mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, las ayudas sociales y las asignaciones familiares, que actualmente se ajustan de acuerdo con la inflación. Su intención es mantener el sistema vigente.

Las universidades nacionales también forman parte de las discusiones. El proyecto presupuestario prevé una partida de $7,3 billones, mientras que los rectores reclaman cerca de $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema.

A esos planteos se suman los de las 13 provincias que cuentan con cajas jubilatorias propias, que buscan que el Presupuesto contemple las deudas que Nación mantiene con sus sistemas previsionales. Los gobernadores también reclaman fondos para reparar rutas y reactivar obras públicas que permanecen paralizadas desde 2023. Estos pedidos fueron planteados durante la reunión que mantuvieron el 16 de octubre con Santilli.

Además de conseguir un dictamen, La Libertad Avanza deberá construir una mayoría que le permita avanzar en el recinto. El oficialismo cuenta con 95 diputados y necesita al menos 129 presentes para abrir una sesión, por lo que el acompañamiento de sus aliados y de los representantes vinculados a los gobernadores será determinante.

Los bloques más cercanos al Gobierno —PRO, UCR, MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo— reúnen 24 legisladores. La estrategia oficial también apunta a sumar a los nueve diputados de Argentina Federal, vinculados a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua.

En las negociaciones aparecen, además, los tres representantes de Elijo Catamarca, vinculados al gobernador Raúl Jalil, y los tres diputados de Independencia, que responden al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.

El Gobierno también buscará el respaldo de alrededor de una decena de integrantes de Provincias Unidas, espacio que reúne a legisladores de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut.

Con varios frentes abiertos y reclamos que todavía deben resolverse, las próximas horas serán decisivas para el oficialismo. El objetivo inmediato es conseguir las firmas para el dictamen el miércoles y llegar al debate parlamentario de noviembre con los apoyos necesarios para impulsar el Presupuesto 2027.