Preuniversitarios de la UNSJ: cómo es la estrategia legal de los padres para frenar los paros docentes

La situación de los tres colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan -la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario- sigue en medio de una extrema tensión por la acumulación de alrededor de 32 días hábiles sin clases presenciales en lo que va del ciclo lectivo. El escenario más reciente se acaba de dar a partir de un paro de 48 horas convocado por los gremios locales ADICUS y SiDUNSJ, que se cumple sin asistencia a los lugares de trabajo este jueves y viernes.

El reclamo de los sectores docentes exige al Gobierno Nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras en las partidas presupuestarias y una recomposición salarial urgente frente a la devaluación de sus ingresos. Si bien las direcciones de los institutos iniciaron planes de contingencia para readecuar contenidos y priorizar materias esenciales, las familias advierten que las guías y materiales virtuales enviados no compensan la falta de presencialidad en las aulas.

Frente a la pérdida masiva de jornadas escolares, más de 600 familias autoconvocadas, que representan a un universo de unos 3.000 estudiantes de los tres niveles preuniversitarios, decidieron organizarse de forma activa. En un plazo menor a 24 horas, el grupo de padres constituyó un fondo legal de más de 3 millones de pesos destinado a costear un recurso de amparo colectivo en el ámbito judicial. La intención de los aportantes no apuntaba a frenar las medidas de fuerza ya programadas para fines de agosto, sino a consolidar la estructura técnica y legal necesaria para activar la demanda de inmediato ante el anuncio de cualquier próximo paro docente, buscando asegurar la continuidad pedagógica.

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La representación legal de las familias fue asumida por el estudio de los abogados Mariano Domínguez y su socio, Saavedra, quienes se encuentran analizando la estrategia judicial. Domínguez explicó en diálogo con Radio Sarmiento sobre los pasos iniciales que "estamos estudiando las distintas vías legales en las cuales podemos concretamente judicializar esta situación".

El abogado detalló que, dado que los colegios preuniversitarios dependen orgánicamente de la Universidad Nacional de San Juan, que es una institución autónoma, la jurisdicción competente es exclusivamente la del Juzgado Federal. En consecuencia, se descartó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia de San Juan por falta de competencia, mientras que el recurso ante la Defensoría del Pueblo de la Nación se encuentra limitado operativamente debido a que no cuenta actualmente con un titular designado que posea la legitimación judicial correspondiente, dejando en cabeza de los padres la legitimidad para accionar directamente.

La base argumental de la estrategia se asienta sobre la colisión de dos derechos constitucionales: el derecho a la huelga por reivindicaciones salariales y el derecho de los menores a educarse. Al respecto, el abogado patrocinante remarcó que "ningún derecho es absoluto" y que "todos tienen que ejercer en la medida de los derechos de los demás". El planteo legal buscará proteger el desarrollo educativo vinculándolo al principio del interés superior del menor y apoyándose en la legislación nacional reciente que cataloga a la educación como un servicio básico. Esta normativa establece que durante las medidas de fuerza se debe garantizar el funcionamiento de un porcentaje mínimo de la actividad escolar, determinando que no puede dictarse menos del 75% del servicio, un límite que los padres señalan que se incumple de forma sistemática.

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Sobre las acciones procesales específicas, los profesionales evalúan la interposición de un amparo o de otras demandas alternativas. Domínguez puntualizó que "un amparo es una de las cosas que estamos analizando, una de las vías posibles", sumando a la evaluación una presentación por la vía contenciosa administrativa a partir del avance que hayan tenido los reclamos previos formulados en sede administrativa. Las pruebas que sustentarán la demanda se basarán en hechos que revisten el carácter de público conocimiento, tales como el cómputo exacto de los días de clases perdidos por los alumnos de los institutos preuniversitarios de San Juan.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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