Procesan a Espert por lavado de activos y le prohíben salir del país

La Justicia Federal de San Isidro avanzó este jueves 22 de octubre en la causa contra José Luis Espert. El juez Lino Mirabelli lo procesó como presunto autor de lavado de activos y le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país, según fuentes judiciales. 

El expediente investiga el pago de 200 mil dólares que el exlegislador recibió de una firma ligada al empresario aeronáutico Federico "Fred" Machado. Machado fue condenado en Estados Unidos. La resolución también alcanza al contador de Espert. 

En la misma resolución, Mirabelli procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos. También procesó a la sociedad familiar Varianza SA, con un embargo de 500 millones. 

El procesamiento se suma a las medidas cautelares que ya pesaban sobre Espert: la inhibición general y la prohibición de innovar sobre sus bienes y los de su esposa.

La investigación nació de una denuncia de Juan Grabois y tramita en el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro. La pesquisa está delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez.

Según el expediente, los fondos llegaron el 22 de enero de 2020 a una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos y no figuran en las declaraciones ante el fisco argentino.

La fiscalía sostiene que el vínculo con Guatemala fue una pantalla. Según su planteo, Espert nunca viajó a ese país, las explotaciones mineras mencionadas no estaban operativas y no hay pruebas concretas de los servicios profesionales que habría prestado. 

Espert rechaza la acusación. En julio se negó a declarar ante Mirabelli y presentó un escrito, con once correos electrónicos de 2019, en el que sostiene que el dinero corresponde a una contratación profesional real, documentada y anterior a los hechos investigados.

En los últimos días, la Cámara Federal rechazó dos planteos de su defensa y la investigación siguió con las pruebas ya reunidas.

El procesamiento indica que el juez considera que hay elementos suficientes para continuar el proceso penal, pero no es una condena. La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín. Si se confirma, la causa podría avanzar hacia la elevación a juicio oral.

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