Procesaron a cuatro directivos de la Fundación Miguel Lillo por presuntas designaciones irregulares

La Justicia Federal de Tucumán dictó el procesamiento sin prisión preventiva de cuatro autoridades de la Fundación Miguel Lillo. El juez José Manuel Díaz Vélez también ordenó embargos de hasta $15 millones para cada acusado y restricciones para salir del país y portar armas. La causa se inició por una denuncia de APUNT en 2023.

La Justicia Federal de Tucumán avanzó contra cuatro directivos de la Fundación Miguel Lillo por una causa vinculada con la presunta falta de competencia legal para cubrir cargos jerárquicos dentro del organismo científico. El juez federal N° 1, José Manuel Díaz Vélez, resolvió procesar sin prisión preventiva a Francisco Fernando Sassi Colombres, Pablo Holgado, Ricardo Javier Audi Falú y David Alfredo Flores.

La resolución también estableció medidas patrimoniales y personales para los cuatro imputados. Cada uno quedó sujeto a un embargo de hasta $15 millones. Además, ninguno podrá salir del país sin autorización judicial y todos quedaron impedidos de portar armas de fuego de uso particular.

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El expediente se originó en mayo de 2023, a partir de una denuncia presentada por Ángel Hugo Morales, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT).

La presentación cuestionó las facultades de la Comisión Asesora Vitalicia (CAV), órgano de conducción de la Fundación Miguel Lillo, para designar autoridades en puestos de máxima jerarquía. El planteo alcanzó los cargos de Director Ejecutivo, Director General Técnico Administrativo y Director General de Investigación.

La denuncia sostuvo que esos nombramientos debían ajustarse a normas correspondientes al ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En ese marco, APUNT cuestionó que la CAV asumiera facultades para realizar las designaciones.

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La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal N° 2, a cargo del fiscal federal subrogante Agustín Chit, con la intervención de la auxiliar fiscal Julia Vitar. El expediente incorporó auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y distintos informes técnicos y administrativos.

Para el Ministerio Público Fiscal, el cargo de Director Ejecutivo tiene una jerarquía equivalente a la de un subsecretario de Estado. Por ese motivo, su designación corresponde al Presidente de la Nación. En el caso de las direcciones generales, la Fiscalía sostuvo que debía existir autorización de la Jefatura de Gabinete y concursos bajo las reglas del Convenio Colectivo SINEP.

Ese planteo quedó en el centro de la resolución judicial.

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Durante las indagatorias, los cuatro directivos negaron haber cometido delitos y defendieron la validez de sus designaciones.

Sassi Colombres cuestionó de forma directa la acusación. Sostuvo que "la acusación resulta totalmente incorrecta ya que la CAV sí tiene facultad para designar su personal, facultad que deriva expresamente del artículo 3 de la ley 12.935, que se encuentra plenamente vigente y no fue derogada".

Holgado, por su parte, afirmó que "en ningún momento tuve ningún indicio de irregularidad en el procedimiento de selección y de designación del cargo que ocupo actualmente".

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Audi Falú sostuvo que asumió sus funciones "en virtud de un acto administrativo válido de designación, guiado por la buena fe y el cumplimiento institucional".

Flores también rechazó las acusaciones. Explicó que su designación surgió de una convocatoria pública de antecedentes, seguida por una evaluación académica ante un jurado.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la diferencia entre la idoneidad de los funcionarios y la competencia del organismo que efectuó las designaciones.

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Díaz Vélez descartó aplicar el artículo 253 del Código Penal, que contempla el nombramiento de personas que no reúnen los requisitos legales para un cargo. El magistrado entendió que el problema planteado por el expediente no estaba relacionado con la capacidad profesional de los cuatro directivos.

El juez concentró el análisis en si la Comisión Asesora Vitalicia tenía facultades legales para realizar los nombramientos.

Con ese criterio, Sassi Colombres quedó procesado como presunto autor de usurpación de autoridad en concurso ideal con abuso de autoridad.

En el caso de Holgado, Audi Falú y Flores, el magistrado dictó el procesamiento como presuntos autores del delito de usurpación de autoridad.

La resolución también señaló que los cuatro imputados conocían las observaciones formuladas por organismos de control respecto de la legalidad de las designaciones. Según el juez, pese a esas advertencias, continuaron en el ejercicio de las funciones directivas cuestionadas.

El expediente ahora entra en una nueva etapa judicial. Los cuatro directivos seguirán en libertad, pero con las restricciones y medidas patrimoniales que fijó el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán.

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Fuente: El Federalista

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