Productores rechazan los cambios en el INYM que impulsa la Nación

El proyecto de Reordenamiento Normativo que analizará este miércoles el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) abrió un fuerte cuestionamiento de organizaciones de productores, que advierten que los cambios exceden una simplificación administrativa y podrían reducir la capacidad efectiva del organismo para controlar la cadena yerbatera.

El planteo fue formalizado mediante un documento firmado por cinco entidades del sector primario. Según el análisis realizado por las organizaciones, el proyecto elimina normas y herramientas desarrolladas durante años por el Instituto y modifica la forma en que éste obtiene información sobre la actividad.

La discusión tiene como antecedente inmediato la reunión extraordinaria realizada el 15 de septiembre con funcionarios nacionales. El INYM informó oficialmente entonces que se trabaja en un posible convenio con SENASA para articular tareas de ejecución, fiscalización, registro, inspección y control de la materia prima, además de cambios vinculados con trazabilidad y estampillado.

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Entre las normas que, según las entidades, quedarían alcanzadas aparecen regulaciones relacionadas con el Registro de Yerbales, registros de plantas y depósitos, viveros, cosecha mecanizada, movimientos de materia prima, calidad de hoja verde y yerba canchada, inspecciones, muestreos y herramientas del Laboratorio Oficial.

La preocupación de los productores se concentra especialmente en la información.

El proyecto propone que el DTV-e de SENASA pase a constituir una fuente principal de datos para funciones esenciales del INYM. Las asociaciones diferencian la posibilidad de compartir información entre organismos de una eventual dependencia de datos producidos y validados fuera del Instituto.

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La Ley 25.564 asignó al INYM funciones relacionadas con estadísticas, censos y relevamientos sobre producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo, además de la organización de registros de los actores de la actividad.

Las entidades consideran que, si la información primaria pasa a producirse fuera del organismo, los sectores que participan de su Directorio podrían perder capacidad para obtener, verificar y contrastar directamente los datos utilizados para tomar decisiones.

Otro cuestionamiento está dirigido al artículo 8 del proyecto. De acuerdo con el documento de las asociaciones, la disposición facultaría al presidente del INYM a gestionar y aprobar instrumentos necesarios para implementar el reordenamiento, que serían comunicados al Directorio después de su firma.

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Entre esos instrumentos se encontraría el convenio con SENASA que definiría aspectos operativos del acceso a la información. También se contempla que la Presidencia determine posteriormente la finalización del régimen transitorio de declaraciones juradas.

Las entidades consideran que esto supone concentrar capacidad de decisión en la Presidencia al mismo tiempo que se reducen herramientas propias del Instituto.

Productores consultados sumaron otro interrogante: qué efecto podría tener a futuro una reducción de las tareas propias de fiscalización sobre el sistema de estampillas y la Tasa de Inspección y Fiscalización. El proyecto analizado no establece su eliminación, por lo que se trata de una preocupación planteada por el sector y no de una decisión incluida en la iniciativa.

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La reunión de este miércoles tendrá como protagonistas a los representantes que integran el Directorio del Instituto. Las organizaciones reclamaron que los directores de la producción, las provincias y los demás sectores analicen si las herramientas que se propone eliminar resultan necesarias para cumplir las funciones que la legislación todavía mantiene en cabeza del INYM. El documento plantea incluso que una eventual aprobación podría derivar en una nueva discusión judicial acerca de los límites que tiene el propio Directorio para desprenderse de esas capacidades.

El documento, titulado No permitamos el desmantelamiento del Inym desde adentro, lleva la firma del titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Hugo Sand; el presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk; como también el titular de la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay, Antonio Franza; el presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Alfredo Petterson; y el presidente del MAM, Salvador María Torres.

Desde el INYM, en cambio, el proceso fue presentado oficialmente como una estrategia de modernización institucional, orientada a digitalizar expedientes, avanzar en trazabilidad, modificar mecanismos de certificación de la tasa y ordenar el cuerpo normativo.

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La diferencia entre ambas posiciones llegará este miércoles al Directorio. Allí se discutirá no sólo una serie de normas administrativas, sino qué información seguirá generando el INYM, qué controles conservará y qué decisiones permanecerán bajo la órbita de su Directorio.

Fuente: Primera Edición

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