Profesor de taekwondo condenado por abuso sexual en Jujuy

Un profesor de taekwondo fue condenado a nueve años de prisión por abuso sexual de una niña y violencia de género en San Salvador de Jujuy.

A través de un juicio abreviado, un profesor de taekwondo ha sido condenado a nueve años de prisión por delitos sexuales cometidos contra una menor que asistía a sus clases. El fallo se produjo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde se probó que los hechos ocurrieron entre marzo y octubre del año pasado.

El condenado fue declarado autor penalmente responsable de múltiples delitos, incluyendo abuso sexual con acceso carnal agravado, así como violencia de género contra una mujer. Este caso ha puesto de relieve la seriedad de los delitos de integridad sexual en el ámbito educativo.

Los jueces penales Martin de Athayde Moncorvo, Alejandro Máximo Gloss y María Margarita Nallar homologaron el acuerdo de juicio abreviado, que fue formalizado por el Ministerio Público de la Acusación, a través de Pablo Martín de Tezano Pintos, y la querella particular representada por Tamara Fabiana Juárez.

En el contexto del juicio, se evidenció que el profesor abusó de la niña en múltiples ocasiones, aprovechando la confianza que se genera en una relación educativa. Este hecho subraya la importancia de proteger a los menores de cualquier tipo de maltrato por parte de figuras de autoridad.

Además de la condena de prisión, se le impuso al condenado la inhabilitación absoluta para ejercer cualquier función que implique cuidado o educación de menores, por el mismo período de la pena. También se ordenó su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti.

Una vez que la sentencia se considere firme, se llevará a cabo la obtención de su perfil genético para su inclusión en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Esta medida busca prevenir futuros abusos y asegurar la justicia para las víctimas.

El acuerdo también incluyó una compensación económica relacionada con los hechos cometidos, así como el recupero de los costos generados durante la investigación penal. Este aspecto es crucial para garantizar que las víctimas reciban apoyo y reparación por el daño sufrido.