Promesas de casas, contactos políticos y más de $14 millones: cómo funcionaba la presunta estafa que llevó a

La Justicia tucumana le atribuyó cuatro maniobras a María Alejandra Arrieta. La acusación sostiene que se presentaba como empleada de la Legislatura, abogada, gestora o integrante de organizaciones gremiales y prometía viviendas del IPV a cambio de importantes sumas de dinero. En uno de los casos, el contacto surgió durante un viaje en Uber.

Una promesa de acceso privilegiado a una vivienda social terminó bajo investigación judicial. María Alejandra Arrieta, empleada de la Legislatura de Tucumán, quedó bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico por cuatro presuntas estafas que, según la investigación, provocaron un perjuicio superior a los $14 millones.

El expediente está a cargo del fiscal Diego López Ávila, titular de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I. La acusación sostiene que Arrieta habría utilizado su condición de empleada pública y una serie de supuestos vínculos políticos y gremiales para generar confianza entre personas que buscaban acceder a una vivienda.

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La investigación sumó cuatro hechos. Los episodios ocurrieron entre fines de 2022 y agosto de 2026 y tuvieron un punto en común: la promesa de conseguir viviendas o terrenos vinculados con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

El primer episodio se remonta a fines de 2022. Según la acusación, Arrieta se presentó como gestora y afirmó que tenía contactos e influencia dentro del IPV y de la Legislatura.

Con esa supuesta llegada, ofreció conseguir la adjudicación de una vivienda en San Andrés. La víctima entregó $3.150.000.

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La casa nunca fue entregada. Ante los reclamos, la acusada habría dado distintas explicaciones para justificar el incumplimiento. La denuncia llegó a la Justicia a principios de este año.

El segundo caso ocurrió el 10 de noviembre de 2023. Esta vez, según el expediente, Arrieta dijo ser empleada de la Legislatura y abogada vinculada con UPCN.

La propuesta apuntó a una vivienda ubicada en Manantial Sur. La mujer habría solicitado $2,2 millones por el terreno y otros $40.000 para supuestos gastos de escribanía.

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La víctima entregó $1.945.300, de acuerdo con los datos difundidos por otros medios sobre la investigación. La vivienda tampoco apareció y, otra vez, las explicaciones habrían reemplazado a la entrega del inmueble.

El encuentro entre la acusada y la víctima se produjo en un bar de la avenida Sarmiento, entre Junín y Maipú, en San Miguel de Tucumán, según la reconstrucción publicada sobre el expediente.

El tercer episodio ocurrió el 23 de abril de 2026.

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En esta oportunidad, Arrieta habría afirmado que se dedicaba a recuperar viviendas del IPV. Con ese argumento ofreció una casa de Manantial Sur por $4.180.000.

La persona interesada entregó el dinero. La adjudicación nunca se concretó.

Según la acusación fiscal, cuando comenzaron los reclamos, la mujer volvió a utilizar distintas explicaciones para justificar la demora.

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El episodio más reciente tuvo un componente particular. El contacto con la nueva víctima surgió durante un viaje en Uber.

Según la investigación, el 10 de agosto Arrieta le comentó al chofer que se dedicaba a recuperar viviendas sociales que habían quedado sin ocupar. El conductor le contó que tenía un familiar interesado y sirvió de nexo.

Ese mismo día se produjo una reunión en una estación de servicio YPF ubicada en Bulnes y avenida Belgrano. Allí, según la Fiscalía, Arrieta se presentó como abogada y miembro de la CGT.

La supuesta gestora pidió documentación personal y $150.000 para el "armado de carpeta". También estableció un precio para el terreno: $12 millones, con un anticipo de $5 millones.

Al día siguiente, 11 de agosto, hubo otro encuentro en un bar de Maipú 50. Allí la acusada habría asegurado que la vivienda sería adjudicada formalmente en el plazo de un mes.

La víctima entregó los $5 millones.

La investigación incorporó otro dato: Arrieta también habría convencido a otras personas para ingresar al supuesto sistema. Según la acusación, les pidió documentación y consiguió que realizaran transferencias de $150.000 a nombre de su hija. El perjuicio atribuido a este episodio alcanzó los $5.450.000.

El fiscal López Ávila ordenó la aprehensión de Arrieta después de reunir elementos sobre las maniobras. Luego, el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto amplió y reformuló los cargos para incorporar los nuevos hechos.

La Fiscalía pidió 45 días de prisión preventiva.

El planteo tuvo dos fundamentos centrales. El primero fue el riesgo de que la acusada pudiera afectar la investigación mediante amenazas o nuevas promesas falsas. El segundo tuvo mayor peso: la sospecha de que podía continuar con la búsqueda de víctimas pese a las denuncias que ya existían en su contra.

El juez aceptó parcialmente el pedido. No ordenó su alojamiento en una unidad penitenciaria, pero sí dispuso 45 días de arresto domiciliario con pulsera electrónica.

Detrás de los cuatro episodios aparece un elemento común: la necesidad de acceder a una vivienda propia y la supuesta posibilidad de saltear las vías habituales gracias a contactos dentro del Estado.

La investigación sostiene que Arrieta no tenía vínculo con el IPV que le permitiera adjudicar viviendas. Su condición de empleada legislativa, sumada a las identidades que habría utilizado en cada encuentro, habría funcionado como una herramienta para construir una apariencia de legitimidad.

Una fuente judicial citada en la investigación resumió el problema: "Desgraciadamente, la desesperación de muchos termina siendo aprovechada por personas que buscan mecanismos para estafar".

El fenómeno no es completamente nuevo en Tucumán. En 2018, una causa contra una organización de falsos gestores del IPV reunió las denuncias de 65 damnificados. Los denunciantes también afirmaron que los acusados tenían supuestos contactos políticos dentro de organismos estatales.

Ese antecedente permite dimensionar el terreno sobre el cual operan este tipo de engaños: la vivienda social representa una necesidad concreta para miles de familias y cualquier persona que exhiba supuesta llegada al organismo encargado de adjudicarla puede convertirse en una figura creíble para quienes esperan desde hace años una solución habitacional.

La causa contra Arrieta también volvió a poner bajo la lupa la venta ilegal de viviendas sociales y la figura de los falsos gestores.

La Justicia tucumana comenzó a analizar estos casos con mayor atención al contexto de vulnerabilidad de las víctimas. Durante años, este tipo de expedientes podía derivar en investigaciones tanto por estafa como por cohecho, bajo la idea de que quien pagaba para obtener una vivienda también podía estar participando de un mecanismo ilegal.

La mirada judicial incorporó después un análisis más amplio: si la persona que recibe el dinero tiene realmente capacidad para intervenir ante el organismo público o si solo utiliza una apariencia de influencia para quedarse con el dinero de las víctimas.

En el caso que ahora investiga López Ávila, la hipótesis fiscal apunta a la segunda posibilidad.

Por el momento, son cuatro los hechos incorporados al expediente. La Justicia deberá determinar si existen otras personas que entregaron dinero bajo promesas similares y cuál fue el alcance real de las maniobras atribuidas a la empleada legislativa.

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Fuente: El Federalista

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