Proponen habilitar la siembra en terrenos linderos a las rutas y destinar los fondos a los municipios
Un proyecto del bloque radical en la Cámara de Diputados busca regular el uso agrícola de los terrenos fiscales linderos a las rutas provinciales. Además, establece que el 100% de lo recaudado vuelva a las comunidades locales.

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Los diputados provinciales por la Unión Cívica Radical, Sergio Pregno, Hipólito "Poli" Altolaguirre y Gisela Cuadrado, presentaron un proyecto de ley para regularizar y explotar con fines agrícolas las franjas de tierra del dominio público que corren paralelas a la Red Vial Provincial. El objetivo central de la propuesta es transformar esas parcelas ociosas -conocidas popularmente en el campo pampeano como la "Estancia La Larga"- en recursos económicos directos para la reparación de caminos rurales, el equipamiento de bomberos voluntarios y el sostenimiento de las cooperadoras escolares.
La iniciativa faculta a la Dirección Provincial de Vialidad a confeccionar un informe técnico anual para determinar qué superficies son aptas para la siembra y cosecha de cereales, oleaginosas y forrajes. El texto aclara de manera explícita que quedan excluidas las banquinas y cualquier área requerida para la seguridad vial o la infraestructura caminera. Con ese mapeo, los municipios y comisiones de fomento adscriptos podrán adjudicar los permisos productivos mediante licitaciones o concursos públicos.


Las autorizaciones serán de carácter precario, oneroso y por un plazo máximo de un año, con opción a prórroga, reservándose el Estado provincial el dominio absoluto de las tierras. En el proceso de adjudicación, y a igualdad de condiciones técnicas, la ley otorgará prioridad a los productores frentistas y, en segundo orden, a las entidades de bien público de la zona.
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Impacto en las localidades
El aspecto distintivo de la propuesta radica en la distribución de lo recaudado por el cobro del canon agrícola. El esquema prevé que el 40% de los fondos se destine al mantenimiento de la Red Vial Terciaria, un 40% a las cooperadoras de las escuelas locales y el 20% restante a los cuarteles de bomberos voluntarios de la jurisdicción. En los pueblos donde no funcionen estas instituciones, el dinero se reasignará a entidades de bien público del ejido.
Asimismo, la normativa impone estrictas obligaciones para el uso del suelo, como el control de malezas, la prevención de incendios y el resguardo de las obras hidráulicas. Para prevenir incidentes de tránsito, la letra del proyecto prohíbe taxativamente el pastoreo de ganado, la colocación de boyeros o alambrados y cualquier tipo de edificación permanente en esas franjas.
Fuente: El Diario de La Pampa
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