Proponen que las entrevistas a aspirantes a la magistratura y función judicial tengan marco legal

El proyecto, presentado por el diputado Luis Horacio Fadel, propone convertir en ley lo que hoy rige por Reglamento Interno de la Comisión Evaluadora: la transmisión en vivo de las entrevistas y la participación ciudadana en los concursos judiciales.

Actualmente, el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Catamarca ya prevé que las entrevistas a los postulantes sean públicas, se transmitan y se registren mediante un sistema audiovisual. También contempla la participación ciudadana: se invita a la comunidad, colegios profesionales y organizaciones civiles a intervenir en el proceso, y dos preguntas seleccionadas por sorteo se formulan de manera idéntica a todos los postulantes de un mismo concurso. El diputado provincial Luis Fadel presentó un proyecto de ley que busca elevar esas previsiones —hoy sostenidas por una norma interna que la propia Comisión Evaluadora puede modificar— a rango de ley provincial. Según los fundamentos del proyecto, esas garantías "carecen de un marco legal de rango superior que asegure su permanencia en el tiempo", ya que dependen de "resoluciones internas mutables".

La iniciativa se apoya, además, en la Ley provincial N° 5.336 de Acceso a la Información Pública y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho a buscar, recibir y difundir información. Según sus fundamentos, el proyecto le daría a ese marco normativo 'pleno cumplimiento operativo'.

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La iniciativa no se limita a blindar por ley lo que ya se hace: también introduce cambios puntuales al mecanismo vigente. El proyecto reemplaza el actual sistema de transmisión y registro por la obligación de emitir las entrevistas en vivo, directo y simultáneo a través de plataformas estatales abiertas —portales oficiales del Estado provincial, del Poder Judicial y canales institucionales en YouTube u otras plataformas de streaming—, en lugar de depender de canales digitales de empresas privadas.

Otro de los ejes es la creación de un repositorio digital público, gratuito y de acceso irrestricto, en el que los registros audiovisuales deberían estar disponibles dentro de las 24 horas posteriores a cada entrevista. El proyecto prohíbe expresamente que esos archivos sean editados, fragmentados o eliminados, y les otorga carácter de documento público con valor testimonial pleno.

En materia de participación ciudadana, el proyecto formaliza por ley el mecanismo ya vigente: la Secretaría de la Comisión seleccionará mediante sorteo público dos preguntas para que sean formuladas a todos los postulantes de un mismo concurso, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones. También habilita que ciudadanos y organizaciones presenten opiniones fundamentadas no vinculantes sobre los candidatos.

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El texto contempla además situaciones de contingencia técnica: si la transmisión en vivo se interrumpe por fuerza mayor o fallas insubsanables, el acto no se invalida siempre que se garantice después la publicación íntegra del registro. También prevé la incorporación progresiva de herramientas de accesibilidad comunicacional, como la Lengua de Señas Argentina.

En cuanto al financiamiento, el proyecto pone las erogaciones a cargo del Poder Ejecutivo provincial, que deberá proveer soporte técnico, servidores y equipamiento audiovisual utilizando la infraestructura estatal ya existente, de modo que su cumplimiento —según los fundamentos— "no signifique un gasto presupuestario extraordinario". La Comisión Evaluadora, por su parte, quedaría a cargo de la implementación operativa y el control de las transmisiones. El proyecto fija además un plazo de 90 días corridos desde su publicación para que el Poder Ejecutivo y la Comisión realicen las adecuaciones tecnológicas necesarias.

De este modo, la iniciativa de Fadel busca que las condiciones de publicidad, participación ciudadana, transmisión y preservación de las entrevistas dejen de depender de la reglamentación interna del organismo y queden establecidas mediante una ley provincial.

Fuente: El Ancasti

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