Puertos paralizados por un conflicto tras la desregulación del practicaje y ya hay más de 150 buques detenidos

La actividad en los principales puertos del país permanece prácticamente paralizada luego de que el Gobierno nacional pusiera en marcha el Decreto 690/2026, que desregula el servicio de practicaje y pilotaje. La medida generó el rechazo de gran parte de los prácticos, quienes dejaron de aceptar nuevas prestaciones, provocando la detención de más de 150 buques que aguardan autorización para ingresar o salir de las terminales portuarias.

El conflicto comenzó tras la publicación de la norma impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modifica un régimen vigente desde 1991 con el objetivo, según el Ejecutivo, de reducir costos y fomentar la competencia en el sector.

De acuerdo con fuentes de la agroindustria, los barcos no pueden operar porque el servicio de practicaje es obligatorio para las maniobras de ingreso y salida en gran parte de la navegación comercial. Los prácticos son los encargados de asistir a los capitanes durante esos movimientos, especialmente en la Hidrovía y en los accesos a los puertos argentinos.

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La paralización afecta a terminales estratégicas ubicadas en Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, además de Caleta Córdova, en Chubut, un punto clave para el transporte de petróleo hacia las refinerías.

Frente a este escenario, la Cámara Argentina de Energía (CADE) alertó que las operaciones portuarias de las empresas asociadas se encuentran interrumpidas por la falta de prácticos, una situación que podría ocasionar dificultades en el abastecimiento de combustibles debido a demoras en el transporte.

Mientras tanto, la Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen inmediatamente la prestación del servicio. El organismo recordó que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y advirtió que la interrupción podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

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No obstante, desde el Gobierno señalaron que el Ministerio de Trabajo no puede dictar una conciliación obligatoria porque, técnicamente, no existe un conflicto laboral. Los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia ni representación sindical que pueda disponer un paro, por lo que la medida consiste en la decisión individual de no aceptar nuevas contrataciones, aunque continúan realizando los servicios previamente programados.

Qué cambia con el Decreto 690/2026

La nueva normativa crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval, habilita la libre contratación por parte de los usuarios, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación establezca tarifas máximas para el servicio.

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Además, elimina la segmentación geográfica que obligaba al cambio de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía las excepciones para determinados buques respecto de la contratación obligatoria del servicio e incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad en situaciones excepcionales.

La medida despertó preocupación en distintos sectores vinculados a la navegación. Desde la Armada manifestaron inquietudes sobre su posible impacto en la seguridad de las operaciones, mientras que empresas del sector cuestionaron la flexibilización del sistema, al considerar que facilita el ingreso de operadores extranjeros y modifica el esquema tarifario vigente.

Fuente: El Territorio

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