¿Qué cambia con la reforma de la Ley de Tierras Rurales?

El proyecto se denomina oficialmente Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado bajo el expediente PE-13/26. Aunque abarca expropiaciones, desalojos, registros inmobiliarios y manejo del fuego, uno de sus cap�tulos m�s discutidos modifica el r�gimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La discusi�n fue interrumpida el 16 de julio y el Senado resolvi� pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 6 de agosto. El proyecto todav�a no es ley: en caso de obtener la aprobaci�n de la C�mara alta, deber� ser tratado posteriormente por la C�mara de Diputados.

La Ley 26.737, cuya vigencia fue restituida mediante una medida cautelar, fija actualmente un l�mite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales. Ese porcentaje se aplica sobre el territorio nacional, cada provincia y cada municipio o departamento.

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Adem�s, una misma nacionalidad no puede concentrar m�s del 30% del cupo permitido y un mismo propietario extranjero no puede superar las mil hect�reas en la zona n�cleo o su superficie equivalente. La norma tambi�n restringe las adquisiciones de inmuebles que contengan o sean ribere�os de grandes cuerpos de agua permanentes y establece controles especiales en zonas de seguridad fronteriza.

El dictamen de mayor�a emitido en el Senado elimina varios de esos l�mites para inversores privados extranjeros y permite que cada provincia autorice, regule o proh�ba las operaciones dentro de su jurisdicci�n. "El objetivo de esta ley es salir de una visi�n centralista", sostuvo la senadora Patricia Bullrich durante el debate en comisiones.

Sin embargo, las negociaciones continuaron despu�s del dictamen. El �ltimo borrador difundido por medios propone elevar del 15% al 25% el m�ximo de tierras rurales extranjerizadas dentro de cada provincia, aunque esa redacci�n todav�a no fue incorporada a un texto definitivo publicado oficialmente. Tambi�n desaparecer�an los l�mites municipales o departamentales, el tope por nacionalidad y el m�ximo de superficie para cada comprador.

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Los �ltimos datos oficiales disponibles indican que aproximadamente 13,2 millones de hect�reas, equivalentes al 4,97% de la superficie rural argentina, est�n en manos extranjeras. Ninguna provincia supera el l�mite general del 15%, pero m�s de treinta departamentos ya se encuentran por encima de ese porcentaje.

Santa Cruz registra alrededor de 1.905.000 hect�reas extranjerizadas, el 8,11% de su superficie rural. El porcentaje provincial se encuentra por debajo del l�mite, pero la situaci�n cambia cuando los datos se analizan por departamento.

En Magallanes, la propiedad extranjera alcanza el 25,77%, con m�s de 509 mil hect�reas. En G�er Aike, donde se encuentra R�o Gallegos, llega al 12,86%, mientras que Lago Argentino registra un 10,69%.

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La concentraci�n tambi�n aparece en otros puntos de la Patagonia. El departamento L�car, en Neuqu�n, registra un 54,17% de extranjerizaci�n, mientras que Cushamen, en Chubut, alcanza el 22,90%. Estos datos muestran que un promedio provincial bajo puede esconder una concentraci�n elevada en una zona cordillerana o estrat�gica.

Durante su exposici�n ante el Senado, el investigador Mat�as Oberlin Molina se�al� que la Ley de Tierras no fue creada para impedir la llegada de personas que buscan vivir o producir en el pa�s, sino para "restringir desde el exterior el control de nuestros territorios".

El primer riesgo es una mayor concentraci�n de la tierra. Si desaparece el control por departamento, un comprador podr�a acumular grandes extensiones en una zona espec�fica, aunque el promedio total de la provincia permanezca dentro del porcentaje permitido.

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Esto podr�a elevar el precio de los campos y dificultar el acceso de peque�os productores, familias rurales, cooperativas y emprendimientos locales. En localidades con poca poblaci�n y grandes superficies, una sola operaci�n puede modificar el mercado inmobiliario y aumentar el poder econ�mico de un propietario frente a los municipios y las comunidades.

Otro punto sensible es el acceso a lagos, r�os, costas, caminos y zonas de pesca. La adquisici�n de un campo no transforma autom�ticamente el agua o el subsuelo en propiedad privada, pero controlar los terrenos que rodean esos espacios puede dificultar el ingreso p�blico y condicionar su aprovechamiento tur�stico, recreativo o productivo.

Tambi�n se discute el valor estrat�gico de las tierras patag�nicas. Muchas est�n ubicadas cerca de pasos internacionales, reservas de agua dulce, bosques, �reas mineras, yacimientos de hidrocarburos o corredores tur�sticos. Por ese motivo, los cuestionamientos no se centran solamente en la nacionalidad del comprador, sino en la extensi�n adquirida, su localizaci�n y los mecanismos estatales disponibles para controlar la operaci�n.

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La iniciativa tambi�n modifica la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen conserva las restricciones para bosques nativos, �reas protegidas y humedales, pero elimina para otras tierras rurales el plazo de 30 a�os que imped�a venderlas o cambiar su uso despu�s de un incendio. En una regi�n afectada regularmente por incendios forestales y rurales, este cambio suma otra preocupaci�n vinculada con la especulaci�n inmobiliaria.

Los defensores del proyecto consideran que las restricciones nacionales desalientan inversiones y sostienen que cada provincia debe decidir de acuerdo con sus necesidades productivas. Sus cr�ticos advierten que la inversi�n extranjera no garantiza por s� sola empleo, producci�n ni desarrollo local, especialmente cuando la compra tiene fines inmobiliarios, extractivos o de reserva de valor.

El eje del debate, entonces, no pasa por rechazar toda inversi�n extranjera, sino por determinar qu� l�mites deben existir para evitar la concentraci�n, proteger el acceso a bienes comunes y asegurar que el desarrollo territorial beneficie a quienes viven y producen en la Patagonia. (Fuente: El Diario Nuevo D�a)

Fuente: Diario Nuevo Día

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