Qué es el Programa PASE: el plan para que consorcios y oficinas públicas de San Juan diseñen su propia respuesta sísmica

La Legislatura de San Juan comenzó a estudiar un proyecto de ley presentado por el Bloque Bloquista que busca implementar el Programa Provincial de Prevención y Autoprotección Sísmica en Edificios, conocido como PASE. La iniciativa, impulsada por los diputados provinciales Federico Rizo y Luis Rueda, fue presentada formalmente el pasado 24 de agosto. El proyecto tomó estado parlamentario en la última sesión y fue derivado para su análisis técnico a tres comisiones legislativas: Control y Seguimiento Legislativo; Legislación y Asuntos Constitucionales; y Educación, Ciencia, Técnica y Cultura. El tratamiento de esta propuesta se da en medio de la preocupación pública generada por una seguidilla reciente de sismos en distintas partes del mundo y la necesidad de ajustar las conductas en edificaciones colectivas frente a este tipo de emergencias.

Sobre qué movilizó esta iniciativa,  Rueda explicó a TIEMPO DE SAN JUAN que "cuando veíamos los datos de esa encuesta del IOPPS, el desconocimiento que hay, la preocupación que tiene la gente sobre los sismos, los terremotos, nos interesó más este tema. Sobre todo para informar, para generar un proyecto que lleve tranquilidad o seguridad en el caso de que haya un terremoto. Sobre todo por el desconocimiento que hay y el miedo que tiene la gente en torno a estas situaciones".

Los fundamentos del proyecto detallan una serie de premisas que justifican la urgencia de sancionar esta ley. En primer lugar, los autores explican que un sismo puede sorprender a cualquier persona en sus actividades cotidianas, ya sea una familia en un séptimo piso, alumnos en un aula, pacientes en un hospital o trabajadores en una oficina pública. En esos instantes iniciales, saber cómo reaccionar, dónde protegerse y qué acciones evitar es fundamental para reducir riesgos de lesiones o muertes. También recuerdan que San Juan aprendió a construir mejor a partir de las catástrofes de su propia historia, lo que modificó el diseño de las ciudades y generó normas estrictas de construcción sismorresistente junto a una sólida cultura preventiva. Sin embargo, el tercer argumento advierte que la prevención no se agota en las condiciones de la infraestructura edilicia, sino que requiere de la preparación de las personas, la organización interna del edificio y la capacidad de coordinar respuestas antes, durante y después del sismo.

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A la par, mencionan que durante 2026 una serie de grandes terremotos captó la atención del público global, ya que el 24 de junio se registraron dos temblores consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela; el 10 de agosto ocurrió un sismo de magnitud 7,4 en Colombia; el 15 de agosto afectó a Indonesia un terremoto de magnitud 7,7; y el 18 de agosto se sumó otro en Granada, España.

Destacan que si bien estos eventos lejanos no tienen un vínculo predictivo directo con San Juan, causan una lógica inquietud en una población que históricamente conoce los efectos devastadores de un terremoto. Y sostienen que esta preocupación debe abordarse de manera seria, evitando tanto la subestimación del riesgo como la generación de alarmas sin base científica. Otro fundamento es la necesidad de diferenciar claramente entre la peligrosidad sísmica de un lugar, que es una variable natural estudiada por técnicos, y la vulnerabilidad de la comunidad frente a ella, que es el único factor sobre el cual es posible intervenir activamente para mitigar daños.

Por otro lado, señalan que si bien las normas edilicias y los controles reducen la vulnerabilidad estructural, es indispensable complementarlos con la preparación de la gente mediante información clara y pautas de conducta asimiladas de antemano. Y destacan que, dado que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica sostiene que no hay herramientas seguras para predecir con anticipación la magnitud, el lugar ni el momento exacto de un terremoto, la regla fundamental de la prevención es que ante la imposibilidad de saber cuándo temblará, la sociedad debe saber de antemano qué hacer cuando ocurra.

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Los legisladores exponen las cifras obtenidas en el relevamiento realizado por el IOPPS sobre 500 sanjuaninos, donde se observa que mientras el temor ante un sismo promedia un alto 8,1 sobre 10, la percepción sobre la preparación individual baja drásticamente a un 4,1 sobre 10. Además, el 75 por ciento de los encuestados considera que la población sabe muy poco o nada de prevención, aunque un 72 por ciento reconoce que realizar simulacros es una herramienta muy útil. Plantean que este desfase entre el miedo y el conocimiento real debe resolverse transformando esa preocupación en organización comunitaria.

En este marco, se presenta el programa PASE como el instrumento diseñado para estructurar este aprendizaje colectivo de forma progresiva y sencilla.  Se aborda la realidad del crecimiento urbano de San Juan, que hoy posee cada vez más edificios de altura y torres residenciales de varias plantas, lo que multiplica los desafíos de evacuación. Y se puntualiza que una construcción puede estar perfectamente construida bajo normas sismorresistentes, pero si sus ocupantes no conocen las salidas, las zonas de resguardo o cómo cortar los servicios básicos, el riesgo humano sigue siendo muy alto.

Así, aunque una escuela, un centro de compras, un hospital o un consorcio tienen funciones distintas, todos comparten la necesidad crítica de que sus ocupantes estén entrenados. Se detalla que los planes no requerirán costos excesivos ya que se elaborarán a partir de plantillas gratuitas suministradas por el Estado. Se introduce la "Ficha PASE" como una herramienta visual que evitará que los planes queden archivados de forma invisible, permitiendo que la información de seguridad sea cotidiana para vecinos y visitantes. El proyecto argumenta que esta ficha solo acreditará la existencia de un plan organizativo de emergencia, por lo que no interfiere ni certifica las condiciones de seguridad estructural del inmueble. Se prevén actualizaciones anuales obligatorias de la información y se insiste en que las capacitaciones y simulacros se realizarán de acuerdo con criterios técnicos para cada tipo de edificio, garantizando la asistencia gratuita del Estado y la articulación con organismos científicos o de rescate sin duplicar regulaciones ni crear nuevos entes de inspección estructural.

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El debate de este proyecto coincide con un período de alta sensibilidad pública debido a la ocurrencia de sismos de gran magnitud detectados en pocas semanas en países de América y Asia. Sin embargo, la comunidad científica descarta de forma categórica que la actividad telúrica global esté aumentando por encima de sus promedios históricos habituales. Los especialistas remarcan la importancia de distinguir tres fenómenos geológicos independientes: la sismicidad de fondo generada por la dinámica interna terrestre, las réplicas que siguen con menor potencia a un terremoto principal, y los enjambres sísmicos, que son secuencias de temblores recurrentes sin un sismo principal dominante, comúnmente asociados al movimiento de fluidos bajo tierra o actividad volcánica. Hablar de un enjambre sísmico a escala global carece de validez científica, y la cercanía temporal de los sismos responde a una coincidencia. La recurrencia de temblores significativos en países como Colombia, Venezuela o Indonesia se explica por su localización geográfica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja tectónica de subducción que concentra el ochenta y uno por ciento de los terremotos más intensos del planeta. La actual impresión pública de que la Tierra tiembla más es consecuencia del sesgo de disponibilidad, un fenómeno de percepción psicológica potenciado por la inmediatez de las redes sociales y la difusión digital de noticias, que multiplica la visibilidad de los eventos geológicos sin que exista una alteración en la sismicidad histórica general.

El articulado de la ley se estructura en torno a varios ejes operativos esenciales que definen el funcionamiento del programa. El primer eje establece la creación del programa PASE con la meta de robustecer la organización edilicia y dispone su obligatoriedad progresiva en edificios públicos y privados de uso colectivo, tales como consorcios de propiedad horizontal, torres de departamentos, escuelas, hospitales, hoteles, comercios y centros recreativos.

El segundo eje se enfoca en el Plan de Actuación y Autoprotección Sísmica propiamente dicho, obligando a los inmuebles a contar con un plan adaptado a sus características particulares basado en plantillas gratuitas provistas por la autoridad pública, requiriendo profesionales especializados solo en casos de extrema complejidad. Este plan debe fijar zonas de resguardo, salidas, manejo de servicios básicos y responsables de emergencias.

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El tercer eje de la norma introduce la Ficha PASE, un cartel informativo visible y claro con pautas esenciales sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo que debe colocarse obligatoriamente en zonas comunes y en cada piso de los edificios con múltiples plantas. La ley aclara rigurosamente que esta identificación no avala la solidez edilicia y exige que la información se actualice de forma anual mediante instancias formativas para los habitantes o trabajadores del inmueble.

El cuarto eje determina la responsabilidad civil de la implementación, que recaerá sobre los administradores de consorcios o las máximas autoridades de cada institución, facultando también al Poder Ejecutivo para compilar datos generales del parque edilicio provincial con fines estadísticos preventivos, pero aclarando expresamente que no se crearán nuevos sistemas de inspección que dupliquen o compitan con las habilitaciones sismorresistentes tradicionales.

Por último, el quinto eje regula la implementación y las sanciones, planteando un cronograma gradual que se difundirá dentro de los ciento ochenta días posteriores a la reglamentación para priorizar inmuebles de alta concurrencia o funciones esenciales. En caso de detectarse incumplimientos organizativos, se intimará a los responsables con un plazo mínimo de sesenta días para regularizar la situación antes de aplicar apercibimientos o derivar las actuaciones a las vías administrativas o contravencionales ordinarias. La norma autoriza además la firma de convenios de asistencia con el INPRES, la Universidad Nacional de San Juan y cuerpos de bomberos, invitando a los municipios de la provincia a adherir al régimen para unificar la política de autoprotección en todo San Juan. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de entre ciento doce y ciento veinte días a partir de su publicación para reglamentar definitivamente la norma.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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