¿Qué más tiene que pasar en la Legislatura de Córdoba?

¿Qué más debe pasar para que haya una reacción? Pero una reacción en serio.

La joven Agostina Vega terminó descuartizada por Claudio Barrelier, un becario municipal. Ahora, un exasesor de la Legislatura de Córdoba está imputado por la violación de una menor en Villa de María del Río Seco. Los detalles del caso, conocidos en los últimos días, son propios de una tesis sobre vulnerabilidad social en el sentido más abarcativo del término. Abuso sexual. Violencia machista. Pobreza. Mala política. Un espanto.

La investigación está en pleno desarrollo. Por ahora, son tres las víctimas. Todas menores. Pero la fiscal del caso, Analía Cepede, podría sumar a otra menor a ese listado. Hay 11 detenidos. Entre ellos, el ahora "descontratado" asesor del legislador peronista Ramón "Cañito" Flores, un dirigente de peso del norte provincial.

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José Villarreal, quien además realizaba trabajos como jornalero en los campos de Flores en Villa de María, cobraba un sueldo en la Unicameral desde finales de 2023. Está detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal.

El caso penal deberá seguir su curso en la Justicia. Allí se determinarán las responsabilidades que correspondan. Pero hay otra pregunta que excede el expediente judicial: ¿cómo funciona el sistema que permite que una persona ingrese a trabajar como asesor de un legislador? ¿Qué controles existen? ¿Quién los hace? ¿Qué se verifica antes de contratar? ¿Y qué controles permanecen activos después?

No se trata de establecer una relación entre el trabajo estatal y la criminalidad. No existe tal vínculo. Tampoco de afirmar que los antecedentes laborales de una persona permiten anticipar una conducta delictiva. Se trata de algo bastante más elemental: saber quiénes forman parte de una estructura financiada con recursos públicos y qué controles existen sobre quienes ingresan a ella.

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La pregunta adquiere todavía más fuerza porque no es la primera vez que la Legislatura queda expuesta por el funcionamiento de su sistema de contrataciones.

Hace menos de dos años, un puntero estrella del PJ capitalino intentó cobrar el sueldo de una contratada que, hasta hoy, nadie sabe quién hizo nombrar. Aquella flagrancia de la que fue protagonista Guillermo Kraisman desató un escándalo político. Sin embargo, nada cambió.

Las autoridades de la Unicameral buscaron eludir el tema, que escaló, en buena medida, sólo porque La Voz insistió hasta la etapa judicial para conocer el listado de los contratos y el número de asesores legislativos.

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No hubo depuración. Todo siguió como si nada. El número de asesores sigue intacto: ronda los 1.050 para 70 legisladores.

Cuando el caso Flores se hizo público, pasó lo de siempre: hubo un intento inicial de eludir responsabilidades. Lavarse las manos podría ser declarado deporte olímpico en la Unicameral. Es más, la sede del Poder Legislativo debería postularse para ser sede del evento. Sería un éxito asegurado.

El problema no es que existan asesores. Nadie duda de que, en ese universo de más de mil contratados, haya especialistas y profesionales valiosos que aportan conocimiento a proyectos e iniciativas. También hay quienes recorren el territorio, relevan problemas y necesidades y cumplen una tarea valiosa al conectar al legislador con los ciudadanos.

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El problema es otro. Es saber cuántos cumplen efectivamente esas funciones, bajo qué criterios son contratados y qué controles existen sobre ellos.

El Estado y quienes lo conforman volvieron a evidenciar incapacidad y/o complicidad frente a un sistema que parece diseñado para no hacerse demasiadas preguntas. El sistema que financian los contribuyentes y del que se sirven los mismos de siempre no acusa recibo de la indignación social.

¿Asesores de qué? ¿Para hacer qué?

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El reinado del conchabo y de la militancia paga sigue gozando de buena salud. Y mientras tanto, cada vez que aparece un caso que obliga a mirar detrás de la maquinaria de contrataciones, la respuesta institucional parece ser la misma: despegarse, mirar para otro lado y esperar que el ruido pase.

Flores comunicó este miércoles por la noche que pidió licencia. El peronismo busca así intentar salir de un nuevo trance. Después del impacto inicial, se convenció de lo obvio: defender a Flores por haber contratado a Villarreal era un caso perdido desde el minuto uno.

Pero el problema no termina con el corrimiento de un legislador ni con la desvinculación de un asesor. Si todo se reduce a eso, la política habrá vuelto a cerrar el episodio sin resolver el problema.

El costo diario podría ser aún peor si en la Unicameral no operara una especie de pacto de silencio. Son muy pocas las voces que plantean la salida del legislador. La radical Brenda Austin marcó esa línea casi en soledad en las últimas horas.

¿Y el resto? ¿Cuántos Villarreal hay en la Legislatura?

La pregunta aborda algo imprescindible: que la Legislatura explique cómo controla a quienes contrata, por qué los contrata y qué hace para evitar que un sistema pensado para asistir a los ciudadanos termine convertido en una estructura opaca, atravesada por el amiguismo, los conchabos y la falta de controles.

Porque después de todo lo ocurrido, la pregunta inicial sigue pendiente: ¿qué más debe pasar para que haya una reacción? Pero una reacción en serio.

Fuente: La Voz

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