Queremos volver a las aulas: la postura de ADICUS ante el reclamo judicial de los padres de preuniversitarios

"Van a tener que innovar porque realmente no entiendo cómo va a ser el mecanismo de reclamo, porque en realidad quien está incumpliendo la ley aquí es el Gobierno nacional". Con esa definición respondió Edith Liquitay, secretaria gremial de ADICUS, al ser consultada sobre la presentación judicial iniciada por un grupo de familias de colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan para intentar frenar los paros docentes. La referente sindical aseguró que ni el gremio ni la universidad han sido notificados formalmente de la causa y remarcó que dirigir la demanda contra los trabajadores o la casa de altos estudios no resolverá el problema, ya que la responsabilidad absoluta recae sobre la administración central que comanda Javier Milei.

En relación con el vínculo con los tutores de los alumnos, Liquitay recordó que la relación no siempre estuvo marcada por la tensión ni por las acciones judiciales. La gremialista, en diálogo con Radio Colón, detalló que "nosotros tuvimos en el primer cuatrimestre principalmente reuniones con padres y con madres que nos expresaban su preocupación por las clases, pero también entendían el contexto". En ese sentido, agregó cómo esa comprensión mutua derivó en medidas de visibilización conjuntas y señaló: "Ahí surgió la carta donde padres, madres y toda la comunidad universitaria juntamos firmas para llevarle una carta a la ministra Pettovello e instarla a cumplir la ley, además de abrazos simbólicos y marchas de antorchas".

Al referirse al amparo promovido por los padres, afirmó que los dos abogados del grupo se desempeñan como funcionarios del gobierno provincial. A la par, Liquitay diferenció la decisión de la representación legal respecto del conjunto de las familias. Manifestó que "dentro del colectivo de madres y padres claramente hay heterogeneidad ideológica, y con todo respeto lo digo, me parece que es errado; por supuesto que tienen toda la libertad de hacer lo que deseen con su dinero, pero la verdad es que no hay antecedentes de resolución y quien tiene que resolver la situación es el Gobierno nacional". Asimismo, expresó su inquietud por el gasto asumido por las familias y sostuvo: "No sé cuál va a ser la respuesta a los padres que ya pusieron todo su dinero en esto, cuando en realidad la única solución es que el Ejecutivo destrabe esta situación".

Para cerrar su postura frente a la demanda de los tutores, la representante de ADICUS insistió en evitar divisiones internas y llamó a canalizar el reclamo hacia el Poder Ejecutivo Nacional. Con un pedido de confluencia, afirmó: "Nosotros queremos volver a las aulas, terminar de poder ejecutar todo lo que hemos planificado y seguir realizando las prácticas, por eso los llamamos a la unidad y a marchar juntos el 15 de octubre en defensa de la universidad pública".

La contestación de la dirigenta sindical se dio tras la presentación judicial realizada por familias autoconvocadas de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario, quienes recurrieron a la Justicia Federal mediante un amparo colectivo. El abogado patrocinante, Mariano Domínguez, fundamentó la medida en la necesidad de proteger el derecho constitucional a la educación ante la acumulación de 38 jornadas sin clases en lo que va del año 2026 debido a los paros y que llegarán a más de 40 esta semana con las nuevas medidas anunciadas. La acción legal solicita una cautelar para suspender las huelgas en los establecimientos preuniversitarios, garantizar el cumplimiento de los pisos legales de entre 180 y 190 días de clases efectivas y aplicar la normativa nacional de servicio esencial que exige fijar un 75% de prestación mínima.

A la par de responder a la presentación de las familias, Liquitay expuso los argumentos presupuestarios, salariales y judiciales que sostienen el plan de lucha docente en la universidad y no descartó que si sigue la tensión el 2027 puede arrancar con paro.

Sobre la existencia de un dictamen judicial favorable a las universidades frente al Ejecutivo Nacional, la gremialista destacó: "Todo esto se enmarca en un último fallo después de todos los fallos que hemos tenido a favor por parte del juez federal Martín Cormick que intima al gobierno nacional en un plazo de 5 días hábiles a comenzar a aplicar la ley de financiamiento universitario".

En cuanto a la ejecución inmediata del nuevo paro convocado en la casa de estudios, confirmó la modalidad de la huelga y declaró: "Se ha convocado un paro de 72 horas para los días miércoles 30 de septiembre, jueves 1 y viernes 2 de octubre".

Respecto de la negociación de haberes con los funcionarios nacionales y la falta de acuerdos, denunció el estancamiento de las conversaciones y remarcó: "No hemos recuperado espacio paritario, simplemente es una información unilateral de porcentajes irrisorios que no resuelven la situación de fondo". A la par, advirtió sobre la reducción de partidas y señaló: "El presupuesto que presentó el Gobierno tiene un tercio menos del presupuesto para las universidades nacionales".

Al anticipar el impacto del conflicto en el mediano plazo si no hay respuestas salariales, alertó sobre un endurecimiento de la protesta y anticipó: "Para el próximo año se van a agudizar aún más las medidas que a los docentes no nos gustan, como no tomar exámenes o el no comienzo de clases en el año 2027".

Finalmente, sobre la estrategia de visibilización a nivel nacional, la dirigente ratificó la organización de una nueva protesta masiva y concluyó: "Seguimos gestando una quinta marcha federal para llamar un fuerte llamado de atención al Gobierno nacional para que responda y destrabe esta situación".

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