Quiebre de Musimundo: 110 trabajadores esperan cobrar en la provincia

El conflicto por el cierre de las sucursales de Musimundo ingresó en una nueva etapa después de que la Justicia avanzara con el proceso de quiebra de Carsa, la empresa vinculada a la cadena de electrodomésticos.

La medida alcanza a 110 trabajadores en Misiones, de los cuales 25 corresponden a Posadas, según informó el secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas (CECP), Agustín Gómez.

La novedad se conoció luego de una semana marcada por el cierre intempestivo de locales, los despidos comunicados inicialmente de manera verbal y la ausencia de respuestas concretas sobre el pago de salarios e indemnizaciones.

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El jueves se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial, aunque la empresa, pese a estar notificada, no se presentó. En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Gómez explicó que la firma pretendía continuar bajo un concurso preventivo y buscar una alternativa para afrontar sus deudas con trabajadores y acreedores.

Sin embargo, de acuerdo con la información recibida por el sindicato, la Justicia chaqueña resolvió avanzar hacia la quiebra.

El dirigente señaló que la repercusión pública de los cierres y despidos registrados en Misiones fue incorporada a un informe elaborado por el síndico que interviene en el concurso.

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"Producto de la información que trascendió en los medios sobre los despidos que se dieron en la provincia y los cierres intempestivos, de la manera en que se llevaron adelante, deciden directamente quebrar la empresa", afirmó Gómez.

Según indicó, a partir de esa decisión comenzó el proceso para identificar y resguardar los activos disponibles. "Se enajenan todos los bienes, se empezaron a secuestrar vehículos y camiones, a embargar cuentas bancarias y también se están llevando adelante embargos en los locales que tenía Carsa a lo largo de todo el NEA", detalló.

El objetivo será determinar con qué fondos, bienes y créditos cuenta la firma para afrontar las obligaciones pendientes. Dentro de ese procedimiento, los reclamos de los trabajadores tendrán prioridad debido al carácter alimentario de los salarios.

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"La idea de la Justicia es embargar todo, ver qué tienen en cuanto a fondos y créditos para, en primer lugar, tratar de pagar a quienes más necesitan ser pagados, que son los trabajadores", explicó el representante sindical.

Gómez precisó que el conflicto alcanza finalmente a 110 empleados en toda la provincia y a 25 en Posadas. La cifra incluye a trabajadores de distintas sucursales que cerraron durante los últimos meses y a los afectados por la última tanda de desvinculaciones. En la capital provincial, el cierre comprendió los locales ubicados sobre la avenida Uruguay y la calle Bolívar. También hubo empleados alcanzados en distintas localidades del interior, dentro de un repliegue empresarial que afectó simultáneamente a sucursales de Chaco, Corrientes y Formosa.

El abogado del CECP se comunicó con el síndico que interviene en Chaco y prepara ahora la presentación de los créditos laborales correspondientes a los trabajadores representados por el gremio. El informe deberá incluir las deudas por el último salario, vacaciones, aguinaldos pendientes y las indemnizaciones, cuyos montos dependerán de la antigüedad y de la situación particular de cada empleado. En algunos casos, los trabajadores llevaban entre 15 y 30 años dentro de la empresa.

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"El monto exacto varía, porque la indemnización depende de la antigüedad de cada uno. Se va a armar toda esa información y se la enviará al síndico", explicó Gómez.

La fecha límite establecida para presentar la documentación es el 6 de noviembre. A partir de esos datos y del relevamiento de los bienes de la empresa, deberá determinarse cuánto podrá abonarse para cancelar o reducir las deudas laborales.

No todos los trabajadores afectados serán representados por el CECP. Algunos decidieron avanzar con abogados particulares, mientras otros pertenecen a diferentes organizaciones sindicales. No obstante, Gómez aseguró que el gremio prepara la presentación correspondiente a la mayoría de los casos bajo su representación.

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Aunque el avance de la quiebra abre una instancia para intentar cobrar las acreencias, no ofrece una solución inmediata. Los extrabajadores permanecen sin empleo, sin haber percibido todo lo adeudado y sujetos ahora a los tiempos del proceso judicial. "Esa es la preocupación. Lamentablemente, ahora entran los plazos judiciales", reconoció Gómez.

El dirigente relató que mantiene un contacto diario con los afectados y describió la situación económica que atraviesan sus familias. Muchos quedaron sin recursos para afrontar servicios, alimentos, tarjetas, créditos y otras obligaciones cotidianas.

"El jueves estuvimos en el Ministerio y algunos me decían: 'Agustín, debo la luz, el agua, la tarjeta, no tengo ningún peso, no tengo para la comida de mis hijos'. Es una preocupación muy compleja la de cada uno de ellos. Están viendo cómo hacer para sobrellevar este momento", expresó.

La incertidumbre se profundiza por los antecedentes de otras sucursales cerradas meses atrás. En Eldorado, por ejemplo, los extrabajadores habían recibido una propuesta para cobrar sus indemnizaciones en 12 cuotas, pero denunciaron que los primeros pagos comprometidos no se concretaron.

Consultado sobre la posibilidad de que se repitan situaciones similares en otras empresas, Gómez evitó identificar establecimientos, pero aseguró que el sindicato recibe consultas frecuentes de empleados preocupados por el futuro de sus fuentes laborales. "La situación está complicada en todo el comercio en general. Seguramente van a ir apareciendo casos de estas características. Día a día nos llega información de compañeros que nos comentan la situación de sus comercios", indicó. El secretario adjunto del CECP afirmó que existen "muchas complicaciones" dentro del sector y advirtió que nuevos conflictos podrían hacerse visibles durante las próximas semanas o meses.

Fuente: Primera Edición

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