Quién es la jueza argentina que ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas

Hizo lugar a una medida cautelar que dispone suspender el inicio o la continuidad de obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas.

Las petroleras Navitas y Rockhopper ratificaron sus planes de explotar Sea Lion en Malvinas. (Foto: Navitas Petroleum).

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La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender el inicio o la continuidad de las obras relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas. La medida alcanza a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.

La decisión fue tomada por la jueza Mariel Borruto, quien hizo lugar a una demanda cautelar y dispuso medidas relacionadas con las perforaciones, las instalaciones submarinas y el eventual inicio de la explotación petrolera.

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"Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras; se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución; se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores; y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento", señaló el fallo.

La magistrada aclaró que la medida tiene carácter cautelar y que no representa una definición sobre el fondo de la causa.

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Según explicó la jueza, la decisión "reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal".

Qué deberán informar las empresas sobre Sea Lion

La resolución establece que las compañías deberán presentar, dentro de los 10 días de ser notificadas, una declaración jurada acompañada por documentación que permita conocer el estado actual del proyecto Sea Lion.

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Entre la información solicitada se encuentra el cronograma de construcción, perforación e instalación, además de la fecha prevista para el comienzo de la explotación. También deberán informar la cantidad, ubicación y situación de los pozos, junto con las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados.

Las empresas tendrán que identificar además a los principales contratistas y subcontratistas que participan del emprendimiento.

La jueza también requirió detalles sobre la estructura societaria utilizada para desarrollar el proyecto, las entidades financieras y fondos que participaron de su financiamiento y los desembolsos realizados, comprometidos o pendientes.

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El pedido incluye información sobre las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas con Sea Lion, además de estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.

La resolución también exige precisar cuáles son las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas para respaldar el emprendimiento, así como cualquier ampliación o incorporación de pozos.

La medida sobre el financiamiento del proyecto

La resolución judicial también contempla medidas relacionadas con las operaciones financieras destinadas a sostener el proyecto petrolero.

"Las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto", agregó la jueza.

El objetivo de esta parte de la resolución es conocer y limitar, en el marco de la medida cautelar, determinadas operaciones vinculadas con el financiamiento del emprendimiento.

El pedido de información a la Cancillería

Borruto también solicitó a la Cancillería que informe, en un plazo de 10 días, si las empresas involucradas en el proyecto "cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera" en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina.

De esta manera, el juzgado busca determinar si existió algún tipo de autorización de autoridades argentinas para desarrollar actividades vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en la zona.

También pidió información sobre el impacto ambiental

La jueza requirió además información a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

El organismo deberá informar si cuenta con registros de algún aviso del proyecto o de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y sus eventuales ampliaciones por parte de las empresas involucradas o firmas vinculadas.

Asimismo, deberá remitir "si se ha dictado a su respecto declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente. Y en caso negativo, que comunique al Juzgado el eventual inicio de tal procedimiento si ello ocurriere con posterioridad".

Quién es Mariel Borruto

Mariel Borruto es jueza federal de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Desde ese tribunal intervino en la causa relacionada con el proyecto petrolero Sea Lion y dispuso la medida cautelar que ordena suspender determinadas actividades vinculadas con su desarrollo.

La propia resolución aclara que se trata de una medida cautelar, por lo que no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre todas las cuestiones que deberán resolverse en el proceso principal.

Fuente: El Liberal

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